La Xunta aprobó Altri reconociendo que falta documentación sobre su impacto en la salud pública

Galiciapress ha accedido al expediente completo por el cual la Xunta de Galicia concedió la Declaración de Impacto Ambiental a la celulosa. En él figura un documento en el que la Dirección Xeral de Saúde Pública advierte que falta documentación necesaria para evaluar el impacto en la salud y, sin embargo, emite un informe “favorable condicionado”. La Xunta indica que es "algo habitual en estos casos".


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Captura del informe de Sau00fade Pu00fablica obtenida por Galiciapress
Captura del informe de Saúde Publica obtenida por Galiciapress


 

La Consellería de Medio Ambiente publicó la Declaración de Impacto Ambiental de Altri el día 14 de marzo. Nueve días antes la subdirección xeral de Saúde Ambiental e Seguridade Alimentaria emitió un informe en el que advertía que falta documentación imprescindible para poder evaluar parte del impacto del proyecto en la salud pública.

 

Así figura en el expediente de la DIA del proyecto Gama de Greenfiber (filial de Altri y Greenalia), al que ha accedido Galiciapress.

 

En concreto, el departamento de la Consellería de Sanidade advierte que “"emítese informe favorable condicionado á presentación, con carácter previo ao inicio das obras, da documentación necesaria para a avaliación do impacto sobre a saúde indicada neste informe, momento no que se volverá a emitir un novo informe”.
 

 

La subdirectora de Saúde Pública advierte que faltan datos sobre el impacto de la línea de energía de la fábrica. Así, ordena que Greenfiber “deberá analizar as poboacións dentro dos 200 metros do ámbito de afección da liña aérea así como realizar unha descrición e análise sobre aspectos necesarios para a caracterización da poboación usuaria ou residente en establecementos máis vulnerables ou de ocio".


Galiciapress ha preguntado esta mañana tanto a Greenfiber como a la Xunta si posteriormente a esta advertencia la empresa presentó más documentación. Por ahora, no se ha recibido respuesta por parte de la empresa. Esta es la contestación remitida desde la Consellería de Medio Ambiente:

 

 

O informe da Dirección Xeral de Saúde Pública circunscríbese ao trazado dunha liña eléctrica, non ao proxecto completo, e nel resólvese que se emite informe favorable condicionado, algo que é habitual nestes casos.

 

É dicir, condiciónase a que posteriormente se garanta que o proxecto non ten impacto na saúde pública, algo que tamén se fai noutros casos para a protección da flora, da fauna ou de espazos sensibles. É dicir, fíxanse condicionantes que o promotor terá que cumprir e o seu incumprimento suporía a inviabilidade do proxecto.

Non obstante -e malia a exixencia da documentación que analice as poboacións dentro dos 200 metros do ámbito de afección da liña aérea e realice unha descrición e análise sobre aspectos necesarios para a caracterización da poboación usuaria ou residente en establecementos máis vulnerables ou de ocio- o informe tamén sinala, en relación cos campos magnéticos, que os cálculos e a simulación efectuada revelan uns niveis moi por debaixo dos límites técnicos analizados nas condicións máis desfavorables, polo que non resulta necesario efectuar ningún seguimento deste aspecto.

 

A maiores, tamén recomenda calcular e avaliar o posible efecto coroa da parte aérea da liña eléctrica, malia que a avaliación deste efecto non é preceptiva en liñas de 15 kV coma esta.

 


 

¿Qué es la figura de informe “favorable condicionado” que emite Saúde Pública? En derecho administrativo significa que el órgano administrativo considera que, en principio, la solicitud cumple con los requisitos legales, técnicos o formales para ser aprobada. Es decir, no hay impedimentos sustantivos para conceder lo solicitado. Ahora bien, la aprobación no es definitiva, ya que depende de que el interesado cumpla con un requisito adicional, en este caso, la entrega de documentación pendiente. En otras palabras, si Greenfiber no entrega esta documentación la DIA podría no ser válida. 

 

Altri solicitó la evaluación ambiental en noviembre de 2022. Por lo tanto, la Xunta la aprobó más de dos años y cuatro meses después. Pese a este tiempo, la luz verde se otorgó con la documentación incompleta.

