ERE en ENCE: El comité de Pontevedra mantiene la huelga tras la primera reunión

La mesa de negociación para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por Ence ha quedado constituida este miércoles en Madrid en un clima de profunda desconfianza. La primera reunión fue poco más que un trámite protocolario para el intercambio de documentación que obliga la ley. El resultado más concreto  es la constatación que el conflicto laboral en la biofábrica de Lourizán va para largo. 

Mientras la compañía insiste en la necesidad de acometer un plan de reestructuración basado en la eficiencia y la automatización para paliar las pérdidas económicas recientes, los representantes de los trabajadores ven en este movimiento una estrategia para recortar plantilla bajo excusas tecnológicas poco creíbles. Lejos de acercar posturas, la reunión ha servido para ratificar las movilizaciones: la plantilla de Pontevedra mantiene las huelgas convocadas para este viernes 21 y sábado 22 de noviembre.

El encuentro en la capital ha estado marcado por la entrega de la voluminosa documentación que justifica, según la empresa, la necesidad de amortizar puestos de trabajo. Sin embargo, el primer punto de fricción no ha tardado en aparecer y tiene carácter jurídico y estratégico. La dirección de la compañía ha conformado una comisión negociadora única que engloba a los cuatro centros de trabajo afectados: la biofábrica de Pontevedra, las oficinas centrales de Galicia, las de Madrid y las de Navia (Asturias). Esta decisión ha sido rechazada de plano por el comité de empresa de Pontevedra, que entiende que esta maniobra diluye su capacidad de presión y no se ajusta a la realidad de cada centro. Omar Vázquez, secretario del comité de empresa y líder comarcal de CCOO, ha sido tajante al salir de la reunión, asegurando que no consideran pertinente esta fórmula y que reclamarán por la vía pertinente para que la negociación se realice por centros de trabajo y no de forma global por empresa.

Para la parte social, el formato de la mesa no es un simple detalle técnico, sino una declaración de intenciones que busca debilitar la respuesta sindical en la ría de Pontevedra, donde la conflictividad laboral se suma a años de incertidumbre sobre la concesión de los terrenos. Los sindicatos y sus asesores jurídicos comenzarán ahora el análisis pormenorizado de los informes económicos y técnicos entregados, pero la primera impresión transmitida por Vázquez es que la supuesta voluntad de diálogo que vende la empresa no se corresponde con sus actos. Según declaraciones del representante sindical a Galiciapress, lo que se percibe es una clara intención de ejecutar los despidos planteados sin atender a alternativas reales, dificultando incluso la labor de defensa de la representación laboral.

La coartada de la Inteligencia Artificial y los números rojos

Por su parte, la dirección de Ence ha emitido un comunicado en el que trata de justificar la drástica medida alegando una situación financiera adversa. La compañía asegura que acumula cuatro trimestres consecutivos de pérdidas, un escenario que les obliga a implementar lo que han denominado un "Plan de Eficiencia y Competitividad" para el periodo 2025-2027. El argumento central de la pastera es la modernización tecnológica.

La empresa sostiene que la adopción de soluciones de Inteligencia Artificial, junto con la reingeniería y la automatización de procesos, hace inevitable una reducción ordenada de su estructura de personal. Según la versión corporativa, estas amortizaciones de puestos de trabajo no son caprichosas, sino que exigen inversiones previas para automatizar tareas, algunas de las cuales ya se habrían ejecutado durante este año 2025.

Sin embargo, este argumento tecnológico suena a excusa vacía para los trabajadores de la planta de Lourizán. Omar Vázquez ha cuestionado abiertamente que la automatización sea la verdadera causa del ERE, señalando que la empresa sigue hablando de Inteligencia Artificial cuando a la parte social ni siquiera le consta que esa sea la motivación real. Es más, los sindicatos denuncian una contradicción flagrante en el discurso de la directiva: ahora admiten que para eliminar esos puestos se requiere una inversión previa en la fábrica, cuando la sensación de la plantilla es que la intención inicial de la empresa era obtener un cheque en blanco fuera del cauce legal para reducir costes laborales de forma expedita. La desconfianza hacia la supuesta modernización es tal que los representantes de los trabajadores consideran que gran parte de lo anunciado es mera "propaganda que no se sostiene ante la mirada de cualquiera que conozca el funcionamiento real de la fábrica".

El contexto en el que se produce este ERE es especialmente delicado, dado que Ence ha logrado recientemente despejar su horizonte legal en la ría de Pontevedra tras la sentencia del Tribunal Supremo que avaló su permanencia. Resulta paradójico para muchos observadores que, una vez garantizada su continuidad en la ubicación actual, la empresa responda con recortes de plantilla. La compañía intenta contrarrestar esta narrativa recordando sus cifras de inversión. En su comunicado, destacan que el proyecto "Pontevedra Avanza" sigue su curso con una inversión prevista de cerca de 120 millones de euros para mejoras, y recalcan que entre 2015 y 2025 han inyectado unos 220 millones en la biofábrica. No obstante, para los sindicatos, estas cifras macroeconómicas son "propaganda infumable" que no se traduce en garantías para el empleo.

La situación actual deja un escenario de alta tensión en la comarca de Pontevedra, donde Ence es uno de los principales motores industriales pero también un foco histórico de debate social y político. La estrategia de la empresa de vincular los despidos a la modernización y la Inteligencia Artificial es vista por los sindicatos como un intento de "lavado de cara" para justificar recortes clásicos en una empresa que, si bien alega pérdidas recientes, ha reportado beneficios millonarios en ejercicios anteriores. La insistencia de la dirección en que mantiene la voluntad de negociación para alcanzar un acuerdo choca frontalmente con la percepción de los trabajadores de que se enfrentan a una decisión ya tomada que solo busca revestirse de legalidad a través del periodo de consultas al que le obliga la legislación laboral.

Mientras la empresa pide tiempo para explicar su plan de transformación hasta 2027, los trabajadores exigen certezas inmediatas y el respeto a la negociación local. La batalla por el relato entre la "eficiencia necesaria" que defiende la compañía y la "imposición injustificada" que denuncian los sindicatos no ha hecho más que comenzar. Lo único seguro a día de hoy es que las máquinas de Ence podrían detenerse este fin de semana, no por la Inteligencia Artificial, sino por la indignación de su humana plantilla.