Los bomberos de Ourense escalan su huelga a los juzgados mientras la Diputación permanece en silencio

El conflicto entre los bomberos del Consorcio Provincial de Ourense y la Diputación sube de temperatura. Tras la reunión del pasado lunes 13 de abril entre representantes de ambas partes, el comité de empresa no ha recibido ninguna contestación de la administración provincial. Ante ese muro de silencio, los trabajadores ya preparan la documentación necesaria para iniciar acciones legales. "Si la administración no contesta, no quedan más caminos", ha afirmado el presidente del comité, Roberto Fernández.

La huelga indefinida arrancó el 11 de abril como respuesta a lo que los trabajadores califican como incumplimiento sistemático del convenio firmado en 2024, después de las movilizaciones de 2023. Entre las quejas principales figuran la escasez de personal en la bolsa de interinos, el uso abusivo de horas extra para cubrir los servicios mínimos y el bloqueo de la actualización salarial vinculada al IPC de 2025. "No pagan lo que tienen que pagar, y en otras provincias gallegas sí lo están haciendo", ha denunciado Fernández.

El comité también está valorando fechas para organizar concentraciones públicas que aumenten la presión sobre la institución provincial. Mientras tanto, los trabajadores esperan un informe técnico que debía haber llegado la semana pasada. "La tomadura de pelo es grande", ha señalado el portavoz de los bomberos, quien ha subrayado que la paciencia tiene un límite.

EL CONTEXTO MÁS PREOCUPANTE

La situación resulta especialmente grave teniendo en cuenta el calendario. La huelga coincide con el inicio de la campaña de prevención de incendios forestales, en una provincia que vivió uno de los peores veranos de su historia, con más de 90.000 hectáreas arrasadas en comarcas como Valdeorras. La bolsa de interinos apenas cuenta con tres personas activas para todo el consorcio. El BNG ya llevó el asunto al Parlamento gallego: el diputado Iago Tabarés registró una iniciativa para exigir a la Xunta y a la Diputación que asuman responsabilidades y refuercen el servicio.

El presidente de la Diputación, Luis Menor, defiende que la administración tiene el servicio garantizado conforme a la legalidad y que los posibles fallos en los servicios mínimos se deben a bajas de última hora, no a una dejación institucional. "Estamos ante un caso que no admite interpretación política", ha insistido Menor, quien recuerda que desde el convenio de 2024 los bomberos pasaron a ser empleados públicos y que se trabaja en la convocatoria de 17 nuevas plazas.

LA XUNTA, AL MARGEN

La Xunta de Galicia, que comparte la titularidad del consorcio aportando el 62,5% de su presupuesto frente al 37,5% de la Diputación, no se ha pronunciado públicamente sobre el conflicto. Su silencio contrasta con la gravedad de una situación que afecta directamente a la seguridad de los ciudadanos ourensanos y que, según los bomberos, lleva meses funcionando al límite de su capacidad.