 

El visto bueno se produjo también en medio de acusaciones de la oposición, que alertó que el Gobierno estaba presionando a los funcionarios para que aprobaran cuanto antes la DIA. Ataques que la Xunta siempre ha rechazado, argumentando que la aprobación ha sido siempre responsabilidad única de los funcionarios responsables de la evaluación. 

 

APROBACIÓN CONDICIONAL DOS DÍAS DESPUES DE LA DOCUMENTACIÓN EXTRA

La resolución de Saúde Pública explica que este departamento dio luz verde inicialmente en junio del año pasado. Sin embargo, en febrero de este año la empresa presentó una modificación del trazado de la línea eléctrica, lo que conlleva una nueva evaluación. 

 

Ocho días después, el 28 de febrero, de recibir el nuevo trazado, Saúde Pública advirtió que la documentación era insuficiente. Tres días más tarde Altri remitió los documentos adicionales y dos días después Saúde Pública daba luz verde condicional, advirtiendo que todavía faltaban estudios.

 

Saúde Pública: “neste documento (addenda) non hai un apartado específico que describa e avalíe o impacto na saúde na fase de explotación"


La documentación a mayores presentada por Altri le pareció insuficiente a Saúde Pública. Pese a dar su placet, la subdirectora especifica que “neste documento (addenda) non hai un apartado específico que describa e avalíe o impacto na saúde na fase de explotación, nin existen referencias nin análise ás poboacións próximas do ámbito de afección da liña aérea”.


La funcionaria advierte que “tendo en conta que o trazado aéreo, segundo a evidencia científica, podería ter efectos negativos para a saúde nas poboacións próximas, consideramos necesario avaliar as posibles afeccións sobre a poboación así como incluír medidas preventivas e correctoras necesarias e que estas queden reflectidas no Plan de Vixilancia Ambiental”. Unos requisitos incumplidos en el momento de emitir la DIA. La manga ancha de la Administración permitirá a Altri cumplirlos antes de empezar las obras. 

 

Este es el informe de Saúde Pública incluído en el expediente completo de la DIA de Greenfiber/Altri:

 

 

 

 

 

 

 

 

La resolución de Saúde Pública explica que este departamento dio luz verde inicialmente en junio del año pasado. Sin embargo, en febrero de este año la empresa presentó una modificación del trazado de la línea eléctrica, lo que conlleva una nueva evaluación. 


Ocho días después, el 28 de febrero, de recibir el nuevo trazado, Saúde Pública advirtió que la documentación era insuficiente. Tres días más tarde Altri remitió los documentos adiciones y dos días después Saúde Pública daba luz verde condicional, advirtiendo que todavía faltaban estudios.

 

La documentación a mayores presentada por Altri le pareció insuficiente a Saúde Pública. Pese a dar su placet, la subdirectora especifica que “neste documento (addenda) non hai un apartado específico que describa e avalíe o impacto na saúde na fase de explotación, nin existen referencias nin análise ás poboacións próximas do ámbito de afección da liña aérea”.

 

La funcionaria advierte que “tendo en conta que o trazado aéreo, segundo a evidencia científica, podería ter efectos negativos para a saúde nas poboacións próximas, consideramos necesario avaliar as posibles afeccións sobre a poboación así como incluír medidas preventivas e correctoras necesarias e que estas queden reflectidas no Plan de Vixilancia Ambiental”. Unos requisitos incumplidos en el momento de emitir la DIA. La manga ancha de la Administración permitirá a Altri cumplirlos antes de empezar las obras. 

 

¿En qué consiste la polémica ambiental en torno a la planta de Altri en Palas?
 

La polémica ambiental en torno a la planta de celulosa y fibras textiles (lyocell) proyectada por Altri en Palas de Rei (Lugo, Galicia) se centra en varios puntos clave relacionados con su impacto ambiental y social. 

