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Rueda alega que no hay "impedimentos legales" para que Galicia gestione su litoral, tesis que defendida por experto en Derecho Constitucional

La solicitud de la Xunta para que el Gobierno de España transfiera las competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre auguran un largo tira y afloja entre las dos administraciones.

 


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La solicitud de la Xunta para que el Gobierno de España transfiera las competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre auguran un largo tira y afloja entre las dos administraciones.

 

Por una banda, el delegado del Gobierno de Galicia insiste en que si la Xunta quiere las competencias debe modificar su Estatuto de Autonomía, a lo que el presidente autonómico replica, cuestionado por Galiciapress, que no es así, y que si Moncloa no transfiere las competencias es solo por "falta de voluntad política". 

 

Este medio consultó también la opinión del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela Roberto Luis Blanco, que apoya la tesis de la Xunta: "A la vista de la jurisprudencia constitucional es perfectamente posible".

 

La Xunta reclama al Gobierno la gestión del litoral que "se le está negando"
Foto de alcaldes de Galicia reclamando las competencias sobre el litora, muy criticada por Miñones

 

Apenas ha transcurrido un mes desde el desembarco de Alfonso Rueda en el despacho presidencial de San Caetano. Hubo que cambiarle el nombre a la plaza de parking, que antes ocupaba Alberto Núñez Feijóo y que atesoró durante 13 años. Más de una década al frente de la Xunta y sin que Galicia sumase ni una sola competencia más. Por eso, para marcar distancias con su antecesor, Rueda parece decidido a revertir esa dinámica y ya se ha puesto manos a la obra para lograr que el Gobierno central transfiera a Galicia las competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre.

 

Una medida para la que cuenta con el apoyo unánime de la cámara autonómica y con el respaldo de decenas de concellos y empresas que ya han empezado a moverse en esta línea. "No queremos que desde Madrid se decida sobre nuestro litoral", proclamaron los populares esta semana en el Pazo do Hórreo.

 

MIÑONES ENFRÍA LOS ÁNIMOS

No obstante, parece que las conversaciones con el Gobierno de España no serán sencillas, y más tras las declaraciones del delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, que indicó a Rueda que, para transferir una competencia de la que ya gozan Cataluña o Andalucía, Galicia debe primero modificar su Estatuto de Autonomía. 

 

"Las competencias están ahí y se logran trabajando y legislando, no con fotos partidistas", replicó Miñones a la reclamación de la Xunta, que consideró una maniobra de cara a las próximas municipales, incidiendo una vez más en que deben tomar ejemplo de Canarias y Baleares, comunidades que sí modificaron sus estatutos y que ahora negocian el traspaso.

 

“NO HAY IMPEDIMENTOS LEGALES; FALTA VOLUNTAD POLÍTICA”

Galiciapress preguntó a Rueda por las palabras de Miñones, que no sentaron bien al titular del gobierno autonómico, si bien prefirió no entrar a valorar las palabras del delegado del Gobierno. “Allá él”, se limitó a decir Rueda, que sin embargo lamentó las “expresiones” de Miñones y subrayó que “no se deberían producir”, lo que denota “falta de argumentos”.

 

Con todo, no se calló ante la propuesta de modificar el Estatuto, ya que desde la Xunta no contemplan esa posibilidad y hablan de “excusas” y “falta de voluntad” como los verdaderos motivos para no transferir las competencias en el litoral gallego, algo que, según Rueda, beneficiaría a muchas empresas que aprovechan los recursos que ofrece la costa. 

 

“Los datos objetivos son los que interesan a los gallegos y gallegas, especialmente aquellos con una instalación en el litoral que a día de hoy son una realidad. Que el delegado del Gobierno vaya a hablar con esas personas. Esto no tiene que ver con ideologías, sino con estabilidad económica y con alternativas de negocio que actualmente están paradas o que, directamente, ya no van a ser por esa incertidumbre jurídica que está generando la normativa estatal en materia de ordenación del litoral”, explicó Rueda.

 

Así, reclaman las competencias para “poder aplicarlas dentro de la legalidad” y “seguir dando sostenibilidad al litoral y futuro económico”. La reclamación se sostiene, según el titular de la Xunta, después de realizar un “estudio serio”. “Consultamos, y haremos más consultas y aportaremos las que sean necesarias, pero estoy convencido que esta es una cuestión de voluntad política. No hay impedimentos legales para la transferencia ni necesidad de modificar el Estatuto”, aseveró Rueda, que pidió “sensibilidad” con las “empresas y puestos de trabajo que hoy están en cuestión por una mala gestión de nuestro litoral”. 

 

“ES PERFECTAMENTE POSIBLE”

Por otra banda, la tesis de la Xunta es la que apoya Roberto Luis Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela y autor del capítulo de Galicia en el último Informe de las Comunidades autónomas, que este 2022 encara su XXXII edición. 

 

En opinión de Blanco la transferencia de las competencias sobre el litoral, “a la vista de la jurisprudencia constitucional”, es “perfectamente posible” sin necesidad de modificar el Estatuto de Autonomía de Galicia. “Hay otras comunidades con la competencia transferida sin que se retoque el Estatuto. Desde el punto de vista jurídico creo que no hay problema y creo que es una mera disculpa por parte del Gobierno”, asevera Blanco.

 

LA POLÍTICA “RESTRICTIVA” DEL MITECO

No obstante, Blanco puntualiza que el verdadero debate es si la competencia debe ser o no compartida. “El problema deriva en el hecho de que el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) está dirigido por una persona que hace una interpretación absolutamente restrictiva de la ley, sin ser consciente de que la costa no es igual en todos los sitios, lo que no es coherente con el uso que se hace en Galicia”, defiende el catedrático, que incide en la importancia de diferenciar entre los usos que hace Galicia de la costa y el aprovechamiento de la riqueza de sus rías de los usos que pueden hacerse en otros territorios, más enfocados al turismo y con un mayor impacto sobre el medioambiente y el paisaje. 

 

De esta manera, los usos industriales y comerciales marcan la diferencia al entender de Blanco, que pide “buscar un equilibrio”, ya que tampoco considera beneficioso que la competencia del litoral pueda recaer sobre los concellos, que disponen de “menos resistencia” ante las presiones locales, lo que puede derivar en conflictos. 

 

“Si queremos conservar la costa debemos buscar un equilibrio entre la política restrictiva que se aplique en todo el territorio costero español, de manera que se diferencien los distintos usos de la costa. El objetivo es un equilibrio entre su utilización comercial y la conservación del litoral”, argumenta Blanco, que teme que sin ese equilibrio pueda darse una tendencia contraria, con la destrucción “brutal” de la costa como “se dio en otras zonas como Ribeira o Cangas”. 

 

Por otro lado, sobre el impacto que algunas infraestructuras como las depuradoras pueden tener sobre el territorio, Blanco recuerda que todo debe someterse a un exhaustivo análisis y proceso, de manera que aquellas instalaciones que puedan provocar un desorden paisajístico puedan adaptarse al entorno con un impacto menos lesivo. “Eso depende de cómo se haga el proyecto y se admita. Conozco países con construcciones preciosas en su litoral, sin caer en la locura de aquí”, sentencia.

 

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