​Crespo niega "irregularidades" y dice que era "imposible falsificar" cursos

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El empresario coruñés Gerardo Crespo --considerado por los investigadores de la 'Operación Zeta' el presunto cabecilla de una trama de fraude en subvenciones públicas destinadas a cursos de formación-- ha negado ante la titular del juzgado de instrucción número seis de A Coruña "irregularidades" en su gestión y ha defendido que era "imposible falsificar" los cursos que ofertaba.

"No hicimos ninguna ilegalidad, se han hecho todos los cursos", ha insistido a su salida de los juzgados en compañía de su abogado, José Ramón Sierra, tras prestar declaración durante casi tres horas. Allí sólo respondió a las preguntas de su abogado, a algunas de Fiscalía y a las que le hizo la jueza, según ha explicado él mismo.

Si antes de entrar a declarar Crespo se declaró "totalmente inocente", a su salida mantuvo que su testimonio se basó en sostener que toda la actividad de sus empresas, desde 1987 hasta 2014, "tiene una explicación legal". "Todo es legal y está auditado", ha enfatizado. Para refrendar sus palabras, ha dicho que estas auditorías las hicieron, entre otros, el Tribunal de Cuentas.

Mientras, se ha remitido a la documentación existente para defender que hubo "actas de inspección" de los cursos "al inicio, al medio y al final" de cada uno de ellos y que los alumnos recibían el diploma acreditativo "expedido por la propia administración". "Que no lo hubiese hecho si los cursos no se hacían, y con los requisitos que requería en cada caso", ha añadido.

NIEGA FUNDACIONES "FANTASMA"

Adicionalmente, ha defendido la actividad de Fundefo, fundación destinataria de subvenciones. Ha afirmado que fue "socia del gobierno portugués, del gobierno gallego y de la comunidad de Castilla y León", en alusión a proyectos europeos e iberoamericanos en los que, ha explicado, participó esta entidad con otras administraciones.

"Una fundación que ellos --en alusión a los investigadores-- llaman inventada y fantasma", ha criticado. Por otra parte, ha reiterado que los cursos no se podían "falsificar" porque "primero hay que homologar el curso y vienen los técnicos de homologación; luego hay técnicos de seguimiento y luego son otros distintos los que analizan la justificación económica de los cursos".

"¿Qué daño patrimonial tiene la administración?", se ha preguntado también al defender que fue lo contrario: "¡Tuvo enriquecimiento!", ha recalcado, asegurando que sus empresas financiaron con fondos propios determinados programas.

En particular, ha señalado que Fundefo aportaba "un 25 por ciento de financiación privada" y ha lamentado que esto no se recoja en el informe de la Agencia Tributaria sobre esta fundación. "No lo cuenta porque no le interesa", ha apostillado.

FALTAN INFORMES

Por otra parte, ha explicado que ha trasladado a la jueza su voluntad de volver a prestar declaración, dado que falta casi la totalidad de sus informes periciales, además de otros de Hacienda. "Sólo hay un informe de Fundefo, y faltan 12", ha añadido.

Además, como adelantó su letrado antes de que prestase declaración su cliente, Crespo ha ratificado que aportará "en breve" otro informe pericial.

En concreto, ha avanzado que es de la Confederación de Empresarios de Centros de Formación de España y "que explica toda la operativa de la formación y como funcionábamos estas empresas". "Para que quede claro lo que a ellos --a los investigadores-- les parece raro", ha zanjado.

"INJUSTICIA" CON SU PERSONAL

Además, Gerardo Crespo, quien ha rechazado también "irregularidades contables", ha culpado a esta investigación --iniciada a finales de 2011 después de que dos exempleadas de la Confederación Española de Autónomos y Profesionales de España (Caype) denunciasen supuestas irregularidades-- del cierre de sus empresas.

Así, ha incidido en que su patrimonio es "negativo", con "deudas", mientras que ha asegurado que le van a "desahuciar" de su vivienda. En particular, ha lamentado la situación de los que fueran sus trabajadores, algunos también en condición de investigados, de quienes ha dicho que han sido víctimas de "una injusticia".

Tras Crespo, para este jueves está fijada la declaración del presidente de la Confederación Española de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliso Calviño, quien, como el empresario coruñés, no ha prestado declaración hasta ahora en el marco de esta investigación.

Inicialmente, en esta causa fueron citados en condición de investigados un total de 30 personas. En un auto posterior de la jueza, figuraron 25 nuevos investigados y otros 23 testigos.