El convenio de seguridad privada se tensa con críticas y una manifestación al margen de los sindicatos

La actual negociación, que celebró esta semana su cuarta reunión de la comisión negociadora, se desarrolla en un clima de evidente distancia entre las partes. Los puntos de fricción son los habituales, pero se han agudizado: los sindicatos exigen mejoras salariales sustanciales y mayor estabilidad laboral, mientras la patronal defiende lo que dice estrechos márgenes de un sector que, si bien facturó 4.918 millones de euros en 2023 a través de 1.547 empresas, a menudo denuncia la presión de las licitaciones públicas a la baja. De hecho, los casos de compañías que se van a la quiebra no son infrecuentes.

En el centro de la discusión están los salarios. Las organizaciones sindicales presentes en la mesa (principalmente UGT, CCOO y USO) denuncian que, pese a incrementos anteriores, los sueldos base siguen siendo bajos y los complementos salariales resultan insuficientes. La reclamación fundamental es que el nuevo convenio garantice subidas por encima del IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo que la inflación ha provocado en los últimos años. Además, exigen una actualización de todos los pluses, como los de nocturnidad, peligrosidad o el complemento de residencia, que en muchos casos llevan años congelados.

Mientras las conversaciones oficiales avanzan con lentitud, el malestar en la base del sector ha encontrado nuevas vías de expresión. Un grupo de vigilantes de seguridad está promoviendo una manifestación en Madrid para el próximo 26 de noviembre, fijada a las 11 de la mañana frente a la sede de APROSER.  Esta convocatoria está cogiendo tracción en redes sociales pero, por el momento, no cuenta con el respaldo oficial de ninguno de los sindicatos mayoritarios que negocian el convenio.

El principal promotor de esta movilización es Pablo, un vigilante de seguridad gallego conocido en el sector por su alias en redes sociales, "percebe87". Convertido en uno de los comunicadores más influyentes para los trabajadores de la seguridad privada a través de plataformas como YouTube, "percebe87" ha expresado su frustración con el rumbo de las negociaciones. En su opinión, el acuerdo que parece cercano a cerrarse no es satisfactorio para los trabajadores, ya que las subidas que se barajan, de unos 50 o 60 euros, son, en su opinión,  claramente insuficientes para las necesidades actuales.

El comunicador ha proclamado su intención de "romper los estigmas que hay en la profesión" y ha hecho un llamamiento explícito a los sindicatos  para que secunden su convocatoria y se unan a la protesta, buscando una movilización unitaria que presione a la patronal más allá de la mesa de negociación. Esta iniciativa evidencia una posible desconexión entre una parte de los trabajadores y las estrategias de las centrales tradicionales.

La lucha por el marco autonómico

Aunque las negociaciones se libran en Madrid, sus consecuencias impactan directamente en Galicia. Las condiciones de los aproximadamente 6.000 vigilantes de seguridad privada en la comunidad gallega  dependen íntegramente de este acuerdo estatal. Esas condiciones laborales, desde el salario base hasta los permisos, se deciden a cientos de kilómetros, en una mesa donde las particularidades del contexto socioeconómico gallego no son el foco principal.

Precisamente esta deslocalización de la negociación es un punto de conflicto histórico para el sindicalismo nacionalista. La Confederación Intersindical Galega (CIG), junto a otras centrales como la vasca ELA, ha reivindicado durante años la necesidad de romper el marco estatal y negociar convenios autonómicos.

Argumentan que un convenio gallego permitiría adaptar mejor las condiciones salariales y laborales al coste de vida y a la realidad productiva de Galicia, algo que, según defienden, el convenio estatal impide, tendiendo a homogeneizar a la baja

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Esta demanda de marcos propios de negociación, sin embargo, ha chocado frontalmente y de manera sistemática con la negativa de la patronal. Las grandes empresas del sector, aglutinadas en la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), defienden la "unidad de mercado" y la vigencia de un único convenio estatal como herramienta de cohesión y competitividad.

Una patronal poderosa y un descontento que se organiza en redes

La patronal, APROSER, no es un actor menor. Esta organización empresarial agrupa a las compañías más potentes del sector, que representan más del 70% de la vigilancia privada en España. En su lista de socios figuran gigantes como Prosegur, Securitas, Eulen Seguridad, Ilunion Seguridad o Trablisa. Su postura en la mesa de negociación es, por tanto, determinante para el futuro de miles de familias, incluidas las gallegas.

Este complejo panorama se completa con la irrupción de Solidaridad, el sindicato minoritario vinculado a Vox, que no forma parte de la comisión negociadora. Esta organización ha emitido un comunicado este martes denunciando lo que considera "la actitud de las centrales sindicales tradicionales". Solidaridad critica duramente la "celeridad" que, a su juicio, UGT, CCOO y USO están mostrando en la negociación de este convenio.

El sindicato afín a Vox subraya una aparente contradicción: la prisa por cerrar el acuerdo de seguridad privada contrasta con el hecho de que el convenio actual tiene vigencia hasta el año 2026. Solidaridad señala, además, que mientras se aceleran estas conversaciones, "se mantienen paralizados o caducados los convenios de otros sectores esenciales como el de residencias de mayores, ayuda a domicilio, o limpieza".   El sindicato advierte de que "negociar deprisa no es negociar bien" .

Lo sindicatos más representados en el sector, por tanto, afrontan el final de la negociación del convenio de seguridad privada bajo la presión de la patronal, las demandas de la CIG, la crítica de la derecha y el malestar de una parte de la profesión.