Unas elecciones que se celebran en un contexto recesivo

Las mujeres gallegas no sólo tienen peores salarios que los hombres y mayores dificultades para encontrar un empleo digno sino que no escapan a la lacra de la violencia de género a pesar de ser esta una de las comunidades con menores tasas

En toda campaña electoral que se precie los partidos políticos contendientes suelen presentar balances radicalmente distintos según ocupen el gobierno o la oposición. Intentemos en base a las evidencias empíricas analizar algunas características del contexto socioeconómico en que se celebran las elecciones gallegas que han sido convocadas por la Presidencia de la Xunta de Galicia. Análisis que no se fija en las variables más tradicionales (PIB, RN...) por considerar que estas apenas aportan nada sobre la realidad de que se trata al dejar fuera elementos tan decisivos como, por caso, el medio ambiente, el bienestar, la igualdad... 

Empezando por medio ambiente es necesario subrayar que los servicios encargados de analizar el tiempo así como científicos y expertos, nos informan de cómo el cambio climático ya está afectando a Galicia desde hace décadas, muy especialmente desde los años noventa cuando se empezó a constatar que las temperaturas en promedio tendían a subir, particularmente en primavera y en verano. Un incremento que se encuentra ligado a que las temperaturas extremas están siendo más altas y frecuentes que antes por lo que las probabilidades de eventos extremos, como olas de calor, se están incrementando (tenemos ahí el caso de la provincia de Ourense donde empiezan a ser relativamente frecuentes las temperaturas superiores a los 40ºC). En el caso de las precipitaciones, aunque no presentan una tendencia definida, sí se aprecia que aumentan en otoño y disminuyen en invierno lo que supone menos lluvias a lo largo del año. Entre otras anomalías climáticas también se constata la aparición de fuertes rachas de vientos. Fenómenos que dibujan un panorama ambiental general que sumado a los impactos provocados por una industria depredadora de recursos naturales y altamente contaminante, unas grandes infraestructuras viarias que no respetan ni espacios naturales ni sistemas ecológicos y un crecimiento urbanístico sin control están provocando una crisis ecológica que afecta gravemente al aire, la fauna, la flora, los suelos, los mares y los ríos de Galicia. 

Por otra parte la recuperación laboral post-COVID19 no es capaz de frenar la cronificación de la exclusión social y el deterioro del bienestar social cuyas causas, en ambos casos, son políticas: el gobierno gallego, junto con el de la Comunidad Autónoma de Madrid, está a la cola de los gobiernos autónomos en inversión pública para bienestar social. Las políticas de ajuste fiscal y de privatización de lo público que ponen el foco en servicios públicos esenciales como la atención sanitaria, la vejez, la dependencia, la familia, el empleo... hicieron crecer aún más los déficit de bienestar ampliando el número de familias gallegas en riesgo de exclusión social y de hogares con apuros para llegar a fin de mes. Una cronificación de la exclusión social que enquista las desigualdades tanto a nivel de rentas como de género. Las mujeres gallegas no sólo tienen peores salarios que los hombres y mayores dificultades para encontrar un empleo digno sino que no escapan a la lacra de la violencia de género a pesar de ser esta una de las comunidades con menores tasas. 

Un contexto ambiental, social y económico condicionado por un marco jurídico-institucional que refleja un gran déficit de soberanía política provocado muy especialmente por la negativa del gobierno gallego de turno (PP) a completar las transferencias estatutarias pendientes, o en su caso a redactar un nuevo estatuto, lo que le dotaría de mayores capacidades (jurídicas, institucionales y políticas) para afrontar muchos de los problemas que esconde esta comunidad como los que vengo de subrayar.