La rebelión de Agolada contra la "burbuja" del biogás: "Nuestro pueblo para ellos es sólo un daño colateral"

El proyecto de una planta de biometano vinculada a un fondo de Mapfre levanta a los vecinos, que alertan sobre los riesgos para la salud avalados por el CSIC y denuncian un modelo especulativo financiado con fondos europeos.

 Lo que sobre el papel administrativo se define como una planta de biometano impulsada por Desarrollos Bioenergéticos Agolada S.L., en el terreno se vive como una amenaza existencial. La plataforma Stop Biometano Agolada ha logrado articular una oposición frontal a un proyecto que, según denuncian, no responde a necesidades locales sino a una lógica financiera ajena al territorio.

 Para los vecinos, la instalación de esta macroplanta supondría un punto de no retorno: "La autorización de una planta de biometano sería el certificado de defunción de este municipio", sentencian desde el colectivo en declaraciones a Galiciapress.

La situación administrativa del proyecto se encuentra en un limbo . Aunque el Concello de Agolada aprobó el pasado 9 de diciembre una suspensión temporal de licencias, la desconfianza reina entre los afectados. La plataforma ha confirmado que los promotores solicitaron un informe de compatibilidad urbanística en la primavera de 2025, el cual resultó positivo debido a la falta de normativa específica. 

Al carecer el municipio de un Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) y no existir normativa específica autonómica, la ley solo exige una distancia mínima de 500 metros a núcleos de población, un margen que los afectados consideran irrisorio para una instalación de estas características.

Este vacío legal es la principal grieta por la que temen que se cuele la planta. "No consideramos suficiente la moratoria municipal", advierten desde la plataforma, argumentando que "la declaración del proyecto como industrial estratégico o de interés autonómico puede conllevar que no sea necesario respetar la normativa municipal". Es decir, las restricciones municipales pueden ser tumbadas si la Xunta le da el sello de proyecto estratégico,  como ha sucedido con otros polémicos proyectos como Altri o la mina de Touro.  

Especulación bajo el paraguas verde

Detrás de la sociedad promotora figura un fondo de inversión vinculado a la aseguradora Mapfre. Esto ha servido para la plataforma enmarque el conflicto no como una cuestión de gestión de residuos, sino de especulación financiera alimentada por los fondos europeos Next Generation. 

Los vecinos son tajantes al analizar la viabilidad económica de estas infraestructuras sin el dopaje del dinero público: "La mayoría de estos proyectos serían totalmente inviables y nunca se presentarían si no fuera por las cuantiosas subvenciones que prevén recibir". Consideran que se está priorizando el lucro de grandes capitales sobre la sostenibilidad real, creando una burbuja financiera que estallará dejando los pasivos ambientales en el territorio.

Hasta la fecha, Mapfre no ha emitido ningún comunicado oficial respondiendo a las inquietudes de los vecinos de Agolada ni ha aclarado su postura ante el rechazo social. De hecho, Mapfre no da la cara ni en los papeles. Para distanciarse ha creado Desarrollos Bioenergéticos Agolada S.L., una empresa pantalla administrada porMáximo Álvaro Mayordomo Ramo, un ingeniero que participa como administrador en otras empresas de biogás en 

La falta de interlocución no sorprende a la plataforma, que ha decidido no buscar canales de comunicación con la empresa al no confiar en sus intenciones. "Somos conocedores de los argumentos de manual de greenwashing que esgrimen", aseguran, añadiendo que, en su opinión,  la compañía ya ha incumplido la ética básica al no informar a la población general desde el inicio. Para los afectados, la visión que los promotores tienen de Agolada es puramente extractiva: "Nuestro pueblo sólo es para ellos un punto en el mapa, un daño colateral sin importancia que convertirían en un lugar inhabitable".

La oposición vecinal se apoya en informes científicos para desmontar el discurso de la inocuidad esgrimido pror algunas energéticas. Citan informes de expertos como Fernando Valladares, del CSIC. El también director de Ecología y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales  alerta sobre los riesgos de cáncer y afecciones respiratorias vinculados a los compuestos orgánicos volátiles que emanan estas plantas. 

Desde la plataforma denuncian que la industria promete soluciones mágicas mientras oculta que "contaminarían nuestros cuerpos, tierras y aguas". El informe de Valladares es explícito al señalar la peligrosidad de gases como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco, advirtiendo que ninguna planta ha logrado eliminar totalmente el "olor nauseabundo" que deprecia las viviendas en kilómetros a la redonda, generando sono lo un grave problema de salud pública, también económico.

Uno de los puntos más polémicos es el origen y tipo de residuos que alimentarán la planta. Las nuevas plantas de biogás se venden como un modelo de economía circular local que además, permite paliar la contaminación por purines que padecen muchas comarcas ganaderas. Sin embargo, por su tamño, los vecinos aseguran que estas macroplantas requieren importar materia orgánica de grandes distancias para ser rentables. 

La plataforma señala el peligroso precedente de otras instalaciones gallegas, como la de As Somozas, autorizada para tratar residuos industriales peligrosos. "Esto es una prueba evidente de que estas plantas industriales tienen carta blanca para utilizar todo tipo de residuos peligrosos y no peligrosos y convierten las comarcas en las que se instalan en vertederos tóxicos", alertan. Temen que Agolada acabe recibiendo lodos de depuradora y desechos químicos bajo la etiqueta de "biometano".

La cuestión de los olores es otra de las grandes preocupaciones que, según los vecinos, la administración ignora deliberadamente. Al tratarse de una mezcla de sustratos y no solo purín, el hedor de los digestatos es más intenso y persistente. Sin embargo, denuncian que la administración los deja indefensos: "La carencia de regulación no puede suplirla ningún control al no existir un respaldo legal que obligue a respetar un límite de impacto odorífero". Esta situación condena a los residentes a sufrir inmisiones que alteran su vida diaria sin herramientas legales efectivas para detenerlas, sumiéndolos en una total indefensión jurídica.

A pesar de la contundencia de su rechazo, la plataforma matiza que no están en contra de la tecnología del biogás per se, sino del modelo industrial masificado. Defienden que las pequeñas plantas de autoconsumo en las propias granjas "sí sería una alternativa ecológica y de economía circular", ya que "las diferencias son abismales, puesto que apenas hay transporte de residuos, con lo cual la huella de carbono es baja". Sin embargo, lamentan que las ayudas públicas se dirijan a los macroproyectos de fondos de inversión y no a los ganaderos locales, perpetuando un modelo que expulsa a la gente del rural. Agolada, que empezaba a ganar habitantes, ve ahora cómo este proyecto amenaza con revertir esa tendencia y fomentar la despoblación rural.

Hasta ahora, los promotores y el fondo Mapfre asociado no se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Tampoco hay constancia de que hayan respondido a las demandas de información de los vecinos. 

Para los vecinos, la batalla no es sólo local: es una discusión sobre qué ruralidad queremos sostener en Galicia —si un territorio pensado para el beneficio concentrado de fondos o para la vida y la salud de sus comunidades—. La pelota está ahora en el tejado de las administraciones competentes y, mientras tanto, Agolada organiza charlas, recoge firmas y prepara alegaciones.