Adiós a Altri (por ahora): no del Estado a la conexión eléctrica para la celulosa de Palas

El polémico proyecto de la multinacional portuguesa Altri para instalar una macroplanta de celulosa en Palas de Rei (Lugo) ha sufrido este lunes el que podría ser su revés más importante hasta la fecha. El Gobierno central ha decidido denegar la construcción de la subestación eléctrica que la promotora, Greenfiber, necesita para alimentar la fábrica, así como su conexión a la red de transporte. El anuncio, avanzado por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, deja en el aire la viabilidad de un plan industrial que, sin una conexión de alta capacidad a la red, es técnicamente inviable. La decisión será comunicada formalmente este martes en una reunión entre el Ejecutivo central y la Xunta de Galicia.

Prudencia en la empresa, satisfacción contenida en los ecologistas

Tras conocerse la noticia, la reacción de la empresa promotora, Greenfiber, ha estado marcada por la cautela. En un comunicado remitido a Galiciapress, la compañía ha evitado valorar directamente las declaraciones de Gómez Besteiro. "Greenfiber no va a hacer valoraciones sobre declaraciones de otras personas. Confiamos en el sistema y estamos a disposición de las distintas administraciones para resolver cualquier duda que puedan tener respecto al proyecto Gama, en el que confiamos plenamente y que continuaremos gestionando con el máximo rigor, como lo hemos hecho hasta ahora", señaló la filial de Altri.

En el lado opuesto, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), uno de los colectivos más beligerantes contra la instalación de la pastera, ha recibido la noticia con una valoración muy positiva, aunque también con notables reservas. Desde la plataforma celebran la decisión del Gobierno, pero advierten que esperarán a conocer "el texto formal de ese acuerdo" para hacer un análisis más detallado. Su portavoz subrayó que es crucial conocer los argumentos técnicos en los que se basa la negativa del Ejecutivo.

La razón de esta prudencia es la previsión de un futuro litigio. La plataforma es consciente de que la decisión del Gobierno central será recurrible legalmente por parte de la empresa. "Tenemos que ver en qué requisitos medioambientales y socioeconómicos se basea para tomar esa decisión, porque en función de cómo esté redactado eses argumentos, pues bueno, la decisión puede ser recurrible legalmente", explican desde el colectivo. Por ello, aunque valoran "muy positivamente" el anuncio, mantienen "las reservas oportunas hasta ver la redacción final de este acuerdo gubernamental".

También se ha pronunciado Ulloa Viva, la principal plataforma ciudadana contra las protestas. En las palabras de su representante Juan Pedro Sánchez se mezclan la esperanza y la prudencia: "Como plataforma Ulloa Viva, queremos valorar positivamente o avance que fan dende o PSdeG sobre a non concesión da liña eléctrica necesaria para o proxecto Gama, pero tamén queremos ser cautos, agardar as noticias de mañá martes para que o goberno central informe cal é a resolución definitiva e, se non o fose, entender se hai posibilidade de recurso por parte das empresas do proxecto Gama, tanto Altri como Greenalia."

El no administrativo, adelantado por un cargo político

Según explicó Gómez Besteiro, la razón de la negativa es que el proyecto de Greenfiber no cumple con los requisitos socioeconómicos y medioambientales necesarios para ser incluido en la planificación de la red eléctrica para el periodo 2025-2030. Aunque el líder socialista matizó que no le correspondía a él hacer un "anuncio gubernamental", sí afirmó que su valoración se basa en criterios técnicos y que el Gobierno "tomará" esta decisión de forma inminente, excluyendo la infraestructura de sus planes estratégicos.

Este varapalo se suma a negativas anteriores que han complicado la financiación del proyecto. Besteiro enmarcó la decisión en lo que denominó un "triple no" del Gobierno a Altri. Primero se descartó que la iniciativa pudiese acogerse a los fondos del Perte de descarbonización; posteriormente, se le negaron ayudas europeas extraordinarias por valor de 250 millones de euros; y ahora, se le cierra la puerta al suministro energético, un elemento fundamental sin el cual la planta no puede operar.

