Concurso de acreedores de El Correo Gallego (Editorial Compostela) y el juez abre su liquidación


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El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha declarado en concurso voluntario de acreedores a la entidad Editorial Compostela S.A., pues considera que ha acreditado su estado actual de insolvencia. 

 

La empresa, que arrastra problemas económicos hace años, edita el periódico El Correo Gallego, la emisora Radio Obradoiro y en su día el periódico en gallego Galicia Hoxe.

 

La magistrada ha designado administración concursal, la cual deberá manifestar su aceptación o no del cargo. Además, en el auto, contra el que cabe presentar recurso, insta a todos los acreedores a comunicar la existencia de sus créditos a la administración concursal en el plazo de un mes (a contar desde el día siguiente a la publicación del edicto en el Boletín Oficial del Estado).

 

Feijoo el correo gallego
Una de las entregas de premios gallegos del año que organiza Editorial Compostela en uan foto de archivo

 La magistrada ha designado administración concursal, la cual deberá manifestar su aceptación o no del cargo. Además, en el auto, contra el que cabe presentar recurso, insta a todos los acreedores a comunicar la existencia de sus créditos a la administración concursal en el plazo de un mes (a contar desde el día siguiente a la publicación del edicto en el Boletín Oficial del Estado).

 

El Juzgado, además, ha acordado abrir la fase de liquidación del concurso por petición de la empresa y ha suspendido, durante la fase de liquidación, “las facultades de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio”. La jueza también ha decretado la disolución de la entidad y el cese de los administradores sociales, quienes han sido sustituidos por la administración concursal, y ha declarado vencidos los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de los que consistan en otras prestaciones.
 

Una vez abierta la fase de liquidación, la letrada de la Administración de Justicia dará traslado del plan de liquidación presentado por el deudor para que sea informado, en el plazo de diez días, por la administración concursal y para que los acreedores puedan realizar alegaciones. La magistrada indica en el auto que el informe de la administración concursal deberá “incluir necesariamente el inventario de la masa activa del concurso y evaluar el efecto sobre las masas activa y pasiva del concurso de la resolución de los contratos que estuviera prevista en el plan de liquidación”.

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