El debate sobre la madera quemada se reaviva al pedir los madereros sacarla cuanto antes

La Fundación Arume, en la que participan las grandes empresas y patronales de la madere, ha pedido que se priorice la retirada de la madera quemada tras la grave ola de incendios que arrasó miles de hectáreas en Galicia durante el mes de agosto, especialmente en la provincia de Ourense. El lobby considera que esta medida es necesaria tanto para la restauración ambiental como para evitar la propagación de plagas. La propuesta ha reavivado la polémica sobre el futuro de la madera afectada por el fuego, un debate en el que confluyen visiones enfrentadas entre el sector forestal y quienes alertan de que permitir su comercialización puede alimentar un mercado ligado a los incendios.

La Fundación Arume, creada en 2019 y que agrupa a buena parte del sector forestal gallego, insiste en que la eliminación de la madera quemada es el primer paso del proceso de recuperación ambiental de los montes afectados. Para defender esta postura, sus socios —entre los que figuran serraderos, industrias, propietarios de montes y la Universidade de Vigo— subrayan que la corta y retirada deben realizarse con autorización administrativa y recomendaciones técnicas, de forma que queden restos que contribuyan a evitar la erosión del suelo hasta que lleguen las reforestaciones.

El colectivo recuerda, además, que la madera que no se retire con rapidez corre el riesgo de deteriorarse, lo que no solo dificultaría su aprovechamiento económico, sino que también generaría un riesgo fitosanitario. En zonas como el sur y el oeste de Ourense, donde está presente el nematodo del pino, las plantaciones dañadas serían un foco de propagación de esta plaga, ya que los insectos que la transmiten encuentran un hábitat propicio en los árboles quemados.

El debate de fondo: vender madera quemada sí o no

La propuesta de comercializar la madera quemada tiene defensores y detractores. Por un lado, los representantes de la industria señalan que impedir la venta supondría un duro golpe para los propietarios afectados, entre ellos muchas comunidades de montes vecinales en mano común. Arume insiste en que existe un compromiso del sector de mantener precios estables, para que los ingresos puedan contribuir a financiar la restauración de las zonas afectadas.

Sin embargo, los críticos con esta visión sostienen que permitir la venta de árboles calcinados puede tener un efecto perverso: incentivar indirectamente los incendios, al generar un mercado paralelo que aprovecharía situaciones de catástrofe. Desde estos sectores se advierte de que, en un territorio como el gallego, donde el fuego se repite cada verano, la retirada sistemática con destino industrial podría normalizar una dinámica peligrosa para los montes.

La Fundación Arume se configuró en 2019 como una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector forestal gallego. En su patronato inicial participaban organizaciones representativas como la Asociación Galega Monte Industria, la Federación de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia (Fearmaga), la Asociación Forestal de Galicia, el Clúster da Madeira e o Deseño, Abanca y varias asociaciones de servicios y viveros forestales.

En 2025, la entidad amplió su composición para dar mayor presencia a la industria maderera, con la incorporación de empresas de referencia como Finsa y Tableros Hispanos, además de varios serraderos gallegos de tradición familiar y la propia Universidade de Vigo, a través de su Escuela de Ingeniería Forestal. De este modo, la Fundación ha pasado de once a dieciséis miembros, consolidándose como la principal plataforma de interlocución del sector forestal en Galicia.

La organización recalca que la retirada de la madera tras los incendios no tiene solo un interés económico, sino también ambiental y sanitario. En su opinión, dejar grandes volúmenes de troncos en pie o derribados sin gestión favorece la aparición de plagas, la descomposición acelerada y el incremento de riesgos de erosión. Las cortas, explican, cumplen una función fitosanitaria de especial importancia en áreas próximas a Portugal, donde la presencia del nematodo del pino obliga a un control exhaustivo.

La Fundación defiende que, tras la retirada, los restos no utilizables deben distribuirse de manera uniforme en el terreno para protección frente a la erosión, una práctica que permitiría mantener cierta cubierta hasta que se proceda a la trituración y posterior reforestación.

Las voces críticas con la propuesta

No todos los actores implicados en la gestión forestal comparten los planteamientos de la Fundación. Colectivos ambientalistas y algunos expertos sostienen que la eliminación de la madera y su entrada en el mercado puede ser vista como una “recompensa” al incendio, favoreciendo que determinadas prácticas irresponsables o incluso delictivas encuentren respaldo en los beneficios económicos derivados de situaciones de catástrofe.

A ello añaden la preocupación de que, en muchos montes gallegos, la extracción en pendientes pronunciadas o con suelos frágiles puede ocasionar un daño colateral mayor, reduciendo la capacidad de regeneración natural y afectando a la biodiversidad. Estos sectores reclaman que se abra un debate social más amplio sobre el futuro del monte, en el que no todo se enfoque en el aprovechamiento económico de la madera. 

Más allá de las medidas inmediatas, la Fundación Arume subraya que la recurrencia de incendios cada vez más agresivos obliga a un cambio de paradigma en la gestión forestal. Por ello, elevan dos propuestas estratégicas de gran calado. La primera es unificar todas las competencias forestales en un único organismo público, dotado de personal y presupuesto suficientes. Argumentan que el monte, que ocupa dos tercios del territorio gallego y genera más de 23.000 empleos directos con una facturación de 3.000 millones de euros, tiene el peso específico suficiente para contar con un departamento propio en el gobierno gallego.

La segunda gran propuesta es un cambio en el modelo de extinción. Arume defiende que los servicios de lucha contra el fuego se desvinculen de la Consellería competente en materia de gestión forestal. La lógica detrás de esta idea es que los incendios han dejado de ser un problema exclusivamente "forestal" para convertirse en incendios "rurales", donde la máxima prioridad es siempre la defensa de las aldeas y la seguridad de las personas, una tarea que encaja directamente en las competencias de protección civil.