Santiago limitirá el precio de los aquileres al ser declarada zona tensionada

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, firmó este viernes la polémica declaración de la capital gallega como zona de mercado residencial tensionado, al amparo del artículo 18 de la Lei 12/2023, del 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La ciudad se convierte así en la segunda de Galicia en acceder a esta figura de control de precios, tras A Coruña.

Ojo, la firma de la declaración no tiene efecto inmediato sobre los contratos de arrendamiento. Su aplicación práctica quedará supeditada a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que recoja la declaración. A partir del día siguiente a esa publicación, y durante un periodo de tres años, se podrán imponer topes máximos a los precios del alquiler en la ciudad. 

La conselleira comunicó personalmente la aprobación a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en una llamada telefónica esta misma mañana. Se supone que el Gobierno de Santiago, que lleva años peleando porque la Xunta apruebe la declaración, intentará aplicar las medidas cuanto antes. 

El segundo intento de Raxoi

El camino hasta este viernes no fue sencillo. El Concello de Santiago había presentado por primera vez la solicitud en 2025, poco después de que la figura de zona tensionada quedara habilitada a nivel estatal, pero la Xunta la rechazó entonces por «deficiencias documentales y técnicas» en la documentación aportada. Tras corregir los problemas detectados, el consistorio registró una nueva solicitud el pasado 10 de marzo, que finalmente obtuvo el visto bueno del Instituto Galego da Vivenda e Solo, el organismo autonómico competente en la materia.

Con la declaración firmada, el Concello de Santiago dispone ahora de dos meses para aprobar un plan específico que contenga las medidas necesarias para corregir los desequilibrios detectados en el mercado residencial, junto con un calendario concreto para ponerlas en marcha. 

Para que una zona sea declarada como tensionada debe cumplir al menos una de dos condiciones: que el coste del alquiler o hipoteca más suministros supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o que el precio haya subido más de tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. Santiago cumple esos umbrales.

¿Qué implica para propietarios e inquilinos?

Una vez declarada la zona, las principales medidas de calado afectan tanto a propietarios como a arrendatarios. En el caso de los pequeños propietarios, la renta en los nuevos contratos no podrá superar la del contrato anterior, salvo una actualización limitada. 

Para los grandes tenedores —generalmente quienes poseen más de cinco o diez viviendas—, el precio queda sujeto a un índice de referencia oficial. Los inquilinos, por su parte, podrán solicitar prórrogas anuales de hasta tres años al terminar su contrato y en las mismas condiciones. La normativa también contempla incentivos fiscales en el IRPF para los propietarios que bajen el precio del alquiler o arrienden a personas jóvenes. 

La experiencia de A Coruña, un espejo con luces y sombras

El impacto real de la medida es, sin embargo, una incógnita. La experiencia de A Coruña, primera ciudad gallega en aplicar esta figura, ofrece un balance todavía difuso. Si bien se han registrado algunos reajustes a la baja en los precios, que el Ayuntamiento cifra en un 10 por ciento, la oposición de los propietarios ha tenido un efecto colateral relevante: desde julio del año pasado se formalizaron 300 contratos de alquiler menos, según los datos de fianzas recogidos en el Observatorio de Vivenda. Menos oferta en el mercado puede traducirse en más dificultad para encontrar piso, aunque los precios se contengan.

El panorama catalán, donde la figura lleva más tiempo funcionando, también arroja resultados mixtos. El Gobierno central y la Generalitat apuntan a una contención o bajada de precios en 2025, mientras que portales inmobiliarios y observatorios independientes advierten de una reducción de la oferta de alquiler de larga duración, con Barcelona concentrando un tercio de esa caída a nivel nac 

Posiciones políticas encontradas

La declaración de Santiago como zona tensionada cuenta con el respaldo de los partidos que integran el gobierno municipal. El BNG defiende que es una medida que funciona para moderar los precios y ha criticado con dureza a la Xunta por lo que considera un bloqueo político al proceso durante el primer intento. El PSOE, por su parte, impulsó la propuesta en el pleno municipal bajo el argumento de garantizar el acceso a una vivienda digna ante la escalada de precios. Compostela Aberta también respalda la iniciativa como respuesta necesaria a la emergencia habitacional que vive la ciudad.

Desde la oposición, el Partido Popular mantiene su rechazo a la medida. Los populares sostienen que la declaración de zona tensionada «no soluciona el problema» de fondo y denuncian lo que consideran inacción del gobierno local en otras políticas de vivienda.