Vecinos de Agolada, contra una macroplanta de biometano financiada por fondo de inversión de Mapfre

La alarma saltó el pasado mes de noviembre, cuando trascendió la intención de instalar una planta de biometano a escasos 500 metros de núcleos habitados en Agolada. La reacción vecinal no se hizo esperar y cristalizó en la creación de una plataforma el 20 de noviembre de 2025, fecha que coincide curiosamente con el inicio de operaciones de la empresa promotora. 

Los afectados denuncian que la infraestructura, diseñada para procesar unas 100.000 toneladas de residuos al año, impactaría de lleno en las parroquias de Eidián, Artoño, Berredo y Borraxeiros. La movilización vecinal ha sido inmediata, logrando reunir a más de cien personas y enviando centenares de folletos informativos ante lo que consideran una amenaza directa a su calidad de vida.

Detrás de Desarrollos Bioenergéticos Agolada S.L., constituida el 20 de noviembre con un capital social mínimo de 3.000 euros, la plataforma vecinal ha destapado una red mucho más compleja y poderosa. Según la información recabada por los opositores, esta entidad sería una empresa pantalla cuyo administrador único, Máximo Alvaro Mayordomo Ramos, figura en otras catorce sociedades similares. 

El verdadero músculo financiero provendría de Mapfre Energías Renovables II FCR, un fondo de inversión de la famosa aseguradora. Por ahora, las sociedades criticadas por los vecinos no han respondido publicamente a las acusaciones.  

El vínculo con el gran capital ha encendido las alarmas sobre la verdadera naturaleza del proyecto, que lejos de ser una iniciativa de desarrollo local, se percibe como una operación especulativa diseñada para captar subvenciones europeas y dejar los pasivos ambientales en el territorio.

Ante la presión social y las reuniones mantenidas con los portavoces vecinales, la respuesta política ha sido cautelosa pero efectiva en el corto plazo. La corporación municipal, atendiendo a las demandas de la plataforma, aprobó en el pleno del pasado 9 de diciembre una suspensión temporal de licencias para este tipo de instalaciones. 

Esta moratoria busca ganar tiempo para regular de manera restrictiva la implantación de estas industrias, evitando que se aprueben por la vía de los hechos consumados. La suspensión de licencias municipales supone un primer triunfo para los vecinos, aunque son conscientes de que la batalla legal y administrativa apenas acaba de comenzar frente a unos promotores que ya han iniciado contactos con propietarios para la compra de terrenos. Está por ver si la legislación autonómica permite que el veto municipal sea suficiente. 

La fiebre del biogas y la sombra de los residuos

Para entender por qué Agolada se ha convertido en objetivo de este tipo de proyectos, es necesario mirar el contexto energético actual. Una planta de biometano funciona mediante un proceso biológico donde la materia orgánica, en ausencia de oxígeno, se descompone generando biogás.

Este gas se depura posteriormente para obtener biometano, una energía similar al gas natural pero de origen renovable. Sobre el papel, es un ejemplo perfecto de economía circular, ya que permite transformar purines y otros desechos en energía limpia, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles importados y las emisiones de metano a la atmósfera.

Este tipo de instalaciones están proliferando por toda la geografía española, y especialmente en Galicia, impulsadas por un marco de ayudas públicas muy favorable. La Unión Europea, a través de los fondos Next Generation y el respaldo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), está subvencionando masivamente estas infraestructuras como parte de su estrategia de transición energética.

 Sin embargo, lo que la administración presenta como una solución al problema de los purines ganaderos, para las plataformas vecinales esconde una realidad más turbia. El modelo de negocio subvencionado prioriza a menudo el volumen de tratamiento sobre la sostenibilidad local, lo que lleva a diseñar plantas sobredimensionadas que necesitan importar residuos de otras zonas para ser rentables.

El punto más crítico señalado por la Plataforma Stop Biometano Agolada reside en la naturaleza de los materiales que se procesarán. Aunque se venden como soluciones para el sector ganadero, los críticos aseguran que el purín es solo la excusa para blanquear otros residuos industriales mucho más problemáticos, como lodos de depuradora y restos de mataderos. El proceso de digestión anaerobia no elimina la materia, sino que la transforma; de hecho, los datos de proyectos similares en Curtis o Xunqueira de Ambía sugieren que la cantidad de digestato resultante puede ser superior a la entrada de purines. La gestión de estos desechos finales, que volverían a los campos como supuesto fertilizante, podría implicar una carga de metales pesados y contaminantes que la tierra no puede absorber.

Impacto en la vida rural y vacío legal

Más allá de las cifras macroeconómicas, la preocupación en Agolada es tangible. Los vecinos temen que los olores de la planta y del esparcimiento de los digestatos hagan el aire irrespirable en un radio de varios kilómetros, afectando no solo a las viviendas sino también a posibles iniciativas de turismo rural. La plataforma advierte que, a diferencia del purín tradicional cuyo olor se disipa en un par de días, los residuos industriales tratados pueden generar molestias olfativas persistentes durante semanas. La contaminación odorífera es un problema de difícil solución una vez la planta está en marcha, temen los activistas. 

La situación en Agolada no es un caso aislado, sino un nuevo capítulo en la creciente tensión territorial que vive Galicia ante el boom de las renovables. Proyectos similares en la comarca de A Limia, promovido por ENCE, o en As Somozas han generado controversias parecidas, donde la promesa de empleo y gestión de residuos choca con la realidad de un tráfico constante de camiones y el temor a la contaminación de acuíferos.  

Por el momento, la Plataforma Stop Biometano Agolada mantiene su hoja de ruta con charlas informativas y recogida de firmas, advirtiendo que la planta proyectada tiene una capacidad similar a la basura generada anualmente por una ciudad como Vigo.