La seguridad privada se juega su futuro: vigilantes pendientes del nuevo convenio

El diálogo avanza con dificultad. Las asociaciones empresariales proponen un convenio de cuatro años (2027-2030), con subidas económicas que mantengan el ritmo de la inflación. Mientras, los sindicatos reclaman medidas concretas para dignificar una profesión marcada por la precariedad salarial, con sueldos base aún por debajo de los 1.100 euros mensuales.

En la comunidad gallega, la situación de los vigilantes de seguridad refleja las tensiones nacionales. Los sindicatos con representación en A Coruña, Vigo y Santiago destacan la precariedad de un sector que combina largas jornadas con pluses obsoletos de peligrosidad y nocturnidad. La patronal insiste en que los costes empresariales se han disparado por el incremento de los permisos retribuidos, las incapacidades laborales y el absentismo.

Los representantes empresariales de APROSER, ASECOPS y FES, que agrupan a compañías como Prosegur y Securitas Direct (ahora Verisure), defienden una actualización “paulatina y equilibrada”. Argumentan que hay que consolidar los avances del último convenio, que ya contempló un 16% de incremento salarial acumulado entre 2023 y 2026, además de una cláusula del 2% vinculada al IPC. 

En Galicia, con una red de servicios que incluye transporte de fondos, vigilancia en infraestructuras críticas y seguridad tecnológica, un nuevo marco salarial supondría un impulso económico notable. Sin embargo, las centrales sindicales advierten de que los beneficios empresariales siguen aumentando mientras las condiciones laborales se mantienen estancadas.

Otro frente de debate lo ocupa la transformación tecnológica que atraviesa el sector. La integración entre seguridad física y ciberseguridad está alterando perfiles profesionales y sistemas de trabajo. Según las patronales, la incorporación de inteligencia artificial, biometría y videoanalítica ha permitido optimizar servicios y reducir intervenciones presenciales, pero requiere de una profunda reconversión profesional.

El mercado español de la seguridad privada, con una facturación aproximada de 6.570 millones de euros y un crecimiento del 5% anual, afronta una competencia cada vez mayor por parte de las compañías tecnológicas. Las grandes firmas, entre ellas Prosegur y Loomis, están absorbiendo empresas especializadas en análisis de datos o vigilancia remota con el fin de ofrecer servicios híbridos que combinen presencia humana con tecnología avanzada.

En Galicia, esta transformación se nota especialmente en los puertos, aeropuertos y centros logísticos del eje atlántico, donde la digitalización se ha convertido en un requisito para mantener los contratos con las administraciones. Los sindicatos, sin embargo, alertan de que esta transición no puede realizarse sin formación ni garantías laborales, reclamando una adaptación que contemple tanto los avances técnicos como la capacitación de los trabajadores.

Precisamente, la formación digital se ha convertido en uno de los ejes del nuevo convenio. Las partes negocian cómo incorporar programas de actualización profesional para los empleados que deben enfrentarse a nuevos escenarios de vigilancia. Se trata de incluir módulos relacionados con la ciberseguridad, el manejo de sistemas automatizados y la interpretación de datos en tiempo real.

La nueva generación de vigilantes necesitará competencias tecnológicas que hoy no están reconocidas en el convenio en vigor. Las empresas, por su parte, consideran que las certificaciones profesionales deben estar ligadas a la productividad, mientras los sindicatos defienden un enfoque orientado a la mejora de las condiciones laborales. El reto, admiten ambas partes, será equilibrar las exigencias del mercado con la protección del empleo.

Otro elemento crucial será la reforma de la Ley de Contratos Públicos y del Reglamento de Seguridad Privada. En Galicia, buena parte de los contratos públicos —como los de hospitales o edificios administrativos— siguen licitándose a la baja, lo que repercute directamente sobre los salarios. Las patronales y las centrales coinciden en que este modelo debe modificarse para que la adjudicación no dependa únicamente del precio, sino también de criterios de calidad y estabilidad laboral.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha manifestado su apoyo a la modernización del sector, aunque por el momento no ha intervenido en la negociación directa del convenio. Desde Galicia, la Xunta observa la evolución del acuerdo con interés. El impacto en su territorio sería inmediato debido al peso del sector en la seguridad portuaria, el transporte y la vigilancia en centros sanitarios y educativos.

La seguridad jurídica de las empresas es otra de las preocupaciones expuestas por las patronales. Denuncian que los contratos y la interpretación de la normativa vigente generan una gran incertidumbre, especialmente en las licitaciones autonómicas. Consideran necesaria una homogeneización regulatoria que permita competir en igualdad de condiciones en todo el país. Los sindicatos, por su parte, temen que esa flexibilidad se traduzca en el recorte de derechos laborales o en un aumento de la subcontratación.

El precedente más reciente en el ámbito judicial es la condena a Prosegur a pagar 15.000 euros a un vigilante por cambiarle de puesto sin justificación, un fallo que ha reabierto el debate sobre los límites del poder organizativo de las empresas. En Galicia, los abogados laboralistas recuerdan que los conflictos por movilidad interna son cada vez más frecuentes y suelen resolverse en los juzgados.

Un equilibrio difícil: flexibilidad y derechos

La negociación, que se desarrolla en Madrid pero con impacto en todo el territorio, se plantea como un equilibrio complejo entre flexibilidad y derechos. La representación sindical advierte que la digitalización no debe ser una excusa para abaratar costes laborales. En cambio, las patronales aseguran que sin adaptación tecnológica, el mercado español perderá competitividad frente a operadores extranjeros.

Las negociaciones continuarán durante las próximas semanas, y se prevé que el texto definitivo del nuevo convenio pueda cerrarse antes de final de año. Si se alcanza el acuerdo, entrará en vigor en 2027, estableciendo un marco común hasta 2030. Tanto sindicatos como patronales reconocen que el éxito dependerá de lograr un equilibrio real entre la mejora de las condiciones laborales, la sostenibilidad económica y la innovación tecnológica.