#Claves de la semana

El alcalde investigado por explotación de inmigrantes acaba de conseguir una concesión de bus

La CIG pide a la Xunta retirar el contrato que asignó a la empresa de transporte del regidor del PP en Xunqueira de Ambía.


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Xunqueiraambiaalcalde

La empresa de transporte de Gavilanes se hizo con un contrato de la Xunta.


La CIG solicita a la Consellería de Infraestruturas que retire el contrato que acaba de asignarle a la empresa de transporte del alcalde de Xunqueira de Ambía, José Luis Gavilanes, toda vez que le investigan por explotación de inmigrantes.


El sector de transportes de la central nacionalista entiende que la Xunta "no puede mantener una concesión administrativa con Gavilanes, desde el momento en el que hay indicios de que el propietario de la empresa podría estar explotando a trabajadores migrantes".


Indica que, según la información que ha trascendido, la Policía cree que "podría" estar explotándolos "para realizar las tareas de limpieza de los autobuses" y añade que, así, estaría "defraudando a la Seguridad Social".


Por ello, exige la rescisión "inmediata" del contrato de transporte de viajeros que acaba de ser adjudicado, dentro de la primera fase de la reordenación de mapa de buses que impulsa el departamento de Ethel Vázquez.


FEIJÓO RESPALDA DE MOMENTO AL ALCALDE


El presidente de la Xunta y del PPdeG ha reaccionado con prudencia este viernes a la investigación abierta al alcalde de Xunqueira de Ambía, tras lo que ha apostado por "saber qué hay detrás" de esta decisión.


En respuesta a preguntas de los medios tras la rueda de prensa del Consello de la Xunta, Núñez Feijóo ha pedido prudencia para analizar esa "presunta o supuesta conducta". "Tenemos que saber que es lo que pasa. Entender y enterarnos qué hay detrás y qué hay de verosímil", ha dicho Núñez Feijóo.


El alcalde de la localidad ourensana de Xunqueira de Ambía, José Luis Gavilanes; su ex mujer, Carmen Limia, y su hijo, Antonio Gavilanes (ex presidente del Club Ourense Baloncesto) están siendo investigados por la Policía como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por haber ofrecido, supuestamente, trabajo a tres inmigrantes irregulares, sin un contrato y sin regularizar su situación.

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