Nuevo convenio seguridad privada: CIG reclama más salario y derechos

El pistoletazo de salida a las conversaciones, que tuvieron un primer contacto el pasado 23 de septiembre, ha partido de la propia patronal, un movimiento que desde la CIG interpretan como una estrategia defensiva. Según el sindicato nacionalista, las asociaciones empresariales APROSER y ASECOPS buscan adelantarse a tres problemas que amenazan con colapsar el sector: la acuciante escasez de mano de obra, el corsé que impone la Ley de Desindexación en los contratos públicos y una posible reducción de la jornada laboral a nivel estatal que tensionaría aún más sus planillas.

La negociación no será un camino de rosas. En la mesa se sentarán, además de la CIG y la representación empresarial, los sindicatos mayoritarios a nivel estatal, UGT y CCOO, junto a otros como USO y ELA. Un complejo equilibrio de fuerzas donde el sindicato gallego aspira a que se escuchen las necesidades específicas de los trabajadores de la comunidad, frente a pactos estatales que en el pasado cree que han sido insuficientes. De hecho, el convenio vigente (2023-2026), firmado por UGT, CCOO y USO, fue rechazado en su día por la CIG al considerarlo poco ambicioso. 

El nudo gordiano de la negociación será, sin duda, el salario. Desde la CIG denuncian una situación insostenible que ha quedado en evidencia con las recientes subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Es necesario dar un salto cuantitativo, ya que las subidas del SMI pusieron de manifiesto la precariedad económica que sufre este sector, teniendo muchas categorías que deben actualizar los salarios por este motivo", indican desde la central. Esta realidad convierte a la profesión en poco atractiva y es una de las causas directas de la falta de personal.

El problema de la falta de vigilantes es ya una crisis estructural. Las empresas tienen serias dificultades para cubrir los servicios, una situación provocada por una combinación de factores letal: salarios bajos, jornadas maratonianas, falta de reconocimiento social y una percepción de peligrosidad no compensada económicamente. El envejecimiento de las plantillas es una realidad palpable en Galicia y en el resto del Estado; no hay un relevo generacional dispuesto a aceptar las actuales condiciones laborales, lo que obliga a las empresas a buscar soluciones urgentes.

Esta escasez de mano de obra se une a la problemática derivada de la Ley de Desindexación de 2015. Esta norma impide, con carácter general, actualizar los precios de los contratos con la Administración Pública en función de la inflación o de las subidas de costes, como un nuevo convenio. Esto significa que las empresas de seguridad se ven atrapadas en contratos a largo plazo con precios fijos, mientras sus costes laborales aumentan, lo que repercute directamente en su capacidad para ofrecer mejores salarios sin sacrificar sus márgenes de beneficio.

Un futuro incierto para un sector esencial

La patronal, por su parte, busca un acuerdo plurianual que aporte estabilidad y certidumbre al sector, permitiéndoles planificar a largo plazo y afrontar la contratación pública con mayores garantías. Defienden un enfoque que, si bien debe mejorar las condiciones para atraer talento, también debe garantizar la viabilidad de las empresas en un contexto económico complejo. La calidad del servicio, argumentan, depende de la sostenibilidad de las compañías que lo prestan.

Por su parte, los sindicatos mayoritarios como UGT y CCOO, que en el anterior convenio lograron un incremento salarial acumulado del 16% en cuatro años, previsiblemente buscarán continuar en esa senda de recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, la presión de sindicatos como la CIG se centrará en que las mejoras no sean meros retoques, sino un cambio profundo que realmente dignifique la profesión de vigilante de seguridad.