Un proyecto en el aire sin 'enchufe'

La conexión a la red eléctrica no es un aspecto secundario del proyecto, sino su pilar fundamental. Una industria de estas características, con un consumo energético masivo, requiere una subestación propia y una línea de evacuación de alta tensión para funcionar. Sin el permiso del Gobierno, responsable de la planificación de la red de transporte, la construcción de esta infraestructura es imposible. La propia conselleira de Economía e Industria de la Xunta, María Jesús Lorenzana, ya había advertido de la criticidad de este punto en los últimos meses, llegando a clamar en el Parlamento de Galicia que "una fábrica si no se puede enchufar, no puede funcionar".

El denominado "Proyecto Gama", impulsado por Greenfiber —sociedad formada por la portuguesa Altri y la gallega Greenalia, en la que es directiva una ex-conselleira de la Xunta—, contempla la construcción de una macrocelulosa para producir principalmente lyocell, una fibra textil a base de madera de eucalipto. La empresa promotora defiende su plan como un motor de desarrollo para el interior de Galicia, con una inversión prometida de más de 850 millones de euros y la creación de cientos de puestos de trabajo en una comarca afectada por la despoblación.

Sin embargo, desde su anuncio, el proyecto ha generado una enorme polémica y una frontal oposición por parte de numerosas organizaciones ecologistas, colectivos de las rías gallegas y vecinos de la comarca de A Ulloa. Las críticas se centran en el gigantesco impacto ambiental que se le atribuye: un consumo de agua que los opositores tachan de "brutal" del río Ulla, con el consiguiente riesgo para el ecosistema y para los bancos marisqueros de la Ría de Arousa; la contaminación química asociada a este tipo de industria; y el fomento del monocultivo de eucalipto, con el impacto que ello tiene sobre la biodiversidad y el riesgo de incendios.

El futuro, pendiente de la comunicación oficial

La clave del futuro inmediato del proyecto pasa ahora por la reunión que se celebrará este martes, 23 de septiembre, entre representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Xunta de Galicia. Será en ese encuentro donde, previsiblemente, el Gobierno de Pedro Sánchez comunicará oficialmente a la administración gallega, principal valedora de la iniciativa, su resolución de no autorizar las infraestructuras eléctricas solicitadas por Greenfiber.

El propio Gómez Besteiro, pese a la contundencia de su avance, insistió en separar su papel como líder político de la acción del Ejecutivo. "No hago ningún tipo de anuncio gubernamental, que no es mi papel", aclaró, para después señalar que su análisis se fundamenta en la incompatibilidad manifiesta del proyecto con la normativa y los requisitos exigidos, una incompatibilidad que, a su juicio, aboca inevitablemente a la decisión de denegar la conexión.

Con este nuevo escenario, el Proyecto Gama se enfrenta a su mayor obstáculo. Sin energía, no hay fábrica, y aunque la decisión administrativa puede ser recurrida, se abre un largo y complejo camino judicial. La negativa del Gobierno central a "enchufar" a Altri podría ser el principio del fin para la macrocelulosa de Palas de Rei o, como mínimo, el inicio de una larga batalla legal de resultado incierto.

En teoría, la inclusión o exclusión de una infraestructura en la planificación de la red eléctrica nacional es una decisión puramente técnica. Se basa en informes de viabilidad, proyecciones de demanda, cumplimiento de requisitos medioambientales y criterios socioeconómicos objetivos. Sin embargo, la realidad del caso Altri en Palas de Rei demuestra que, bajo este barniz técnico, subyace una profunda pugna política donde las motivaciones partidistas han jugado un papel crucial tanto en el apoyo de la Xunta de Galicia como en el "no" del Gobierno central en Moncloa.

