Colapso de la justicia penal en Ourense con más de 3.500 causas atascadas por la falta de personal

El Servicio Común de Tramitación Penal del Tribunal de Instancia de Ourense acumula más de 3.500 procedimientos sin resolver y casi un millar de escritos pendientes. Así lo denuncia el sindicato Alternativas na Xustiza, que advierte de que la situación no es coyuntural sino estructural: la reorganización impuesta por la nueva oficina judicial ha reducido la plantilla más de un 54% respecto a los efectivos con los que contaban los antiguos juzgados.

Antes de la reforma, los tres juzgados de instrucción y los dos juzgados de lo penal sumaban entre sí 37 trabajadores entre gestores, tramitadores y auxiliares. Con la creación del Tribunal de Instancia, el servicio quedó dividido en dos secciones —instrucción y enjuiciamiento— con una dotación total que apenas alcanza la mitad de aquella cifra. La sección de enjuiciamiento cuenta únicamente con cuatro trabajadores para atender dos plazas judiciales, a los que se suman dos personas dedicadas exclusivamente a señalar las vistas de violencia sobre la mujer.

Desde el 1 de enero, la justicia en la provincia funciona bajo el modelo de nueve tribunales de instancia, con cambios organizativos que, según abogados, procuradores y trabajadores de la administración, han generado un auténtico caos en los juzgados, requiriendo más tiempo del previsto para adaptarse al nuevo sistema.

PERSONAL AL LÍMITE

La escasez de efectivos en instrucción arrastra directamente a la sección de enjuiciamiento. Tres de las cuatro trabajadoras de esa sección se ven obligadas a cubrir guardas semanales, lo que significa que durante esos turnos una sola persona debe atender todas las vistas señaladas sin posibilidad de revisar si los implicados han sido citados ni si existen escritos pendientes. 

Esta situación ha disparado el número de suspensiones: solo en el primer trimestre de 2026 se suspendieron cerca de 70 vistas, a las que se suman más de 550 procedimientos pendientes de celebración de juicio a 31 de marzo. Los señalamientos ya se prolongan hasta 2027.

La sección de instrucción, por su parte, gestiona más de 2.500 procedimientos y supera los 650 escritos, además de asumir guardas y preparar diariamente declaraciones de investigados y perjudicados. El sindicato alerta de que esta sobrecarga hace prácticamente inviable cumplir el plazo de un año que establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la instrucción de causas, con el riesgo real de que numerosos casos sean archivados por no prorrogarse a tiempo las diligencias.

DINERO EUROPEO SIN DESTINAR A JUSTICIA

Alternativas na Xustiza señala que tanto la Dirección Xeral de Xustiza como el Secretario Coordinador del Tribunal de Instancia de Ourense fueron advertidos en varias ocasiones de esta situación, por lo que no pueden alegar desconocimiento. 

El sindicato recuerda además que la Xunta de Galicia asumió en 1996 las competencias en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia, y que con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia recibió, según palabras del propio presidente Alfonso Rueda, más de 1,1 millones de euros del Estado con cargo a fondos europeos, recursos que, según denuncia el sindicato, no se están destinando a reforzar ni la plantilla ni las condiciones laborales del servicio.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial ya mostraban, entre el segundo y tercer trimestre de 2025, un incremento de los asuntos sin resolver en la jurisdicción penal de Ourense, que pasaron de 5.292 a 5.841.