Ultimátum patronal en convenio de seguridad privada: 16% de subida o fin a la negociación en 15 días

La negociación del convenio colectivo estatal de seguridad privada ha vivido este martes una nueva reunión que ha deparado avances sustanciales pero también más desencuentros. Tras meses de bloqueo en los que las posiciones parecían irreconciliables, la representación empresarial ha puesto sobre la mesa lo tilda de "oferta final": una subida salarial del 16% para el periodo 2027-2030 y la retirada de las propuestas más lesivas sobre las bajas médicas, pero bajo una advertencia clara de que no habrá más margen de maniobra. 

Los porcentajes de incremento propuestos por los empresarios son: 3% en 2027; 3,50% en 2028, 4,50% en 2029 y 5% en 2030. Las empresas calculan que en términos lineales, este ciclo supone un incremento del 16 % nominal, y en términos acumulados reales, representa una subida aproximada del 17 %.

La patronal argumenta que esta progresividad es vital para la supervivencia de las pymes del sector, que representan más del 90% del tejido empresarial y operan con márgenes muy reducidos, incapaces de absorber un choque de costes inmediato. No ha sido infrecuente en los últimos años la quiebra o los impagos en Pymes del secggtor. Esta propuesta busca replicar el modelo ddel convenio anterior, garantizando una ganancia de poder adquisitivo del 12,10% según sus cálculos, al cruzar los incrementos con las previsiones de IPC.

Visto el ultimatum de las compañías, el sector se asoma a un precipicio de 15 días para aceptar un acuerdo que no parece convencer del todo a los sindicatos o abocarse a iniciar 2026 con conflictividad laboral. Son numerosos los vigilantes de seguridad que llevan semanas reclamando la convocatoria de huelgas ante la falta de avances en el diálogo.

La reunión celebrada hoy, la novena desde que se abrió la mesa, comenzó con un golpe de efecto por parte de Aproser y Asecops. Ángel Córdoba, presidente de Aproser, anunció la retirada íntegra de sus dos propuestas más polémicas: la modificación del régimen de incapacidad temporal (IT), que pretendía penalizar las bajas médicas, y la alteración de la jornada en el transporte de fondos. 

Este movimiento responde a una línea roja marcada por la parte social, que había convertido la defensa de la IT en un muro infranqueable. Sin embargo, la patronal ha dejado claro que esta renuncia es un "gesto inequívoco" que convierte su propuesta económica en un límite máximo no abierto a regateos ni contraofertas.

Luces y sombras en la conciliación y el empleo

Más allá de los números, la propuesta empresarial intenta modernizar un convenio anclado en el pasado con medidas de conciliación que, no obstante, han sido recibidas con escepticismo por parte de los sindicatos más críticos. Se ofrece garantizar por escrito un mínimo de 12 fines de semana libres al año, eliminando la ambigüedad actual, y sumar progresivamente bloques de descanso de 48 horas adicionales. También se plantea ampliar el descanso tras las noches de Nochebuena y Nochevieja, incluyendo el turno diurno siguiente.

 Sin embargo, la tensión se mantiene alta: la patronal ha dado un plazo de 15 días para que los sindicatos validen la oferta, advirtiendo que, de no haber acuerdo, la negociación se suspenderá hasta finales del próximo año y la oferta futura perderá las ventajas actuales por la falta de previsión de costes.

En un contexto donde la inflación ha mordido los salarios de los vigilantes, la negociación ha estado marcada por un clima de descontento que trasciende las mesas de reuniones. La semana pasada, varios cientos de vigilantes se manifestaron en Madrid, convocados por pequeños sindicatos y el influencer gallego 'Pablo Percebe87' y al margen de las grandes centrales sindicales, expresando su hartazgo por la lentitud de las negociaciones y la supuesta desconexión de los líderes sindicales con la realidad de los servicios.

 A pesar de las reiteradas invitaciones de Galiciapress, las patronales han declinado hacer declaraciones sobre el desarrollo de estas conversaciones, remitiéndose exclusivamente a lo que sucede dentro de la sala de reuniones, una opacidad que ha alimentado la rumorología en los centros de trabajo.

En Galicai trabajan cerca de 5.000 profesionales de los más de 85.000 que operan en toda España. La CIG, sindicato nacionalista con fuerte presencia en la comunidad y presente en la negociación estatal, ha rechazado de plano la propuesta, calificándola de "ultimátum" inaceptable. 

Para la central gallega, un incremento medio del 4% anual es insuficiente y sigue reclamando un 8% para dignificar el sector. Su representante en la mesa ha sido contundente: la única respuesta a esta postura empresarial es "el conflicto y la confrontación", anunciando el inicio de mecanismos para convocar movilizaciones y huelgas en el sector.

CIG advierte de posibles huelgas en Galicia

¿Logrará la estrategia de "lo tomas o lo dejas" de la patronal sembrar la división entre los sindicatos?. Mientras CIG y el sindicato vasco ELA han mostrado su rechazo frontal, considerando que la propuesta no recoge mejoras tangibles y solo precariza, los sindicatos estatales mayoritarios han optado por una mayor cautela.

Comisiones Obreras (CCOO) ha criticado las formas, lamentando que la patronal haya esperado hasta el "último minuto" para retirar los recortes, pero ha reconocido que el incremento del 16% permitió en el pasado recuperar poder adquisitivo, por lo que someterá el texto a sus órganos internos. De igual forma, FTSP-USO ha evitado una valoración inmediata, emplazándose a estudiar la letra pequeña de la documentación antes de la próxima cita.

Para el sindicato UGT, la valoración de la reunión de hoy tiene matices importantes que deben ser explicados. FeSMC-UGT destaca que ha sido su persistencia, junto a la unidad de acción con CCOO y USO, la que ha forzado la retirada de los aspectos regresivos que planteaban las empresas, como los recortes en la IT o el transporte de fondos. Para la organización sindical, era condición sine qua non limpiar la mesa de estas propuestas tóxicas antes de hablar de dinero, entendiendo que la competitividad de las empresas no puede basarse en recortar derechos o congelar salarios, sino en mejorar la gestión y la calidad de los servicios.

El desenlace de este pulso tendrá lugar, en principio, en apenas dos semanas. La mesa negociadora ha fijado la próxima reunión para el 19 de diciembre, fecha en la que los sindicatos deberán dar una respuesta definitiva al texto final de la patronal. Si no hay firma, el sector se enfrenta a un año de incertidumbre y conflictividad laboral, con un convenio caducado y unas licitaciones públicas que podrían quedar desiertas ante la falta de certeza económica. Lo que hoy se ha vendido como una oportunidad de estabilidad, podría convertirse mañana en el detonante de la mayor crisis laboral del sector en la última década.

En cuanto a la oferta económica y social, UGT valora que se haya mantenido la senda de avances salariales y reconoce mejoras comparativas respecto a la negociación anterior en materias como licencias o jubilación parcial, aunque admite que no todas sus reivindicaciones han sido conquistadas. El sindicato ha decidido no dilatar más el proceso para no dejar pasar años sin mejoras, y llevará lo pactado a sus órganos de decisión internos. Será allí, en sus asambleas, donde se decida si el 16% y las medidas de conciliación son suficientes para estampar la firma en un convenio que definirá las condiciones de vida de los vigilantes hasta 2030.