Los socialistas reclaman una auditoría externa de los helicópteros contra incendios

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Helicopterosincendios


La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha insistido en que la Xunta actuó de forma "legal" en la adjudicación de helicópteros de las campañas contra el fuego de los años 2011, 2012 y 2013, que provocó la apertura de una causa en un juzgado en Santiago en la que está investigado el responsable de política forestal, Tomás Fernández-Couto.


"No hay el mismo número de empresas para alquilar coches que para alquilar aviones y helicópteros", ha justificado la conselleira en respuesta una pregunta del Grupo socialista en el pleno del Parlamento gallego.


Al respecto, Ángeles Vázquez ha dicho no comprender la urgencia del PSdeG para presentar esta pregunta, "ni todo lo que se quiso montar alrededor de todo esto".


"SIN OCULTAR NADA"


Asimismo, la conselleira ha remarcado que desde 2013 la Xunta ha ofrecido "facilidades" al juzgado número 3 de Santiago que lleva la causa, "sin ocultar absolutamente nada".


En este sentido, remarca que el juzgado analiza si fue "correcto" el "mecanismo extraordinario" empleado por la Xunta, por lo cual dice que corresponde a los jueces decidirlo y "no es el Parlamento" el encargado.


Asimismo, explica que las "sucesivas contrataciones" en las que no se vivieron esas circunstancias "siguieron y seguirán" los "trámites correspondientes", mientras se opta por los medios aéreos "más adecuados técnicamente".


Finalmente, ha destacado que este año un lote de medios aéreos quedó desierto y se hizo un "sondeo" en el mercado para pedir "sugerencias" con el fin de "mejorar en el futuro las condiciones técnicas en la contratación", por lo que además "respetar" la normativa contractual, "se ofrecieron pluses de transparencia".


UNA "AUDITORÍA EXTERNA"


Por su parte, el diputado socialista José Quiroga ha denunciado que el "modus operandi" de la contratación de esos helicópteros "confirma una dinámica de mala gestión", con "improvisación" y "consecuencias nefastas para las arcas públicas".


A renglón seguido, se ha referido al informe de Contas que señala que esas adjudicaciones fueron "cuando menos irregulares", aunque "no se habla de ilegalidad".


De tal modo, exige una "revisión profunda en este tipo de contrataciones", así como "proceder a una auditoría externa" para que se evalúen esas adjudicaciones, que tacha de "claramente chapuceras".


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