Un modelo precario de Seguridad Privada "Low Cost" que no entiende de colores políticos

Iván Blanco Martínez

Secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO).

Haciendo uso de la independencia de partidos políticos que nos identifica a la FTSP-USO, podemos vaticinar el caos que se les avecina a las administraciones públicas de todo el Estado con la contratación de servicios de Seguridad Privada si no se provoca un cambio de modelo en el acceso a estas licitaciones.

 

En los últimos años hemos vivido suspensiones de pagos en diversas empresas que han afectado a millares de trabajadores y trabajadoras. Empresas que nuestra federación denomina como “piratas del sector”, y de las que llevamos advirtiendo del peligro de adjudicación de contratos a las mismas a todos los organismos públicos dirigidos por diferentes partidos políticos, sin que se llegarán a tomar del todo en serio nuestras reivindicaciones.

 

De estas reivindicaciones del conjunto de compañeros y compañeras a los que representamos, en las que llevamos años exigiendo una contratación pública responsable y respetuosa con los derechos de los trabajadores del sector, en contadas ocasiones se ha puesto coto a la contratación de empresas “Low Cost”, sin apenas estructura y que presentan ofertas que apenas cubren los costes del servicio que prestan, repercutiendo sus pérdidas a los trabajadores mediante el impago de salarios.

 

De poco sirve si los partidos políticos cargan sus mochilas de promesas electorales con cambios legislativos en beneficio del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país, cuando en los propios organismos públicos en los que gobiernan fomentan la conflictividad laboral entre sus contratas.

 

Estamos ante un modelo precario de Seguridad privada “Low Cost” que no entiende de colores políticos y que necesita una representación de la parte social apartidista, que luche por el veto a las incumplidoras, y, sin dolerle prendas, esté favor de la contratación de empresas que se sumen a la responsabilidad y respeto hacia las condiciones laborales de los compañeros y compañeras del sector.

 

Si el conjunto de actores que son parte de esta problemática, políticos, empresas cumplidoras y sindicatos no somos conscientes de esta realidad, estaremos abocados al caos en la contratación pública no solo en lo que a seguridad se refiere, sino en cualquier sector al que favorezca una implantación masiva de “empresas pirata” facilitada por la actual Ley de Contrataos del Sector público.

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