Pedro Pérez (CIG), convenio seguridad privada: "Un vigilante sin antigüedad cobra 1.100€. ¿Cómo no va a faltar personal?"

Este viernes 7 de noviembre se sentarán, de nuevo, las patronales de la seguridad privada a negociar con los sindicatos. FES, ASECOPS y APROSER levantaron el teléfono en su día y llamaron a la centrales sindicales para alcanzar una estabilidad en el sector donde la previsión es que en los próximos meses se firmen contratos de servicio clave para las compañías, por lo que quieren tener una base sólida antes de proponer a administraciones públicas u otras sectores que cuenten con sus servicios. Los sindicatos, por ahora, no han mostrado urgencia alguna para llegar al acuerdo cuando el convenio sigue vigente, pero poco a poco van apretando a los empresarios para que, de una vez por todas, salgan a relucir los asuntos que realmente preocupan a los vigilantes de la seguridad privada. 

A la espera de que puedan darse significativos este viernes hacia la firma del convenio, el representante de la CIG-Servizos, Pedro Pérez, presente en las reuniones mantenidas hasta la fecha, dibuja un escenario de aparente distancia entre las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores y una patronal que, de momento, está “mareando la perdiz”.

“Están entrando poco a poco en algunas cuestiones, pero quieren hablar de lo que les interesa”, explica Pérez después de varios encuentros en los que asuntos como las Incapacidades Temporales (IT) han sido objeto de tira y afloja de una y otra parte, ya que el absentismo es un elemento que hoy preocupa mucho a los empresarios, pero que los sindicatos achacan a un “desconocimiento de la realidad”. “No por quitar los complementos va a haber menos absentismo”, razona Pérez, indicando a su vez que esto puede provocar el efecto de “más trabajadores enfermos acudiendo a su puesto”. 

PLANTILLAS ENVEJECIDAS, SIN RELEVO, UN SECTOR POCO ATRACTIVO...

Otro asunto de discrepancia es el relativo a la subida salarial, que los empresarios techan en el 3%, una cantidad insuficiente a ojos de la CIG, que lo ve “precario” y muy lejos del 8% que exige la central sindical, que censura las “jornadas maratonianas de 12 horas” tan habituales en el sector.

Ocurre lo mismo con los pluses de peligrosidad, con desigualdades entre profesionales que cobran 170 euros por otros que ingresan 23 “por una cuestión de antigüedad”, o festividades, donde piden equiparar la subida a la de otros sectores donde es una subida del 25% con respecto a la hora ordinaria, aspectos con los que, de momento, “no van a ninguna parte” en lo que a la negociación con el sindicato gallego se refiere cuando demandan “un salto cualitativo y cuantitativo importante” para “equilibrar” las retribuciones. 

“Un trabajador sin antigüedad se lleva limpios sobre 1.100 euros en 15 pagas. No tiene sentido que quieran mantener esta situación cuando tienes un sector donde dicen que falta mano de obra. ¿Cómo la va a haber? ¿A quién quieres engañar con estos sueldos?”, censura Pérez, que a los sueldos precarios incorpora la imposibilidad de conciliar en muchas ocasiones en un sector donde se trabaja durante muchos fines de semana, festivos o en turnos de noche. 

“Si hay tanta falta de personal, si escasea la mano de obra como dicen, con huecos en ciertas zonas en momentos puntuales y con vacantes durante todo el año en otras partes, es porque no están haciendo atractivo el sector”, diagnostica Pérez. En esa radiografía, insiste en que la mano de obra cualificada pide estabilidad y no la “precariedad” ofertada hasta este momento para “mantener las cuentas de resultados a costa de los trabajadores”.

Sin interés por parte de las nuevas generaciones en formar parte del sector, la seguridad privada se encuentra en un callejón sin salida, incapaz de incorporar sangre joven para renovar las plantillas envejecidas para puestos donde la exigencia física es, en ocasiones, muy grande. “Hay que considerar también un aspecto como es la salud mental”, matiza Pérez, puntualizando que, en muchos casos, los servicios son de 24 horas con jornadas donde el 33% es nocturno. 

“Supone un desgaste físico y mental. El convenio permite la jubilación parcial, pero, de facto, las empresas los niegan, porque hay que llegar a un acuerdo y en muchos casos se niegan a hacer efectiva esa jubilación parcial, por falta de mano de obra o porque les interesa”, expone Pérez, enfatizando las dificultades existentes en torno a los contratos relevo que a algunas firmas “no le salen a cuenta”. 

“Así, volvemos al principio: gente más veterana, más propensa a coger bajas, no menos preparada, pero a la que se le exige cada vez más cosas, adaptarse a nuevas tecnologías y sistemas como drones o cámaras de última generación, y eso, ¿qué repercusión tiene para el trabajador? Cero”, reprende. 

