La legalidad y la ética política no siempre van de la mano

Esta semana, pasado ya el maratón electoral, la actualidad política se ha visto sacudida por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Un caso que puede dar lugar a una reflexión de calado y que hace referencia a la relación entre legalidad y ética políticas: sobre si pueden caminar separadas o deben ir juntas. Pero antes entremos en el detalle del caso Plus Ultra.

Si para analizar con fundamento el expediente judicial nos apoyamos en la opinión de juristas de prestigio, encontramos las siguientes evaluaciones. “Un auto vacío, mucho ruido y poquísimas nueces, no hay nada”, afirma Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, “para que exista el tráfico de influencias, se tiene que demostrar en el auto que hay una influencia irresistible sobre el funcionario público que tiene que tomar esa decisión. En este caso el funcionario es el Consejo de Ministros, que es quien aprueba la norma mediante la cual se regulan las ayudas a las empresas en ese momento, y no hay una sola referencia en el auto de ningún funcionario público, ni siquiera la SEPI, sobre el cual se hubiera actuado por parte de Zapatero de una manera irresistible para que se concedieran los préstamos a Air Europa”, por lo que estamos “ante un auto jurídicamente vacío”.

Por su parte, Joaquim Bosch —que fuera portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia— apuntaba que “hay margen de defensa. Es importante recordar que en un Estado de Derecho los elementos indiciarios que sirven para una imputación no siempre son suficientes para que se abra un juicio. De hecho, a veces se archiva antes del juicio. Y los elementos que sirven para abrir un juicio no siempre son suficientes para que haya una condena”.

Finalmente, José Antonio Martín Pallín —magistrado emérito del Tribunal Supremo— decía al respecto: “A mí me asombra que a estas alturas la gente no se haya leído la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ratifica la decisión de la Comisión Europea que afecta a todas las aerolíneas europeas. Y es que en España no solo se rescató una sola compañía —la palabra rescate parece que no es muy correcta porque es un préstamo—, sino que ahí están Air Europa, Plus Ultra, Air Nostrum y Volotea... Yo ahí no veo actividad delictiva alguna”.

Amparado en la opinión de tan ilustres juristas, pienso que hay razones suficientes para afirmar que no está nada claro que José Luis Rodríguez Zapatero cometiese algo ilegal y menos que fuera “o presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos”. Que hay que concederle, cuando menos, el derecho a la presunción de inocencia y que todos deberíamos esperar tanto a las declaraciones del imputado como a ver qué información saca la UDEF de la documentación retirada de los despachos de aquel y de sus hijas.

Si ahora dejamos el campo de la legalidad y nos pasamos al de la ética y la moral políticas, nos encontramos con que, si aquella (tanto a nivel nacional como internacional) le autoriza a expresidentes la realización de una serie de prácticas privadas, estas, aun siendo legales, con frecuencia dejan muchas dudas sobre su ética y moralidad.

Tenemos así el caso de las puertas giratorias que le permiten a muchos exjefes de gobierno —González, Aznar, Schröder, Blair...— entrar en puestos directivos, fabulosamente pagados, de empresas que reciben grandes favores (a modo de ayudas o medidas legales) por parte de los gobiernos. En España tenemos el caso paradigmático de las eléctricas, que cuentan con numerosos exdirigentes políticos (mayoritariamente del PP y del PSOE) e incluso exmagistrados en sus consejos de dirección. Sus abusos y atropellos a los consumidores son continuos, así como vemos que gozan de los privilegios de rescates, ayudas públicas sin cuento y medidas legales muy favorables, por lo que nos hacen pensar que su enorme poder de influencia política se ve favorecido por esa vía.

Está también el caso de los lobbies desde los que antiguos dirigentes políticos, también a cambio de jugosas remuneraciones, “asesoran y defienden” a empresas privadas ante las administraciones públicas aprovechando sus numerosos contactos y su poder de influencia. Uno no tiene más que ir a Bruselas y a Luxemburgo y pasearse por los pasillos de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para ver al ejército de lobistas que pulula por ellos, así como comprobar su enorme poder de influencia que luego tiene reflejo en las directivas comunitarias. También se da el caso de políticos, retirados y en activo, que a nivel individual utilizan su poder de influencia para obtener de “gobiernos y administraciones amigas” jugosos contratos públicos; algo especialmente hiriente cuando se trata de políticos que se dicen de izquierdas y de gobiernos dudosa o escasamente democráticos.

Estamos así ante prácticas que, siendo legales, dejan muchas dudas sobre su ética y moralidad, tal que nos llevan a pensar que, como señalamos en el titular, “la legalidad y la ética políticas no siempre van de la mano”. Algo de esto puede estarle pasando a José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero no quiero terminar este artículo sin apuntar que, vistas las informaciones que nos van llegando, es muy posible que tanto a aquel como a Pedro Sánchez los “poderes ocultos” les estén pasando factura por sus posiciones políticas que, en defensa del derecho internacional, son críticas con las actuaciones del vigía de Occidente y sus aliados (ataques a Venezuela e Irán, genocidio en Gaza, bloqueo a Cuba...): “Roma no paga a traidores”.