Neofranquismo y democracia

Manoel Barbeitos
Economista

Cartelesreferendum

On vas amb les banderes i avions

i tot el cercle de canons

que apuntes al meu poble?


On vas amb la vergonya per galó,

i en el fusell, hi duus la por,

que apuntes al meu poble?


Finalicé el artículo anterior señalando que Partido Popular (PP) y Convergència Democràtica de Catalunya (ahora PDC) eran, como partidos neoliberales y líderes en corrupción, prácticamente "los mismos perros con distintos collares". Debo rectificar parcialmente.


Los acontecimientos políticos que están teniendo lugar en las últimas semanas con motivo del procés puesto en marcha por la Generalitat de Catalunya son de tal gravedad, desde el punto de vista democrático, que hay que marcar las diferencias. Diferencias entre demócratas y neofranquistas. De un lado -neofranquistas- el Partido Popular (PP), de otro -demócratas- partidos políticos y organizaciones sociales que defienden los derechos y las libertades democráticas sin falsas equidistancias. De un lado los que quieren impedir el ejercicio de la democracia (PP) -el derecho a decidir es un derecho democrático-, de otro los que, con distintos matices e importantes diferencias, se reclaman de la democracia con mayúsculas y sin apellidos. 


Desgraciadamente, junto al primero encontramos hoy a un partido histórico (PSOE) cuyos dirigentes no parecen ser quien de estar la altura que cabría exigir a un partido con tal bagaje progresista y democrático. Porque en la actual coyuntura política cabía esperar que el PSOE hubiese utilizado su potencial político a nivel español para actuar de mediador entre las fuerzas centrífugas y centrípetas del estado dentro de una perspectiva federalista -como así está en su programa-.


Si en la coyuntura actual a postura de JxSI (Generalitat de Catalunya) en relación al referéndum no es asumible por razones que a continuación señalaré, la brutal respuesta política del PP (Gobierno español), inaceptable desde cualquier perspectiva democrática, desplaza el batalla política al terreno de los derechos y las libertades fundamentales poniéndolas en peligro.


La postura del JxSI con el referéndum no es asumible por razones evidentes: en las actuales condiciones y en el camino por el que transcurre el procés no es posible a celebración de un referéndum sobre el derecho a decidir en unas condiciones democráticas mínimas. Tampoco es asumible el procedimiento por el cual se aprobó en el Parlamento catalán el proceso soberanista: los partidos de JxSI con el apoyo de la CUP modificaron el reglamento del Parlamento catalán de tal manera que se impidió tanto el debate en comisión de la "ley de referéndum y desconexión" como la presentación de enmiendas, al tiempo que no quedan claros muchos detalles relevantes sobre la celebración del propio referéndum. Proceder que siembra serias dudas sobre la concepción de la democracia por parte de algunos partidos independentistas, como por caso la CUP.


La respuesta del gobierno español (PP) a este acto que el Tribunal Constitucional había decidido suspender -algo muy a tener en cuenta, pues significa que de celebrarse será un acto sin validez ni política ni jurídica sea cual sea el resultado- no puede por más que calificarse de autoritaria y antidemocrática. Mucho más si se tiene en cuenta que este gobierno -que preside el incompetente M. Rajoy- no fue quien, en ningún momento, de hacer una sola propuesta política al llamado "problema catalán" ni, por tanto, de poner en marcha un diálogo tanto entre el gobierno español y el gobierno catalán, como con las distintas fuerzas políticas presentes en Catalunya y en España. Había parecido que para M. Rajoy y su partido -PP- la solución, como él mismo señaló alguna vez, pasa por "cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor para mí el suyo beneficio político".


Un comportamiento que, por caso, contrasta con el mantenido por otras autoridades políticas relevantes -ayuntamientos de Barcelona y Madrid, Gobierno Vasco- y también entidades sociales de peso -movimiento sindical, CEOE- que hacen repetidas llamadas a un diálogo entre las partes que procure soluciones políticas. Un diálogo imprescindible si se quiere evitar el choque de trenes hacia el que camina, hoy por hoy, el procés. Un diálogo que, gracias a intermediación del ayuntamiento de Barcelona y muy especialmente de su admirable alcaldesa Ada Colau, incluso ya aceptan alguna de las partes más beligerantes como por caso la señora Forcadell, presidenta del Parlamento catalán.


Una demanda de diálogo ante la que, desgraciadamente, el gobierno español (PP) solo parece capaz de ofrecer represión y ataque a los derechos y las libertades democráticas, convirtiendo lo que era una lucha política en torno a un referéndum en una defensa/ataque a los derechos y libertades democráticas en Catalunya. Por que en eso se convirtió el procés: como muy bien señala la anteriormente citada alcaldesa de Barcelona Ada Colau el asunto ya no va de referéndum e independencia, sino de derechos y libertades democráticas.


