¿Por qué la confianza ciudadana en la justicia es tan baja?

No debería extrañar que en España la confianza de los ciudadanos en la justicia se desplome y esté prácticamente bajo mínimos, como pone en evidencia el dato de que, según un muy reciente Informe de la Comisión Europea, figura entre los estados de la Unión Europea con menor confianza ciudadana en la independencia de jueces y tribunales: de los 27 estados analizados, España se sitúa como el séptimo con peor percepción, solo por delante de Polonia, Croacia, Bulgaria, Eslovaquia, Grecia y Hungría. Algo que no debería extrañarnos porque, si analizamos lo sucedido en la última década, encontraremos evidencias contundentes que avalan esa desconfianza.

Una desconfianza que descansa en la comprobación de que en demasiados casos no se respeta la presunción de inocencia y en otros, también numerosos, no se actúa igual si se trata de representantes políticos de las izquierdas que si fuesen de las derechas y, finalmente, en que tampoco se respeta como se debería la división de poderes. Desconfianza que se amplía cuando comprobamos cómo tampoco se respeta el secreto de los sumarios e incluso se producen situaciones en las que magistrados no respetan las leyes. Evidencias que conducen a pensar que en España, desde que triunfara la moción de censura de Pedro Sánchez contra el gobierno de Mariano Rajoy, estamos asistiendo a una ofensiva judicial para derribar al Gobierno de coalición (PSOE/Sumar), focalizada en su presidente (Visto para sentencia, Juan Antonio Martín Pallín). Repasemos las evidencias.

En relación al no respeto a la presunción de inocencia hay muchos casos, pero voy a hacer referencia a dos recientes y muy relevantes que resultan paradigmáticos. El primero fue el caso del anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; el segundo, el de un expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero. En ambos casos no se respetó la presunción de inocencia pero, a pesar de ello, el primero sería condicionado nada más y nada menos que por el Tribunal Supremo y el segundo parte ya condenado en el auto del juez sin que aparezcan pruebas en el mismo de las acusaciones vertidas. En relación al trato desigual según se trate de políticos de izquierdas y nacionalistas o de derechas, basta hacer memoria sobre los casos de Pablo Iglesias, Irene Montero, Juan Carlos Monedero, Ada Colau, Mónica Oltra, Juan María Atutxa, Oriol Junqueras, Begoña Gómez y David Sánchez, entre otros muchos, y compararlos con el trato judicial a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal, Esperanza Aguirre, Francisco Camps, Isabel Ayuso, González Amador, Cristóbal Montoro, Carlos Mazón, etc.

En relación al no respeto a la división de poderes por magistrados e instancias jurídicas, tenemos varios casos muy llamativos que van desde el Estatuto de Marivent hasta la Ley de Amnistía. En el primer caso, el Tribunal Constitucional desnaturalizó un estatuto aprobado por el Parlamento de Catalunya y refrendado posteriormente por la ciudadanía catalana. En el segundo caso, una ley aprobada por el Parlamento español fue contestada por miembros destacados del poder judicial que intentaron impedir su puesta en práctica a pesar de haber sido avalada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estamos así ante una estrategia que busca conseguir en las vías judiciales, previamente ideologizadas, una resolución desconociendo el principio de la división de poderes y la imparcialidad, dejando sin efecto las decisiones emanadas de la soberanía popular respecto a la elección de sus representantes y del Poder Ejecutivo.

En relación al secreto del sumario —“declaración expresa en virtud de la cual las diligencias de investigación permanecen secretas hasta la apertura del juicio, pudiendo ser total o parcial. La revelación se conmina con la imposición de una multa y responsabilidad penal, en su caso, a abogados y funcionarios públicos”—, tenemos constantes evidencias de que aquel no se respeta cuando se trata de investigaciones judiciales a políticos de izquierdas y nacionalistas. Así vemos cómo en los casos ya citados, el del anterior fiscal general del Estado o el reciente de José Luis Zapatero, los partidos de derechas (PP, Vox) y sus altavoces tuvieron conocimiento de los expedientes bastante antes que los afectados. ¿Cómo es posible?: fácil adivinarlo. Algo que a las derechas y a sus altavoces les permite ir calentando el ambiente para que los acusados sean condenados por la opinión pública incluso antes de que se inicie el juicio. No pasa lo mismo cuando se trata de políticos de derechas —Gürtel, Púnica, Kitchen, Montoro...— donde el secreto de sumario es total.

Finalmente, en lo que hace referencia al no respeto a las leyes por algunos magistrados, venimos de conocer un caso reciente que hace referencia al juez Peinado, quien en su última actuación judicial contra Begoña Gómez cita a las personas investigadas a una audiencia preliminar a la que deben “comparecer personalmente, con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de audiencia preliminar”, llegando a verter amenazas de “adoptar medidas para evitar que eludan la justicia”. Consultadas eminentes voces judiciales, estas nos informan de que estamos ante un delito por parte del juez Peinado, pues los investigados no tienen por qué acudir personalmente a esa cita. Una actuación judicial que resulta inaudita.

La pregunta resulta obvia: ¿por qué en casos como estos no actúan los poderes judiciales superiores tal y como debería ser preceptivo? ¿Por qué con este tipo de actuaciones no resulta extraño que en España la confianza ciudadana en la independencia de jueces y tribunales sea muy baja? Una escasa confianza y una creciente certeza de que estamos asistiendo a una ofensiva judicial para derribar al Gobierno de coalición, focalizada en el presidente de Gobierno.