Zonas tensionadas por alquiler, desconfianza de propietarios y temor de inquilinos

La declaración de zona tensionada por alquileres de A Coruña fue una victoria para su alcaldesa, Inés Rey. Por el contrario, la primera edila de Santiago, Goretti Sanmartín mantiene un pulso con la Xunta para que la ciudad obtenga el mismo reconocimiento. Sin embargo, un tira y afloja sobre cuestiones administrativas (faltan 'papelorios' dijo la conselleira de Vivienda, María Martínez Allegue) que están enfrentando a la administración local compostelana con la administración autonómica. Mientras tanto los precios en alquileres habitacionales suben “por la ley de la oferta y la demanda” señalan profesionales inmobiliarios. Hay una gran demanda pero la oferta es muy reducida y la solución que aporta declararse zona tensionada no parece convencer mucho al sector, sobre todo, cuando desde el mismo apuntan a la inseguridad de muchos propietarios y propietarias en poner vivienda en el mercado de alquileres. 

DUDAS

Vicente Martínez, de la Inmobiliaria Apóstol, señala que en el caso de Santiago “estamos acostumbrados” a que los estudiantes paguen en comandita. Un piso compartido de 800€ puede salir para cada estudiante en 260 o 270. Se puede aumentar 50€ el alquiler al año siguiente, los estudiantes pueden afrontar esa subida pero las familias trabajadoras ven que buena parte de sus ingresos se van un alquiler que cada vez se les hace más cuesta arriba. 
 

Emma Martínez, presidenta de la Asociación Galega de Inmobiliarias, AGALIN, dice tener dudas sobre la eficacia de la medida. Sí reconoce que tanto Santiago como A Coruña cumplen con los porcentajes para ser zonas tensionadas, pero “tememos que se cree el efecto contrario al objetivo de la ley de vivienda que es la regulación de precios”. 
 

Por otra parte, las dudas sobre los efectos positivos de la medida se basan en la duración de la misma. Durante tres años los alquileres no podrán superar 1/3 del salario medio del lugar tensionado, tampoco pueden suponer más del 30% de los ingresos familiares. Vicente Martínez señala que esos tres años no supondrán “nada” en cuanto a poner en marcha el mercado de la vivienda. No es tiempo suficiente para que se creen ayudas para la construcción o para diseñar programas de vivienda que, como mínimo, necesitarían diez años para desarrollarse.

LA RAÍZ DEL PROBLEMA

La burbuja inmobiliaria de 2008 y la crisis mundial paralizaron la construcción. “Mira el paisaje de la ciudad, ya no se ven grúas” construyendo. Ahora la poca vivienda disponible es cara. “Es un cuello de botella” señala Emma Martínez aludiendo a la gran demanda y la poca oferta de alquiler. 

Por otra parte, y tomando como ejemplo las idas y venidas entre Concello de Santiago y Xunta de Galicia, el problema de la vivienda ahora mismo para el sector inmobiliario es la falta de acuerdo. Todas las administraciones están pugnando unas contra otras, bien por burocracia, bien por falta de entendimiento entre las partes o bien por rivalidades políticas.

Vicente Martínez tiene claro que el problema se debe abordar desde todas las administraciones al unísono. “Es necesario un pacto de Estado” para que la situación se desbloquee. Algo así se podría aplicar en la ciudad del Apóstol, donde “Xunta y Concello podrían sentarse en una mesa de trabajo sobre este asunto”.

A todo esto se suma la inseguridad de los propietarios a la hora de abrir las puertas de sus propiedades a posibles inquilinos. Si bien los precios no sufrirán alteraciones reseñables, muchos inmuebles que podrían estar ahora en el mercado del alquiler no lo estarán debido a que la declaración de zona tensionada rebajará las expectativas de los propietarios. Si alguien deseaba colocar un piso por 1.000€ al mes posiblemente vea rebajado ese precio un 20%. La solución en este caso pasa por vender, directamente cerrar la vivienda o alquilar a estudiantes. “Esto nos hace temer que la oferta todavía baje más”. 

Otro tema es la protección al inquilino desde la Ley de la Vivienda. El hecho de proteger a personas vulnerables no es un problema para las inmobiliarias, sin embargo, entienden que un propietario particular no tendría que asumir la vulnerabilidad de una persona o familia. Es por eso que se reclaman garantías jurídicas también para propietarios. “Se ha legislado sobre alquileres anuales indefinidos” señala Vicente Martínez, pero no se ha hecho sobre los alquileres temporales y por habitación.

La falta de suelo para construir en los últimos veinte años ha traído la subida de alquileres para las familias medias o trabajadoras. Al no haber suelo no hay vivienda protegida o vivienda social y por eso mucha gente ve irse en alquileres una parte sustancial de sus ingresos. La inseguridad que sienten los propietarios ante la posible declaración de vulnerabilidad por parte de los inquilinos evita la entrada de nueva vivienda en alquiler. 

Por último, en tres años, según el sector inmobiliario, no se resolverá gran parte del problema y tampoco ayuda la “guerra” entre administraciones que no consiguen ponerse de acuerdo por diferentes motivos mientras los precios siguen subiendo.