La filial de Urbaser solicita disolver la empresa mixta de aguas de Ferrol

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ConselloadministracionemafesaConsejo de Administración de Emafesa, en abril.


La parte privada de la Empresa Mixta de Aguas de Ferrol (Emafesa), Socamex, filial del grupo Urbaser, ha solicitado al socio público, y mayoritario, al Ayuntamiento de Ferrol, "la disolución" de la sociedad, tal y como ha ratificado el alcalde de este municipio, Jorge Suárez (FeC).


Lo ha manifestado al término de una junta de accionistas y consejo de administración, que se ha desarrollado este jueves, durante una hora, en la sede social de la compañía, en la Plaza de la Ilustración.


El regidor se ha posicionado en contra de esta medida, argumentado para ello desde la parte mayoritaria, con el 51% (frente al el 49% de Socamex), que se entiende que "no hay una causa para tal disolución", en alusión a los motivos de pérdidas económicas esgrimidas desde la filial de Urbaser.


"El balance no está auditado de manera oficial. Además, tenemos una auditoría propia que pone en duda los gastos realizados por la empresa y en una junta de gobierno se aprobó un grupo de trabajo que avalaría las cuentas justificativas, realizándolo solo hasta el momento del mes de abril y siendo devueltas en su integridad por defectos tanto de tipo formal como de fondo. Hemos votado en contra de esta petición al entender que no existe esta causa de disolución", ha esgrimido.


NUEVO ESCENARIO


Ante esta situación, Suárez ha trasladado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "la parte privada iniciará ahora las vías que considere oportunas, mientras que el Ayuntamiento se opone "con toda firmeza. "Estamos dispuestos a llegar hasta la última instancia para demostrar que nosotros actuamos de buena fe y en defensa del Ayuntamiento de Ferrol", ha manifestado.


Ha añadido que "la posibilidad de un concurso de acreedores", tal y como llegó a plantear la parte privada ya hace meses, "ha quedado completamente desechado". El alcalde de Ferrol ha asegurado que este distanciamiento entre ambas partes ha llegado como consecuencia de los diferentes criterios que mantienen sobre quien se tiene que hacer cargo de los gastos de depuración desde el año 2014 hasta abril de 2017.


"Es necesario dilucidar lo que pasó y desde el gobierno no renunciamos a ninguna acción administrativa, incluso judicial, para tratar de salvar lo que consideramos que es de interés público y continuar defendiendo estos intereses como siempre hemos hecho", ha asegurado.


Por último, Jorge Suárez también se ha mostrado a favor de aplicar una nueva tasa por el servicio de saneamiento que "está funcionando desde de abril de este año. "Parte pública y privada estamos de acuerdo y, además se puede hacer cuanto antes", ha incidido, para añadir que actualmente está previsto que se pague con fondos propios municipales.


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