La CIG acude a la negociación con el objetivo de “recuperar lo perdido” en años anteriores y tampoco muestra excesiva prisa en llegar a un entendimiento con la patronal, toda vez que fueron los empresarios los que llamaron a revista a las centrales sindicales. “El sector se sostiene hoy por una plantilla envejecida. Los jóvenes no van a entrar a trabajar fines de semana, festivos y noches por 130 euros”, abunda Pérez, que cifra en un impacto de entre 200 y 250 euros al mes las subidas que propone la CIG en la negociación por el nuevo convenio, además de más tiempo de descanso, con más fines de semana libres. 

¿UN CONVENIO GALLEGO?

Aunque la CIG se encuentran en esta mesa de negociación estatal, la verdadera aspiración del sindicato es que, más pronto que tarde, pueda comenzar a discutirse la negociación de un convenio autonómico, una reivindicación que comparten en ELA Sindikatua, central sindical vacas que, como su homóloga gallega, exige un diálogo en el que se pueda discutir la realidad concreta del sector en el País Vasco.

Los otros sindicatos que forman parte de la conversación, FTSP-USO, FeSMC-UGT y Comisiones Obreras del Hábitat, que acuden de manera conjunta en una plataforma para encarar la negociación, consideran que el convenio estatal es más beneficioso para Galicia que uno autonómico por el hecho de que es en las grandes ciudades donde existen más carencias y, a su vez, un nivel de vida más alto, utilizando estas urbes como argumento de fuerza en la negociación. 

Para Pérez, la virtud de un convenio autonómico viene amparada por el Artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, donde se indica que los convenios autonómicos “no pueden ser inferiores a los del sector”, por lo que queda garantizado el salario pacto en el texto estatal. “Lo que no se puede pretender es coger un convenio estatal y crear diferencias salariales”, apostillan desde la CIG en un dardo dirigido a los sindicatos que se oponen al convenio gallego. 

“Para eso nos vamos a un convenio territorializado, donde cada uno defienda su pan como mejor pueda. Nosotros tenemos una cosa clara: nunca vamos a firmar nada por debajo del convenio del sector”, recalca Pérez, remarcando a su vez que el convenio estatal está “agotado” y que la pretensión es que los acuerdos se comiencen a aplicar desde el momento en el que se firme el nuevo pacto, sin esperar que a venza el convenio todavía vigente hasta 2027. 

A renglón seguido, Pérez lleva el foco a otro debate como es el de la jornada laboral, considerando que la propuesta para la reducción de jornada “va a pasar por encima de nosotros”. “Están buscando la manera de repercutirle al cliente. Ellos no van a perder nunca. Solo hay que mirar el boletín de APROSER y los beneficios de sus empresas asociadas”, alegan desde el sindicato, donde sugieren que en el caso de la seguridad privada existe “prácticamente un monopolio”, aunque en la mesa de negociación hay tres voces, con una, APROSER, en posición claramente dominante. 

PROTESTAS EN EL HORIZONTE

Ante este panorama, en las últimas semanas han crecido las voces críticas de los trabajadores, que han comenzado a organizarse y a convocar protestas al margen de los sindicatos, como la programada para el próximo 26 de noviembre en Madrid a las 11 horas frente a la sede de APROSER.

Aunque algunos consideran que, sin que se haya agotado la vía del diálogo, la idea de llevar las protestas a la calle supone crear un problema que no existe, desde la CIG no se mojan a la hora de valorar si es “pronto o tarde” para esta clase de iniciativas, pero respetan y ven “positivo” que “los trabajadores quieran manifestarse en defensa de mejorar sus condiciones laborales”. 

“Nosotros, de momento, no estamos en una situación de impás. Pero la patronal está dando vueltas y no se centra el verdadero meollo de la cuestión. Vamos a ver qué nos traen este 7 de noviembre y si empezamos a hablar de negociación, porque hasta ahora fueron más bien declaraciones de intenciones, que todos conocemos cuando quienes pidieron negociar fueron los propios empresarios. Pero no quieren que se toquen algunos asuntos, pero si quieren negociar, hay que abordarlos. A la CIG no le importa empezar a negociar ahora que dentro de unos años. Si tienen prisa es porque ven peligrar su cuenta de resultados”, enfatiza Pérez. 

De esta manera, la CIG advierte que es hora de cambiar diametralmente el rumbo, ponerse las pilas y caminar en una dirección que tenga como meta la firma del convenio: “Llevamos un mes y todavía no se ha centrado el tiro, sin bajar la jornada, con una subida salarial irrisoria o pretendiendo quitar o reducir los complementos de IT. Si es así, no quieres negociar, quieres precarizar más la situación”.