La Justicia británica ve la sentencia española del Prestige incompatible con sus resoluciones arbitrales

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha concluido este viernes que la sentenncia del Tribunal Supremo de España que obligaba a la aseguradora del Prestige, London P&I Club, a desembolsar la cantidad de 855 millones de euros por el vertido del crudo frente a las costas gallegas en 2002 es "incompatible" con sus resoluciones arbitrales.

En el dictamen, el juez ha estimado el recurso de la aseguradora argumentando que la sentencia española es "incompatible" con el arbitraje británico y, en su caso, sería contraria a los principios de la legislación británica en relación a lo juzgado.

En 2022 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la sentencia española prevalece sobre el arbitraje británico en el caso que enfrenta a España con la aseguradora de Prestige, y, por tanto estaría obligada a pagar la compensación por los daños de la manera negra.

Todo se remonta al 16 de enero de 2012, cuando London P&I Club dio inicio a un procedimiento en el que solicitaba que se declarase que España estaba obligada a presentar su recurso ante el Derecho Inglés, dado que la demanda era contractual y respondía a las normas inglesas de conflicto de leyes, por lo que debía aplicarse al contrato el Derecho inglés.

El caso parte del naufragio del petrolero Prestige, en noviembre de 2022, frente a las costas gallegas cuando transportaba 70 000 toneladas de fuelóleo, que se derramaron y causaron importantes daños en el litoral norte de España y en el litoral occidental de Francia.

En este marco, se inició una disputa judicial entre la aseguradora del buque, London P&I Club y España, planteada en dos procesos diferentes en dos Estados miembros. Dichos procesos dieron lugar a dos resoluciones judiciales: una dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña y la otra por el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.

España solicitó el reconocimiento de la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña por los órganos jurisdiccionales de Inglaterra y Gales, a lo que el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido accedió en mayo de 2019.