​Recogen firmas para que la Justicia permita a Otegi concurrir el 25S

Una iniciativa ciudadana ha iniciado en Euskadi una recogida de firmas para defender el derecho de Arnaldo Otegi de concurrir a las elecciones del 25 de septiembre como candidato de EH Bildu. Está impulsada, entre otros, por el ex coordinador de Lokarri, Paul Ríos, la exconsejera socialista del Gobierno vasco Gemma Zabaleta y el catedrático de la UPV/EHU Pedro Ibarra,

En una rueda de prensa en San Sebastián, han presentado un manifiesto, escrito por el dramaturgo Alfonso Sastre, en el que se llama la atención sobre un "grave problema que afecta a la calidad de la democracia en este lugar y este momento", y denuncia que se está procediendo a un "serio atentado, otra vez más, a los principios mismos de la democracia, al intentarse impedir que Arnaldo Otegi, a quien entre otros muchos, la apertura de nuevo tiempo en este país tanto debe, ocupe por medio de las urnas un puesto de alta responsabilidad en el futuro".

El manifiesto ha sido firmado hasta la fecha por 126 personalidades de la política, la sociedad y la cultura, tanto de Euskadi como del resto del Estado, además de personalidades del resto del mundo. Entre ellos, los exlehendakaris Juan José Ibarretxe y Carlos Garaikoetxea, el exconsejero vasco de Justicia Joseba Azkarraga, el presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, y la presidenta en funciones de Uruguay, Lucía Topolasky.

LA INHABILITACIÓN Y LA PRISIÓN "DURAN IGUAL"

El abogado de la defensa de Arnaldo Otegi, Iñigo Iruin, mantiene que la inhabilitación de Arnaldo Otegi "se extinguió en el momento en el que salió de la cárcel" y defiende que tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo "han dicho reiteradamente" que la inhabilitación y la prisión "duran igual".

En una entrevista publicada en el diario Gara, Iruin se ha referido a la decisión de la Junta Electoral de Gipuzkoa de declarar "inelegible" a Otegi. Según explica, "siempre hemos defendido que no era posible la inhabilitación especial para empleo o cargo público porque la condena no especificaba los cargos", y que ésta "no era una cuestión jurídicamente discutible porque el Código Penal (artículo 42) lo exige inequívocamente".

"El acuerdo de la Junta nos da la razón, pues ni siquiera menciona esa inhabilitación como posible causa de inelegibilidad. Ahora el debate se limita a si Arnaldo tiene en vigor su derecho de sufragio pasivo, esto es, a ser votado y elegido", afirma.

Iruin ha insistido en que la pena de inhabilitación para derecho de sufragio pasivo "se impuso en la sentencia como pena accesoria de la pena de prisión", lo que implica "que ambas duran lo mismo y que, además, se cumplen y extinguen simultáneamente". "Que esta pena accesoria ha de seguir la misma suerte que la pena principal lo han dicho reiteradas veces el Supremo y el Constitucional", ha afirmado.

Por ello, considera que la inhabilitación de Arnaldo Otegi "se extinguió en el momento en el que salió de la cárcel de Logroño el 1 de marzo de 2016" y "sostener lo contrario es cambiar la naturaleza y efectos de la pena y vulnera el principio de legalidad".