Ahí, en ese terreno y muy seguro que el gobierno español (PP) se va a encontrar enfrente no solo con la Generalitat, sino con todo el pueblo catalán quien, también con toda seguridad, no va a estar solo, pues ya empiezan a oírse en cada vez más pueblos del Estado español crecientes voces en contra de la desmesura del gobierno que preside Mariano Rajoy (PP).


Porque viendo la gravedad de las actuaciones que aquel está llevando a cabo, y como muy bien señala el Síndic de Greuges (Rafael Ribó), lo que sucede realmente es que se están vulnerando los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos, de todo el pueblo de Catalunya y del conjunto de pueblos del estado español.


Hagamos, por caso un repaso a algunas de las medidas más relevantes adoptadas, hasta ahora, por el gobierno español (PP), con motivo de impedir el referéndum. Medidas que abarcan varios frentes. En el frente judicial, además de la resolución ya citada del Tribunal Constitucional, el Fiscal general del Estado (J.M. Maza), que tiene bastante demostrado su escaso pedigree democrático, lanzó una brutal ofensiva judicial contra los alcaldes catalanes que apoyan el referéndum llegando en su delirio a pedir su detención, cosa imposible a causa de que estos regidores están, en su mayoría, aforados al ser parlamentarios. 


Ofensiva que se extiende a los Mossos d'Esquadra, la Guardia civil y la Policía nacional, a quien la citada Fiscalía, por medio de la Fiscalía Superior de Catalunya, ordena intervenir urnas y material electoral pro-referéndum. Al tiempo, amenazara con la Ley de Enjuiciamiento Criminal a todos los ciudadanos de Catalunya que promuevan el referéndum considerando que quedan fuera de la ley y que pueden incurrir en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Delitos que pueden estar penados con hasta ocho años de cárcel. Una amenaza que, como se puede ver, se está extendiendo por toda España.


Creo no exagerar al afirmar que esta desmesura de la Fiscalía del Estado, cuyo titular nombra el gobierno, nos trae por momentos a la memoria al TOP de la siniestra dictadura franquista y a cuyo régimen, no por casualidad, perteneció por caso el fundador del partido (PP) que al frente del gobierno español está aplicando tales medidas.


Ofensiva político-judicial que también se extiende al campo financiero y fiscal. Se trata por parte del gobierno español (PP) de ahogar financieramente a la Generalitat de Catalunya, buscando así obligarle a doblar las rodillas. Con este objetivo el gobierno español viene de aprobar la intervención directa de las cuentas de la Generalitat, que en la realidad supone un control de los pagos, de las operaciones financieras y de las contrataciones al tiempo que una congelación de aquellos gastos que no sean destinados a servicios básicos. Una medida que supone, de hecho, segar la ya limitada soberanía financiera de la Generalitat y, por tanto, su autonomía política derivada del Estado de las autonomías que es España.


Creo no equivocarme señalando que es la primera vez en la actual democracia española que se toman medidas de tal calibre. Medidas cuya desmesura solo puede calificarse como un delirio totalitario por parte de un gobierno y un partido (PP) que, mostrando su auténtica cara neofranquista, están poniendo en grave riesgo los derechos y las libertades democráticas tanto en Catalunya como en toda España.


En este contexto cabe lamentar el tibio comportamiento de un partido (PSOE) cuya dirección actual no parece estar la altura ni de las circunstancias ni de su magnífica historia en defensa de los derechos y de las libertades democráticas. Su apoyo al gobierno español (PP), con el argumento de que "hay que cumplir la ley", no tiene justificación posible, ya que ahora son los derechos y libertades democráticas los que están realmente en peligro y por culpa del comportamiento del gobierno español (PP) que está sometiendo a Catalunya a un auténtico "estado de sitio", algo inaceptable para cualquiera demócrata. 


En relación a C's solo cabe subrayar que no cabía esperar del mismo otra actitud visto su comportamiento en Catalunya. Crítica que hay que extender a muchos medios de comunicación gallegos y españoles que, en esta coyuntura, vuelven la alindarse con el más rancio conservadurismo español -neofranquismo- olvidando el papel que les debería corresponder cómo defensores de las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos gallegos y españoles.


En sentido contrario, exaltar la postura y el comportamiento de partidos de izquierdas gallegos (En Marea y BNG) y españoles (Unidos Podemos) que sí son quien de alinearse con los demócratas catalanes, lo que, en este instante, es alinearse a favor de la democracia y las libertades no solo en Catalunya, sino en toda España. 


Sobre el comportamiento del presidente de la Xunta de Galicia (A. Núñez Feijoo) y su gobierno (PP), ¿qué se puede decir además de que vuelven, una vez más, a poner en evidencia que su concepto de las libertades y la democracia es, siendo suaves, muy limitado? Galicia no se merece este gobierno, que llegado el caso sería quien de vender la autonomía gallega y la libertad de los gallegos por sus exclusivos intereses partidarios. ¡Qué diferente está siendo, por caso, el comportamiento del gobierno vasco (PNV)!


Hoy es Catalunya y, de no cambiar las cosas, ¿mañana quién será...?


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