Cuando los políticos normalizan lo que no debería ser normal

Si dejáramos de lado la ley y las ideologías, se podría cumplir el dicho popular de que, en algunos aspectos, «todos los políticos son iguales». El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, es el regidor de una capital de provincia que más tiempo lleva en el cargo; ahora, refrendado de nuevo por la asamblea local del BNG, va camino de cumplir 28 años en la alcaldía y 40 en la corporación municipal. Le sigue Francisco de la Torre, del Partido Popular, que suma ya al menos cinco mandatos. Son solo dos ejemplos que demuestran cómo, en esto, conservadores, socialistas y nacionalistas se dan la mano.

Llegados a este punto, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG 5/1985) debería modificarse en algunos de sus artículos para evitar un abuso de la misma. Al no existir límite de mandatos, los candidatos y sus cargos de confianza se perpetúan, lo que conlleva que los partidos patrimonialicen las instituciones y se maquillen congresos «a la búlgara». Con ello, lo único que se 

consigue es devaluar la calidad democrática del país, a pesar de que España ocupa el puesto 21 —subiendo dos posiciones— en lo que a libertades se refiere, según datos de 2025 del Economist Intelligence Unit (EIU).

La gestión política —local, autonómica o nacional— no debería estar condicionada por los aparatos de los partidos, los egos ni los personalismos. Perpetuar a los candidatos electos por tiempo indefinido puede derivar en corrupción y tráfico de influencias, donde familias afines copan la administración en todos sus niveles. Existen, además, informes independientes de organismos internacionales que consideran esta estructura poco eficiente y sobredimensionada, aunque esto daría para otro artículo.

Los elegidos mediante las urnas deben dar un ejemplo no solo legal, sino también ético y moral. Cuando se cree en un proyecto político, se debe creer en el equipo y saber buscar un relevo que lo continúe. Evitar la normalización de un candidato que ostenta un puesto de manera indefinida es vital; de lo contrario, cuando este finalmente se retire por el cansancio y hartazgo del electorado, se producirá una alternancia hacia otra formación por mera saturación. Esto, que es algo natural en democracia, ocurre cuando se trata la política de forma personalista y egoísta, sin una visión global y colectiva. Muchas veces, el electorado vota «con la nariz tapada» a su propia opción política al no existir una alternativa mejor.

Hemos normalizado lo que no es normal: la corrupción, el tráfico de influencias, la judicialización de la política, los parentescos en la administración pública, la perpetuidad en los puestos de confianza y las puertas giratorias. Alcaldes, presidentes de diputaciones, senadores y directores generales rotan por distintos puestos hasta que deciden, a menudo de forma tardía, retirarse con una buena jubilación tras haber ocupado cargos en ocasiones poco productivos.

La reducción del número de ayuntamientos, el adelgazamiento de la administración y la modificación de la LOREG para limitar los mandatos deben ser prioritarios. No podemos normalizar esta anomalía en la que una parte de la sociedad se beneficia de políticos que generan hábitos viciados y «chiringuitos» para los suyos.

Volviendo al inicio, los dos ejemplos citados ilustran una España de castas —no ideológicas en el sentido estricto, sino de intereses— donde perpetuarse es el fin de una ambición personal. Esta excesiva exposición mediática y el intercambio de favores se dan en todas las formaciones, abusando de la ley y alimentando a esos «estómagos agradecidos» que después votan en primarias y congresos. Esta bicefalia tóxica devalúa la democracia interna y hace ver como normal lo que es una anomalía sistémica.

Saber retirarse a tiempo es una decisión individual. Aludir a la «disposición del partido» es la excusa de quien busca ocultar sus carencias tras las siglas para no abandonar el poder. Con la actual ley electoral, sin limitación de mandatos, los partidos y las instituciones se entremezclan en una forma personalista de entender la democracia que solo se resolvería con más transparencia y una reforma legal valiente.