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Las empresas lanzan un órdago en una negociación en la que hay algunos avances pero no acuerdo definitivo. De fondo, el nerviosismo de muchos vigilantes de seguridad, que ven como no se concreta un alza de salarios necesaria para combatir la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. 

La CIG advierte que, sin avances inmediatos, habrá movilizaciones, mientras que UGT, CC.OO. y USO piden la retirada de las propuestas sobre la incapacidad temporal y el transporte de fondos.

Parte de los vigilantes de seguridad están molestos por la falta de avance en la negociación del convenio estatal. Un influencer gallego, Pablo "percebe87", logró reunir ayer en Madrid a cientos de ellos y recabar el apoyo de algunas figuras políticas de la extrema derecha y de la extrema izquierda. A su juicio, en declaraciones a este diario, la fecha de ayer supone un punto de partida para una mayor unidad en el sector.

Este miércoles 26 de noviembre tendrá lugar en Madrid una protesta de los profesionales de la seguridad privada que no está organizada ni por sindicatos ni por asociaciones de vigilantes. En plena negociación por un nuevo convenio en el sector, Pablo, mejor conocido @percebe87, es la persona detrás de la convocatoria que, parece, superará todas las expectativas. Galiciapress charla con este vigilante gallego que invita a los sindicatos a "escuchar" y estar más cerca de "el día a día" de los trabajadores de la seguridad privada en un momento en el que muchos "malviven" en un clima de precariedad.

El absentismo en el sector es un elemento que marca las distancias entre la patronal, que aboga por reformular los complementos, y los representantes de los trabajadores, que apuestan por ampliarlos. 

CSIF‑AGO, UGT y CC.OO. valoran el incremento. Por su parte, USO eadvierte que este acuerdo no consolida el aumento salarial ni alcanza los 300 euros mensuales que han obtenido los militares

La quinta reunión de la mesa negociadora del Convenio Estatal de Seguridad Privada concluyó hoy sin acuerdo, marcando un nuevo punto muerto en un diálogo que afecta a más de 90.000 trabajadores en España, de los cuales unos 6.000 prestan servicio en Galicia. La patronal, compuesta por APROSER, ASECOPS y FES, presentó una propuesta económica del 12% de incremento global para el periodo 2027-2030, que fue rechazada de plano por la totalidad del banco social (FeSMC-UGT, Comisiones Obreras del Hábitat, FTSP-USO, CIG y ELA). La próxima reunión se ha fijado para el 7 de noviembre.

La negociación del convenio de seguridad privada avanza lentamente. Los sindicatos están citados a una nueva reunión este viernes 31 de octubre. A la llamada acuden con la tranquilidad de saber que el actual convenio sigue vigente y que no caducará hasta 2027, por lo que, entienden, el tiempo corre a su favor. Iván Blanco, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), uno de los que representantes de los trabajadores que se sienta en la mesa de negociación, explica a Galiciapress las claves de esta negociación convocada por la patronal para abordar los problemas de un sector "poco atractivo", "sin relevo generacional" y donde los trabajadores han visto mermado su poder adquisitivo. En su opinión, las dificultades de las empresas constituyen una buena oportunidad para abrir la negociación.

Los sindicatos han criticado que, a pesar de que la aprobación del convenio se produjo el 16 de octubre, la dirección alude a la necesidad de esperar la autorización de costes para la firma, que debe validar el incremento de la masa salarial
 

La negociación del convenio colectivo estatal de seguridad privada, un marco laboral que afecta a unos 6.000 trabajadores en Galicia y cerca de 85.000 en toda España,  está entrando en  lo que parece su recta final en medio de la polémica. Mientras la mesa de diálogo oficial en Madrid avanza, aunque con "notables diferencias" entre patronal y sindicatos mayoritarios, el descontento crece desde distintos frentes: desde la crítica de sindicatos minoritarios a la convocatoria de movilizaciones al margen de las centrales tradicionales, pasando por la histórica reivindicación de convenios autonómicos por parte de centrales nacionalistas gallegas y vascas.

Este viernes, día 10 de octubre, no es una fecha cualquiera para los miles de vigilantes de seguridad que trabajan en Galicia. Se constituye la mesa para negociar el futuro convenio colectivo estatal, un proceso que, aunque el actual acuerdo no vence hasta finales de 2026, arranca con una prisa que revela las profundas grietas de un sector esencial pero crónicamente precarizado. La central sindical gallega CIG acude a la cita con una postura firme: es el momento de "recuperar derechos y salario".

La hostelería es hoy uno de los motores económicos de Galicia: solo en agosto de 2024 superó los 71.760 personas afiliadas según datos de la Seguridad Social en el sector hostelero de Galicia, alcanzando este mes de agosto del año 2025 las 73.367 personas afiliadas (esto supone un incremento anual del 2.2% de un años para otro). Durante todo el año anual de personas cotizantes en Galicia a la Seguridad Social han sido de 62.486 personas en el año 2024 y 65.209 personas en el año 2025.

La empresa de telecomunicaciones DIGI ha respondido a los planteamientos de la CIG sobre la pérdida de poder adquisitivo asegurando que el nuevo convenio es un "marco jurídico que favorece el bienestar de sus empleados".

La creación de un convenio propio en DIGI está creando una situación muy tensa dentro del operador de telecomunicaciones. Los trabajadores que han estado hasta ahora bajo el convenio del metal ven peligrar su derecho a la conciliación y “ceder tiempo” a la empresa. El convenio firmado entre el operador y las centrales sindicales CCOO y UGT ha puesto patas arriba el mapa sindical dentro de la empresa. El futuro para muchos no es nada halagüeño

Las y los auxiliares de Servizo de Axuda no Fogar (SAF) han estado demandando atención sobre sus condiciones desde el primer momento. A una semana de la muerte de una de las profesionales en O Porriño, es ahora cuando ayuntamientos y Xunta reaccionan. Los casos de acoso ya figuraban entre las primeras quejas recogidas entre los y las profesionales pero las empresas y autoridades no pasaban de una simple reprimenda a las familias y usuarios

Comisiones Obreras llama a las patronales a sentarse a negociar para evitar "un otoño caliente" en el sector. 

Una caravana de protesta partió de la residencia DomusVi Laraxe recorrió este miércoles los concellos de Ferrolterra —desde Cabanas hasta Narón— para denunciar la precariedad laboral que sufren las trabajadoras de residencias y centros de día privados en A Coruña. La movilización, convocada por el sindicato CIG, marca la cuarta jornada de huelga en un sector que acusa a la Xunta y a las grandes empresas de convertir los cuidados en un "negocio" a costa de salarios miserables.

Será la tercera jornada de huelga tras las protestas del 26 de febrero y el 5 de marzo. 

Se trata de una jornada de huelga de 24 horas que se secunda en el resto de centro de la empresa naval pública para demandar avances en la negociación.

Los profesionales del sector han iniciado una serie de movilizaciones para demandar mejoras colectivas sobre un convenio que ha quedado anticuado tras perder cerca de un 8% de poder adquisitivo en los últimos años. Falta de personal, sin recursos, con direcciones draconianas...el panorama en muchas residencias es desolador. Personal de DomusVi Ribadumia nos hace una radiografía de la situación de este centro, extrapolable a muchos de la firma líder en el sector en todo el país.