La responsabilidad de los nacionalistas vascos

El anticipo de unas elecciones generales estaría condicionado, entre otros escenarios posibles, por una convocatoria por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o por la retirada del apoyo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco (PNV); una situación con unos márgenes de maniobra arriesgados para ambos y con un futuro calendario judicial comprometido para el Ejecutivo. La moción de censura por parte del Partido Popular sería viable si este obtuviera los cuatro votos necesarios para presentarla. O bien podría arriesgarse a ella aun perdiéndola, dejando así que se retraten Pedro Sánchez y las fuerzas parlamentarias que lo apoyan. Todo ello en un contexto de seudogobernabilidad, con unos terceros presupuestos sin aprobar; motivo más que suficiente para disolver las Cortes, potestad exclusiva del presidente del Gobierno.

El propio PNV sería en este momento el primer interesado en que sea Pedro Sánchez el que convoque elecciones anticipadas, sin que ello suponga un desgaste y un coste electoral para los nacionalistas vascos con un Bildu pisándoles los talones. Además, los doce diputados del PSE-EE/PSOE en Euskadi siguen condicionando la gobernabilidad de Ajuria Enea, a lo que habría que añadir una situación similar en las diputaciones forales. Por otro lado, el calendario judicial condicionará el año de legislatura que queda (si se cumple este), donde en principio, y como indican los sondeos, socialistas y socios de gobierno saldrían perjudicados, siendo la corrupción la que salpica a toda la política nacional.

El sistema electoral español no es el británico, donde más de 70 diputados laboristas solicitaron la dimisión de su compañero de filas y primer ministro, Keir Starmer. Moción de confianza, moción de censura, elecciones anticipadas, retiro del apoyo parlamentario... todas ellas son un dardo envenenado para el actual Ejecutivo, que ya no cuenta con el apoyo social tras perder de manera contundente las elecciones en Castilla y León, Aragón y Andalucía, siendo la única excepción Cataluña, comunidad gobernada por el PSC de Salvador Illa.

Podemos intuir cuál será la alternativa de producirse unas elecciones anticipadas, pero en tiempos de polarización social todo es posible. La corrupción y las formaciones clásicas que se han alternado en el poder desde el inicio de la democracia son las únicas responsables del ascenso de los populismos y la ultraderecha. Mientras tanto, el PNV y todos los demás actores políticos que no apoyan al Ejecutivo dejan que todo se degrade, esperando a que la fruta se pudra. Pero que nadie se llame a engaño: el próximo gobierno será el resultado de lo que vemos hoy en la vida pública. El que esté libre de polvo y paja, que tire la primera piedra.

El PNV entiende en su fuero interno que cualquier paso que pueda dar para cuestionar la sostenibilidad del Gobierno tendría un coste para los nacionalistas vascos; por ello, desean que sea el propio Pedro Sánchez el que disuelva las Cortes. Nos encontramos ante un legislativo que no legisla, un ejecutivo que no gobierna y una justicia que está en entredicho, donde la separación de poderes brilla por su ausencia. Es la España goyesca, donde el PNV no sería el único actor en tener la última palabra, pero sí es cierto que un paso adelante de los nacionalistas sería decisivo y necesario en el futuro político e inmediato del país.

El proyecto político de los nacionalistas vascos empieza y acaba en Euskadi, algo de lo que debería tomar nota Gabriel Rufián si realmente creyera en un proyecto político que no tiene. Precisamente por ello, el PNV condiciona la política nacional pensando primero en sus votantes y cumpliendo con el papel que le han marcado sus electores. Es Pedro Sánchez el que, presionado por sus cortesanos y la corrupción, no cumple con el suyo.