El pacto para transferir la AP-9 a la Xunta sigue siendo, a día de hoy, papel mojado

La ponencia del Congreso que trabaja en la ley orgánica para el traspaso de la AP-9 aprobó este martes el informe que recoge las enmiendas pactadas por PSOE, BNG y Sumar, con el apoyo de Bildu, ERC, PNV y Junts. El PP y Vox fueron los únicos grupos que votaron en contra, una posición que, aunque no impidió el avance del texto en esta fase, tiene consecuencias de largo alcance. La norma deberá superar todavía el debate en la Comisión de Transportes y luego en el pleno del Congreso —donde necesita mayoría absoluta, 176 votos— antes de llegar al Senado, cámara en la que los populares disponen precisamente de mayoría absoluta.

Ese dato no es menor. El PP puede modificar o directamente tumbar el texto en la Cámara Alta, lo que devolvería el trámite al Congreso o forzaría un nuevo ciclo de negociaciones. Sin el concurso del PP, el camino de la AP-9 hacia la Xunta está sembrado de obstáculos de imposible resolución. La paradoja es que los propios populares llevan años reclamando este traspaso, igual que el resto de fuerzas gallegas.

La eliminación de los peajes es el objetivo último de la transferencia a Galicia, se supone que un gobierno de Galicia sería más proclive a rescatar la concesión que el Estado, que lo ha descartado por su elevado coste. El pacto del Congreso apunta a que si la Xunta rescata, el Estado pagaría las indeminizaciones a las que en su caso tendría derecho Audasa. 

PP "Desvirtúa" la ley gallega

La posición del PP no equivale a oponerse al traspaso, sino —según arguyen— a rechazar que se haga en condiciones distintas a las que el Parlamento gallego aprobó por unanimidad. Los diputados populares Celso Delgado, Pedro Puy y Tristana Moraleja justificaron su voto negativo señalando que el texto acordado por PSOE, BNG y Sumar "altera" aspectos esenciales de aquella resolución unánime del Pazo do Hórreo.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, fue aún más contundente este martes: la Xunta no aceptará que se "desvirtúe" el texto que salió de la cámara autonómica. El propio presidente Alfonso Rueda ya lo había anticipado el lunes. La principal queja del PP se centra en las garantías económicas: el acuerdo, a su juicio, no obliga suficientemente al Estado a asumir las cargas financieras derivadas de las prórrogas de la concesión, ni anula el incremento tarifario del 1% que se aplica desde 2019, ni garantiza fondos para ampliar las bonificaciones en los peajes.

Especial preocupación genera en los populares la desaparición de la disposición que obligaba al Gobierno central a asumir las obligaciones económicas en caso de que la justicia europea declare nulas las prórrogas mediante las que se amplió el periodo concesional hasta 2048. La Comisión Europea ya ha señalado la ilegalidad de aquella ampliación aprobada en tiempos de Aznar, lo que añade una incertidumbre financiera de miles de millones de euros al proceso.

La respuesta de los impulsores

Desde el PSOE, la diputada Patricia Otero celebró que se "abra la puerta" al traspaso y defendió que el pacto es "fiel al espíritu" de la ley gallega aunque no idéntico en su redacción. El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, fue directo: un voto en contra del PP exige que Rueda dé "muchísimas explicaciones", ya que nadie puede entender que los populares se opongan a algo que reclamaron con su propio voto en el Parlamento gallego.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, fue más duro y habló de "nueva traición" del PP a los intereses de Galicia, aferrándose a "pretextos formales". Rego subrayó que el texto respeta el autogobierno gallego al establecer que la concreción de lo acordado debe producirse en negociación bilateral en la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado. "Parece que el PP no confía mucho en la capacidad política y de negociación del Gobierno de Rueda", ironizó.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presente en un acto en Viveiro, reivindicó el acuerdo como prueba de que su partido "es lo mejor para Galicia" y anunció que continuarán trabajando para que la AP-9 sea finalmente libre de peajes, objetivo compartido también por el PSdeG.

El nudo del Senado

Más allá de los cruces dialécticos, el verdadero poder de veto del PP reside en el Senado. Aunque el texto logre la mayoría absoluta en el Congreso —algo que los impulsores del pacto consideran factible dado el respaldo de prácticamente todos los demás grupos—, el recorrido en la Cámara Alta es radicalmente distinto. Los populares tienen allí mayoría suficiente para introducir enmiendas sustanciales o bloquear la aprobación definitiva.

Esto coloca la negociación en un callejón: o el PP acepta sumarse a alguna versión del texto, o el proceso queda paralizado. Los promotores del acuerdo confían en que la presión política y la demanda histórica de los gallegos acaben por mover a los populares, pero de momento la Xunta y el PPdeG mantienen que el texto vigente "no tiene nada que ver" con la ley que salió del Parlamento gallego. 

AP-9, autopista del Atlántico, Xunta de Galicia