"La precariedad laboral mata", advierten educadores sociales gallegos tras el asesinato de Badajoz

Lugo, Santiago, A Coruña y Ourense han sido este jueves escenario de concentraciones multitudinarias de educadores sociales que han alzado la voz en recuerdo de Belén, su colega asesinada el pasado lunes en un piso tutelado de Badajoz a manos de tres menores, quienes ya han sido detenidos. Las movilizaciones, que también han servido para expresar solidaridad con los seres queridos de la víctima, han puesto el foco en las carencias de un sector al límite.
 

El CEESG trasladó públicamente sus condolencias a la familia y compañeros de la víctima, pero también alertó sobre la crisis estructural del sector. La entidad criticó la falta de recursos técnicos y económicos que sufren los centros de protección, así como las narrativas que "estigmatizan a los menores bajo tutela". "No se puede confundir los centros de protección con los judiciales; son realidades distintas", subrayaron, rechazando simplificaciones mediáticas.

Las concentraciones de este jueves no solo han sido un espacio de luto, sino también una plataforma para visibilizar las demandas de un colectivo que se siente olvidado. En sus palabras de condolencia a la familia y compañeros de Belén, el CEESG ha subrayado la necesidad de proteger a quienes dedican su vida a acompañar a los más vulnerables, un mensaje que resuena con fuerza en un momento de conmoción para el sector.

Hubo concentraciones en el Campus de Elviña coruñés , en los campus Norte y da Saúde compostelando, en el campus de la UNED en Lugo y en As Lagoas de Ourense al mediodía. Secundaron la convocatoria las tres universidades públicas del país, Comisiones, UGT, CSIF, CIG y STEG.
 

Además, exigieron a las administraciones una evaluación exhaustiva de los recursos disponibles y la implementación de protocolos que garanticen seguridad laboral y calidad en la atención. "No podemos seguir con parches. Esto es un problema de fondo", insistió un portavoz durante la concentración en Santiago.

Por su parte el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales adelanta que solicitará reuniones con las autoridades para "exigir medidas concretas" para garantizar la seguridad de las educadoras y educudaroes.

Desde Comsiions Obreiras exigen medidas. entre otras, auditorías inmediatas en todos los centros juveniles del Estado para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección normativa vigente; reversión de la externalización de los servicios sociales, suspensión de las licitaciones a la baja y revisión del pliego de condiciones para garantizar condiciones de trabajo dignas; protocolos específicos de actuación contra situaciones de denuncias previas, así como un análisis exhaustivo y riguroso del perfil de los menores que están asignados en régimen semiabierto.

El sindicato UGT se sumó a las reivindicaciones, demandando una ley básica estatal para erradicar la precariedad laboral endémica en el sector. Según sus portavoces, la sobrecarga de trabajo, los bajos salarios y la desprotección jurídica son habituales en un sistema donde muchos centros dependen de concesiones externas. "Necesitamos financiación estable y condiciones dignas, ya sea en gestión pública o privada", afirmaron.

El crimen de Badajoz no solo ha conmocionado al ámbito de la educación social, sino que ha destapado una herida que Galicia, como otras comunidades, lleva años arrastrando: la vulnerabilidad de quienes cuidan a los más vulnerables. La pregunta ahora es si este dolor se traducirá en acciones concretas o quedará en otro lamento pasajero.