La sociedad contamina a la política y no al revés

Pensamos de forma mayoritaria, un tanto instintiva y creo que de manera equivocada, que la corrupción afecta a la vida pública solo cuando determinados políticos son los corruptos (que no la política). Olvidamos que estos provienen de esa misma sociedad que tanto cuestiona el sistema público, pero de la que ambos se retroalimentan.

El absentismo laboral, el pelotazo inmobiliario, los puestos en la administración de poca productividad o una sociedad sin valores, hedonista, polarizada y competitiva, se sufren día a día en todos los sectores profesionales. De ahí provienen muchos cargos electos que carecen, en muchos casos, de vocación política o de servicio público; utilizan su puesto para beneficio propio y de los suyos, entendiendo el cargo como sinónimo de hacer vida social (que es lo que realmente les gusta hacer a algunos, aunque ello vaya en el sueldo).

Hemos visto con toda normalidad como un cargo directivo sin formación alguna se sienta en el palco al lado de Felipe VI en la final de la Copa del Rey, o como el alcalde de Ourense no solicitó la compatibilidad con sus negocios privados, algo que ahora pide investigar la fiscalía. En estos dos casos me refiero a la facilidad con la que algunos llegan a puestos de relevancia; a menudo es el perfil de personas que los aparatos de los partidos, lamentablemente, quieren y fomentan.

Los vínculos entre el sector privado y lo público están en el ADN del funcionamiento del propio sistema, al cual nutre la propia sociedad de la que provienen muchos dirigentes actuales cuya vocación de servicio es nula. Es un ADN del que ya se nutrían antes de llegar al cargo: saben dónde infiltrarse —como en las estructuras de los partidos— con el único fin de favorecer sus intereses personales.

Que a una persona no le interese la política no la hace ni mejor ni peor, ni la exime de la responsabilidad que como ciudadano tenga fuera de ella. La corrupción está en el tejido social; el problema surge cuando esta entra en la política. Un ejemplo sería el caso Palau (Palau de la Música Catalana), de donde se desviaron fondos para financiar a formaciones políticas.

Según un estudio de la Universitat de Barcelona, entre los años 2000 y 2020 se registraron 3.743 casos de corrupción: el 40,5% correspondientes al Partido Popular y el 38,3% al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sumando entre ambas formaciones el 75,8% de la corrupción en España. Muchos casos tienen su origen en ONG o empresas, creándose sociedades sin actividad mercantil alguna que posteriormente se presentan a concursos públicos convocados por la Administración del Estado, como el caso de las mascarillas, actualmente en fase de juicio en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Cualquier ciudadano puede ir en unas listas electorales —es un principio básico en democracia—, pero hay que establecer límites para determinados puestos en los que se deberían exigir unos mínimos. A veces no basta con la formación y titulación, sino que el candidato debería estar relacionado profesionalmente con el cargo que quiere desempeñar. En definitiva, se trata de poner filtros: una defensa en la prevención de la corrupción entre políticos y sociedad.

Otro ejemplo es la práctica, cada vez más extendida, de presentar mociones de censura a un año de las elecciones municipales con la ayuda de cargos electos tránsfugas (aun siendo esto legal). El político debe ser cercano al pueblo, pero si un ciudadano lo que quiere es que le hagan favores porque el cargo de turno sea «campechano», para eso ya está el furancho.