Galicia: ¿un país o un reino de taifas?

Taifas: pequeños reinos formados trala disolución del califato Omeia que eran autónomos y estaban  gobernados por una familia.

En un artículo anterior en este mismo medio, y con motivo de las elecciones locales que se van a celebrar el próximo 28 de mayo, defendía la necesidad de hacer país desde los ayuntamientos para así avanzar cara una Galicia más democrática y con mayores niveles de empleo, progreso y bienestar. Un hacer país que, en la opinión del que esto escribe, precisa entre otras medidas de la eliminación de las Diputaciones provinciales cuya existencia impide tal objetivo pues convierte a Galicia en una especie de reino de taifas. Algo sobre lo que tenemos continuas y lamentables evidencias.

Desde hace décadas Ourense viene siendo una de las provincias menos desarrolladas de Galicia. Un menor desarrollo que se ve reflejado, por caso, en su renta bruta media (20.887 euros: 90% de la media gallega) y que tiene entre sus efectos una continua pérdida de población (30.000 en la última década: 10%) especialmente entre la gente joven, lo que contribuye también a un creciente envejecimiento. Por si esto no fuese suficiente, esta provincia viene siendo conocida públicamente por las prácticas de nepotismo de no pocos de sus líderes políticos a cuya cabeza, desde hace décadas, aparece la familia BALTAR, cuyo último brote (J.M. Baltar Blanco) ocupa actualmente la Presidencia de la Diputación que "heredó" de su padre. Una presidencia que mantiene los modos y las formas propias de un "reino de taifas" como recientemente se pudo volver a comprobar con motivo de un impresentable comportamiento del que los medios gallegos dieron cumplida cuenta. Un suceso delictivo que avergüenza a los ourensanos y ourensanas sitúa de nuevo en las portadas de no pocos medios a Ourense como ejemplo de reino de taifas.

Independientemente de lo vergonzoso del asunto, lo que debemos preguntarnos es cómo pueden suceder estos hechos y de manera tan repetida. Como se toleran ya que, por caso, el partido (PPdeG), al que pertenece el señor Baltar, no solo no tomó ninguna medida disciplinaria sino que amparó al infractor delante de las lógicas críticas de la oposición y de los medios de opinión. La explicación es clara: para el PPdeG el mantenimiento del poder en la Diputación de Ourense está por encima de cualquier otra consideración política o ética, pues le resulta imprescindible para conseguir unos resultados electorales en la provincia de Ourense que le permiten mantener una mayoría absoluta en el Parlamento Gallego que dé de paso el control de la Xunta de Galicia. Un poder provincial que resulta posible por las razones que venimos denunciando en este medio: la débil base económica de la mayoría de los ayuntamientos que, con unos recursos tributarios que oscilan entre el 25% y el 30% de sus ingresos, ven limitada totalmente su autonomía fiscal haciéndolos financiera y, por tanto, políticamente dependientes de las Diputaciones. Una dependencia que la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (reformada en el 2013) reforzó al facilitar que, mediante convenios, las Diputaciones asuman en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes -el 92,5% del total en Galicia- tanto la gestión tributaria y recaudatoria de sus principales ingresos propios como la prestación integral de los servicios básicos (residuos, limpieza, abastecimiento de agua potable, mantenimiento...). Una cesión de soberanía obligada por el minifundismo y la debilidad económica municipal.

He ahí que al PPdeG y la mayoría de los partidos políticos gallegos les interese mantener  esta estructura provincial porque, a través de las Diputaciones, tienen el control político de una parte muy importante de los ayuntamientos y del electorado. Un poder provincial y partidario -he ahí, por caso, como el aparato del PSdeG-PSOE está en manos de presidentes y presidentas de Diputaciones- que convierten a Galicia en un reino de taifas. Un reino de taifas que contribuye a que este país posea enormes déficits de democracia y bienestar.