Un investigado en el 'caso Pasteleo', propuesto para la gestión del agua de Barcelona

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La presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Ada Colau -también alcaldesa de Barcelona-, propondrá este martes que Joaquim Oliveras asuma la dirección de Servicios del Ciclo del Agua a partir del próximo 13 de marzo. El actual director, Llorenç Alerm, renunció por su estado de salud. 


Pero no es el relevo en sí lo que llama la atención de este nombramiento sino que la persona propuesta por Ada Colau está siendo investigado (antes imputado) en un caso de corrupción. El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo le propuso en condición de investigado el pasado 20 de febrero en el conocido como 'Caso Pasteleo', un pieza separada del macrocaso Pokémon. Dicha pieza gira sobre la presunta corrupción alrededor del Consejo Comarcal de La Selva durante el mandato de Ramon Fauria (CiU) y que se extiende hasta el Ayuntamiento de Sabadell. 


Según las pesquisas iniciadas por Lugo, la empresa GRS Arc Local obtuvo de forma continuada contratos irregulares con la administración de la comarca La Selva estableciendo una trama presuntamente corrupta con varios funcionarios del consejo comarcal implicados. 


En el caso concreto de Oliveras, la investigación nace del concurso abierto para buscar un técnico para el servicio de Gestión Tributaria, Inspección Tributaria y Catastral del Consejo Comarcal de La Selva, que se convocó en febrero de 2011. 


Ya en el 2010, un tribunal contencioso-administrativo de Girona anuló el contrato, que llevaba vigente desde 2006 al quedar probado que la empresa GRS tuvo acceso al pliegue de condiciones antes de que se convocara oficialmente el concurso. 


Según indica el auto, la "dirección de la empresa GRS Arc Local tuvo en todo momento información privilegiada sobre los hechos, los condicionantes y requerimientos que determinarían las bases del concurso". 



OLIVERAS, CÓMPLICE


Uno de los socios de la empresa, Josep Maria Franch, señaló que Oliveras había estado con él en "alguna reunión del Consejo Comarcal de La Selva" y que conocía los pliegos del concurso antes de su aprobación oficial. 


Por tanto, según concluye el tribunal, se entiende que presuntamente habría participado en calidad de cómplice en los delitos contra la Administración pública producidos en la contratación del servicio por parte de la empresa GRS.


Por último, cabe destacar que los presuntos contratos 'amañados' no se han quedado únicamente en la comarca de La Selva y también los consiguió en el Ayuntamiento de Sabadell. 

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