El Trasfondo Político de una Decisión "Técnica"

En teoría, la inclusión o exclusión de una infraestructura en la planificación de la red eléctrica nacional es una decisión puramente técnica. Se basa en informes de viabilidad, proyecciones de demanda, cumplimiento de requisitos medioambientales y criterios socioeconómicos objetivos. Sin embargo, la realidad del caso Altri en Palas de Rei demuestra que, bajo este barniz técnico, subyace una profunda pugna política donde las motivaciones partidistas han jugado un papel crucial tanto en el apoyo de la Xunta de Galicia como en el "no" del Gobierno central en Moncloa.

Para la Xunta (PP): Un Símbolo de Desarrollo Industrial y Confrontación

Para el Partido Popular al frente de la Xunta, el proyecto de Altri se convirtió desde el principio en un estandarte de su política industrial. La defensa a ultranza de la factoría responde a varias motivaciones políticas clave:

• Narrativa de Creación de Empleo: La promesa de cientos de empleos y una inversión millonaria en el interior de Galicia es un argumento políticamente muy potente. Permite al PP presentarse como el partido que atrae grandes industrias y lucha contra la despoblación, un mensaje que cala hondo en el electorado de la Galicia rural. Renunciar al proyecto sería visto como un fracaso en su principal promesa económica.
• Proyecto Heredado y de Legado: La iniciativa fue uno de los grandes proyectos estratégicos impulsados bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo y continuado por Alfonso Rueda. Dar marcha atrás supondría una enmienda a su propia gestión y un signo de debilidad política.
• Arma de Confrontación con Moncloa: La controversia ha servido a la Xunta como una herramienta perfecta para alimentar su discurso de agravio y confrontación con el Gobierno central del PSOE. Al enmarcar las negativas de Madrid (a los fondos PERTE, a las ayudas europeas y ahora a la conexión eléctrica) como un ataque a los intereses de Galicia, el PP busca desgastar a su rival político y movilizar a su base, culpando al "centralismo" de frenar el progreso gallego. Las quejas de la conselleira Lorenzana son el ejemplo perfecto de esta estrategia.

Moncloa (PSOE): De la Duda a la Oposición Estratégica

La postura del PSOE y del Gobierno central ha sido más compleja, evolucionando desde una ambigüedad inicial hasta una oposición firme, un viraje que también responde a cálculos políticos.

• Presión Social y Medioambiental: El factor más determinante ha sido la masiva y creciente oposición social al proyecto. Plataformas como la PDRA, ecologistas y miles de ciudadanos han protagonizado algunas de las mayores manifestaciones de los últimos años en Galicia. Ignorar este clamor popular habría supuesto un coste electoral inasumible para el PSOE, especialmente para su ala más ecologista y sus socios de gobierno. La decisión de denegar la conexión es, en gran medida, una respuesta a esta presión social.
• Oportunidad para el PSdeG: La polémica le ha brindado al Partido Socialista de Galicia (PSdeG) una oportunidad de oro para posicionarse. Al ser su líder, Gómez Besteiro, quien avanza la noticia, el PSdeG se erige como el defensor del medio ambiente gallego frente a un modelo de desarrollo que consideran "depredador" y que asocian directamente al PP. Es un movimiento estratégico para ganar terreno político y presentarse como una alternativa de gobierno sensible a las nuevas demandas ciudadanas.
• Coherencia del "Triple No": Al enmarcar esta negativa como el tercer y último paso de un "triple no", el PSOE construye un relato de coherencia. No es una decisión arbitraria, sino la conclusión lógica tras evaluar que el proyecto no cumplía con los requisitos para recibir fondos públicos (PERTE, ayudas europeas) ni para integrarse en la planificación energética. Esta narrativa les permite defender su postura desde una aparente solvencia técnica, contrarrestando las acusaciones de bloqueo político del PP.

El PSOE presume de que  “somos a garantía de que non se financiará con cartos públicos  ningún proxecto que poña en risco o futuro ambiental do noso país”.