Pie en pared de los abogados ante la Xunta: consulta a los colegiados por la asistencia de justicia gratuita

Hasta aquí. Tras varios años de desplantes, silencios y rechazos, los abogados adscritos al turno de oficio siguen encajonados en el mismo callejón sin salida al que han sido empujados por las administraciones públicas ante el constante bloqueo de las negociaciones y la postura adoptada por gobiernos como el de la Xunta de Galicia, reticente a reconocer la relación laboral que existe entre los togados y la administración gallega. Llegados a este punto, desde el Ilustre Colegio de Abogados de Ourense han tomado una decisión definitiva: consultar a sus colegiados cuál debe ser el siguiente paso con la Xunta, después de la que consideran una "inaceptable propuesta" para la "financiación del servicio público".

"UN DESPRECIO ABSOLUTO"

Desde el ICA Ourense subrayan que desde la Xunta se ha "optado por la imposición unilateral de unas condiciones que comprometen la viabilidad de un servicio público esencial y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva". Así lo razona Marta Gómez, decana del Colegio auriense, que resume la propuesta de la Xunta en "un incremento presupuestario que no alcanza los 3 millones de euros, una cifra que la abogacía gallega considera absolutamente insuficiente, ya que el incremento estimado para cubrir el coste básico de las actuaciones realizadas por los profesionales, y que no tengan que prestar el servicio a pérdidas, es de alrededor de 6 millones de euros".

Desde el ICA sostienen que la Xunta mantiene su negativa a negociar un incremente presupuestario cuando la misma Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, con Diego Calvo al frente, propone inversiones de más de 8 millones de euros en "obras menores y mobiliario", lo que deja a las claras, para la decana, el "desprecio absoluto hacia la labor de los profesionales que, día a día, garantizan el acceso a la justicia para los ciudadanos más vulnerables". 

"Lo que falta no es dinero, es voluntad política para atender las demandas de un servicio público y un colectivo esenciales para el Estado de Derecho", arremete Gómez, al tiempo que insiste en que la Xunta "podría haber asumido, como mínimo, una parte razonable de las demandas del colectivo". Sin embargo, la administración de Alfonso Rueda ha optado por "dar la espalda a los profesionales y a la ciudadanía, imponiendo un reparto limitado de una cantidad irrisoria y una estrategia de presión económica". 

"La administración debe a los profesionales del Turno de Oficio el trabajo ya realizado en el cuarto trimestre de 2025 (al estar condicionado el pago a la publicación unilateral de un nuevo baremo); y tampoco paga a los colegios los gastos de infraestructura del año pasado, afectando gravemente a su gestión económica, al tener que adelantar estos fondos con cargo a las cuotas de sus colegiados. Esto supone una carga financiera indebida, desviando recursos que deberían destinarse a otros fines colegiales", subraya.

PROBLEMAS Y CONSULTA

Por todo ello, y ante los datos que recalcan la necesidad de una mayor inversión en este servicio (solo en el último año el número de solicitudes se ha disparado hasta rozar un 7% más, detalla desde el ICA Ourense) pues el incremento anunciado será directamente fagocitado inmediatamente por la cantidad de casos a atender, lo que supone "perpetuar la precariedad actual", el Colegio ourensano propone abrir un proceso de negociación real, alejado del modelo actual donde lo que hay, dicen, es la imposición de "una cifra cerrad, limitando el diálogo a cómo repartir los 3 millones, sin abordar el problema de fondo". 

Una negociación efectiva podría poner fin a los impagos y retrasos -cubiertos en muchas ocasines con las cuotas de los colegiados- y atender, de una vez por todas, las reivindicaciones históricas de un colectivo que mantiene su huelga indefinida a nivel estatal, una decisión que ha provocado la paralización de miles de procesos judiciales y una casacada de bajas en los colegios de abogados. 

"No se trata solo de una propuesta de financiación futura insuficiente, sino de incumplimientos presentes que afectan a servicios ya prestados y a la gestión de los propios colegios profesionales", reza la nota del ICA Ourense. En este escenario, el Colegio celebrará este miércoles 11 de febrero, a las 18 horas, una sesión d einformativa en el salón de actos de la entidad, antesala de la consulta que realizarán a los letrados para marcar la hoja de ruta a seguir ante la Xunta.

Solo hay dos posibles respuestas: o "aceptar la oferta actual y seguir trabajando gratis de forma precaria" o bien "rechazarla y mantener una postura firme hasta que se abra una negociación real de la dotación presupuestaria, que dignifique el servicio y el trabajo de quienes lo prestan". La consulta será remitida a los abogados adscritos al TO en los próximos días.