  • Consumo y vertido de agua:
    • La planta planea captar 46.000 metros cúbicos de agua diarios (equivalente a 46 millones de litros, superior al consumo de toda la provincia de Lugo) del embalse de Portodemouros, lo que genera preocupación por la reducción del caudal del río Ulla y sus efectos en los ecosistemas y usos corriente abajo, como la pesca y el marisqueo en la ría de Arousa.
    • Se prevé un vertido de 30.000 metros cúbicos diarios de aguas residuales, aunque Altri asegura que serán tratadas y devueltas al río en condiciones óptimas, con una inversión de 80 millones de euros en tratamiento de aguas. Sin embargo, colectivos ecologistas como Adega critican que los valores de contaminantes como amonio, fósforo y nitrógeno están al límite de la normativa europea, lo que podría incumplirla si se superan.
  • Emisiones atmosféricas y contaminación:
    • La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) denuncia que la planta emitirá más contaminantes que todas las celulosas de España juntas, incluyendo partículas PM10, óxidos de azufre y nitrógeno, y compuestos volátiles, superando en algunos casos las emisiones de Ence-Pontevedra. Además, critican la omisión en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de otros contaminantes como dioxinas, furanos, amoníaco, óxido nitroso, metano y metales pesados, lo que consideran suficiente para invalidar el EIA.
    • Altri niega que emitirá dioxinas, afirmando que no usará cloro (sustancia asociada a estas emisiones) sino oxígeno, peróxido de hidrógeno y ozono, y que los gases serán tratados para cumplir con las mejores técnicas disponibles (BREF) de la UE. También asegura que la chimenea de 75 metros y el uso de tecnologías avanzadas garantizarán “olores cero” y no afectarán la salud humana ni animal.
  • Uso de eucalipto y expansión forestal:
    • La planta consumirá alrededor de 1,2 millones de toneladas de eucalipto al año (18% del corte actual en Galicia), lo que preocupa por la posible expansión de monocultivos de eucalipto, una especie invasora que reduce la biodiversidad, aumenta el riesgo de incendios y degrada los suelos.
    • Aunque Altri afirma que usará eucalipto de bosques certificados y no incrementará plantaciones, ecologistas temen que la demanda fomente más cultivos en detrimento de especies autóctonas como roble o abedul, que podrían usarse para lyocell.
  • Impacto en el río Ulla y la ría de Arousa:
    • La captación y vertido en el río Ulla, a 70-80 km de la ría de Arousa, genera temores de contaminación que afecte a los bancos marisqueros y la pesca, sectores clave de la economía gallega. Colectivos alertan sobre posibles efectos como lluvia ácida, contaminación química y alteración del ecosistema fluvial.
    • Altri sostiene que el impacto será nulo, ya que el agua se devolverá depurada, con mermas de caudal inferiores al 2% anual y sin variaciones de temperatura superiores a 3°C, cumpliendo la normativa.
  • Oposición social y política:
    • El proyecto ha desatado una fuerte contestación social, con manifestaciones masivas (decenas de miles de personas en Santiago en diciembre de 2024 y en Palas en mayo de 2024) y más de 27.000 alegaciones presentadas durante la exposición pública del EIA. Plataformas como Ulloa Viva lideran la oposición, denunciando riesgos para la salud (problemas respiratorios, cáncer) y el medioambiente.
    • Políticamente, el BNG y PSdeG rechazan el proyecto, acusando a la Xunta de opacidad y de priorizar intereses económicos sobre los ambientales. El BNG promete una “batalla legal” y pide al Gobierno central que no financie la planta con fondos europeos (Altri aspira a 250 millones). Sumar, liderado por Yolanda Díaz, también cuestiona su sostenibilidad. El PP apoya la instalación, aunque siempre ha defendido que los técnicos tienen autonomía para evaluar.
  • Aprobación ambiental y condicionantes:
    • En marzo de 2025, la Xunta otorgó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, pero con condicionantes como el uso de tecnologías avanzadas para la gestión del agua, un plan de control de olores, una separación de 50 metros con la Serra do Careón, y la plantación de 55 hectáreas de especies autóctonas.
    • Sin embargo, la autorización final (Autorización Ambiental Integrada) está pendiente, y hay dudas legales tras un fallo del TSXG que cuestiona la privatización parcial de procesos de evaluación ambiental, lo que podría anular el permiso.
    • La viabilidad del proyecto depende también de la financiación europea y de la autorización de una subestación eléctrica por parte del Gobierno central, lo que añade incertidumbre. Esta semana se ha sabido que la primera petición de ayudas al Estado ha sido denegada, aunque Altri insiste en que sigue adelante con su plan.

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