No son casualidades: el reloj judicial marca horas políticas

No creo en las casualidades cuando los calendarios judiciales se alinean con los ciclos políticos, ni cuando una sucesión de causas contra el entorno del Gobierno y del PSOE irrumpe en la agenda pública con una sincronía que resulta, cuanto menos, elocuente. Pero tampoco creo en las casualidades cuando, al mismo tiempo, el Partido Popular acumula sus propios expedientes: el «caso Púnica», con Francisco Granados en el banquillo; las ramificaciones del «caso Gürtel», que aún resuenan; las investigaciones por financiación irregular en diversas comunidades autónomas, o las causas que salpican a figuras como Cristóbal Montoro por presunto tráfico de influencias. Lo que vivimos no es un simple goteo partidista, sino un fenómeno estructural: una justicia que, lejos de actuar como árbitro imparcial, parece haberse fragmentado en bloques de afinidad ideológica, donde la toga se confunde con la trinchera y la independencia judicial se ha convertido en un eslogan más dentro de la guerra de relatos. La ciudadanía ha perdido la fe en los tribunales, y no por desapego cívico, sino por una acumulación de señales que difícilmente pueden ignorarse.

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Los hechos están sobre la mesa y afectan a todos. Del lado del Gobierno: el «caso Koldo» y la imputación del exministro Ábalos por la contratación de mascarillas; las diligencias contra David Sánchez en la Diputación de Badajoz; las investigaciones a Santos Cerdán por supuestos amaños de obra pública; la causa abierta a Begoña Gómez por presunta malversación en actividades universitarias; o los pagos en efectivo a algunos listillos "sociolistos" entre 2017 y 2024. Del lado de la oposición: el «caso Kitchen», el «caso Púnica» —con una red de corrupción que alcanzó a múltiples niveles del PP—, las condenas firmes del «caso Gürtel», que marcaron la moción de censura de 2018, y las investigaciones en curso por presuntas irregularidades en la Comunidad de Madrid o en la gestión de fondos europeos en territorios conservadores. Ningún gran partido está libre de escrutinio, y la presunción de inocencia debe seguir siendo sagrada para todos. Pero la percepción ciudadana es clara: algo huele mal. Como ya advirtió Blaise Pascal: «La justicia sin fuerza es impotente; la fuerza sin justicia es tiránica». Hoy, los tribunales tienen fuerza de ley, pero les falta la fuerza moral de ser percibidos como justos. Entre sus señorías, "pagan justos por pecadores".

Cuando estos procedimientos se acumulan en ventanas temporales críticas —negociaciones presupuestarias, citas electorales, debates de reforma—, y cuando las resoluciones judiciales muestran raseros distintos según el signo político del investigado, la calle deja de ver justicia y empieza a ver estrategia. No es paranoia: es la lectura que hace una sociedad que observa cómo las causas se aceleran o se congelan según la conveniencia del relato, cómo las filtraciones a los medios llegan con precisión quirúrgica y cómo los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial se han convertido en un reparto de cuotas que contamina la percepción de neutralidad desde la cúpula. No es un fenómeno nuevo. Montesquieu ya sentenció en El espíritu de las leyes que «para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder». Si ese equilibrio se rompe, la justicia deja de ser contrapeso y se convierte en instrumento.

Cuando los jueces

No todos se perciben alineados en bloques partidistas, la justicia deja de ser un refugio y se transforma en un arma. Y aquí no vale el consuelo de que «son cosas del sistema» o de que «la ley es la ley»: un poder judicial que no inspira respeto social ha perdido su autoridad moral, por más que cite artículos y vista de negro. La confianza no se decreta; se construye con transparencia, equidad y distancia real frente al poder político. Hoy, esa distancia parece haberse evaporado. La gente no exige impunidad; exige que la vara sea la misma para todos, que los plazos respondan a la complejidad de las causas y no a la agenda mediática, y que las sentencias hablen con argumentos, no con titulares.

Cuando esa igualdad percibida se quiebra, el daño va más allá de un partido o de un ejecutivo: se erosiona el Estado de derecho. Si la ciudadanía asume que los tribunales son extensiones de la batalla partidista, el siguiente paso es la ley del más fuerte: el tribunal de la opinión pública, la polarización sin límites, la normalización de la sospecha sistemática. Y en ese escenario, nadie gana. Ni el PSOE, que vive bajo la sombra del desgaste permanente; ni el PP, que ve cuestionada su propia narrativa de «limpieza institucional»; y, sobre todo, ni los ciudadanos, que ven cómo se les niega una institución que debería garantizar protección, no persecución.

Recuperar la legitimidad judicial exige más que comunicados institucionales o ruedas de prensa defensivas. Requiere cerrar el paso a las filtraciones interesadas, despolitizar los nombramientos, garantizar que las instrucciones y los autos se rijan por criterios técnicos y no por coordenadas ideológicas y, sobre todo, devolver a los jueces su rol esencial: aplicar la ley, no dirimir contiendas electorales. Mientras no se restaure la percepción de imparcialidad, seguiremos confundiendo justicia con desgaste y escrutinio democrático con ataque coordinado. La democracia no se sostiene con impunidad, pero tampoco con tribunales convertidos en arietes políticos. Exigir una justicia que respete a todos por igual no es defender a un partido; es defender el contrato social. Y si algo tiene claro la calle, es que en política las casualidades, cuando se repiten con ritmo de cronómetro, suelen tener nombre, fecha y objetivo. La justicia no puede ser un arma de ida y vuelta: o es para todos, o deja de ser justicia.