Las consecuencias del 'no' de PP, Junts y Vox al decreto Ómnibus llegan a los graduados sociales de Ourense y A Coruña

La estabilidad del mercado de trabajo en Galicia se enfrenta a un nuevo e inesperado bache. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense ha alzado la voz para advertir sobre las graves consecuencias que supone el reciente "no" del Congreso de los Diputados al Real Decreto Ley Ómnibus, tumbado por los votos en contra de PP, Vox y Junts. Según los profesionales gallegos, este bloqueo legislativo no es solo un problema político, sino un impacto directo en la gestión diaria de las empresas y los derechos de los ciudadanos.

Este escenario de "incertidumbre normativa" y "falta de planificación" deja en el aire medidas que los laboralistas consideran vitales. Entre ellas destaca la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el ejercicio 2026, así como regulaciones clave sobre las pensiones y las cuotas de cotización a la Seguridad Social. Para el colectivo, esta situación supone un retroceso que castiga la seguridad jurídica en el ámbito sociolaboral.

Desde el Consejo General de Graduados Sociales de España, organismo que lidera la protesta a nivel estatal, se califica la caída de la norma como un "nuevo golpe" al sector. Los representantes del colectivo lamentan que la administración pública siga legislando sin tener en cuenta la capacidad de maniobra de quienes aplican las leyes en el terreno práctico.

SITUACIÓN DE BLOQUEO ADMINISTRATIVO

La consecuencia inmediata de este vacío legal es un colapso operativo en los despachos profesionales. Al no contar con criterios claros y definitivos para el cierre del mes, los graduados sociales se ven obligados a realizar cálculos retroactivos, rehacer seguros sociales y ajustar nóminas ya procesadas. Esta "sobrecarga de trabajo extraordinaria" recae sobre unas plantillas ya tensionadas por la digitalización acelerada y, a menudo, desorganizada de las instituciones públicas.

Los profesionales critican que esta falta de previsión política derive en un aumento exponencial de las consultas y reclamaciones de trabajadores y empresas. Esta crisis técnica, aseguran desde las instituciones colegiales, no ha sido "prevista ni compensada", trasladando sistemáticamente el coste de la inacción parlamentaria a la gestión privada de los despachos laboralistas.

ADVERTENCIAS IGNORADAS POR EL GOBIERNO

La indignación del sector nace también de la sensación de que este caos era totalmente evitable. Según informan desde el Colegio de A Coruña y Ourense, ya en 2024 se remitió una queja formal a la Ministra de Trabajo y Economía Social, al Presidente de la CEOE y al Secretario de Estado de Trabajo. En aquel escrito se solicitaba que las actualizaciones del SMI se tramitasen con la antelación suficiente para evitar atropellos organizativos.

A pesar de que el Consejo General insistió nuevamente en estas demandas durante el año 2025, la historia se ha repetido tras el rechazo parlamentario, un episodio que ya tuvo un precedente similar en diciembre con el antiguo Real Decreto-Ley Ómnibus 9/24. Los graduados sociales consideran que se está gobernando "de espaldas a la realidad profesional", ignorando las advertencias técnicas que los operadores jurídicos han puesto sobre la mesa de forma reiterada.

EXIGENCIA DE SEGURIDAD JURÍDICA

Ante la gravedad del colapso, el colectivo profesional exige a las fuerzas políticas que las medidas laborales de carácter esencial se gestionen con la máxima celeridad. Reclaman una normativa que aporte "estabilidad y claridad" para frenar lo que definen como un ciclo de "improvisación" constante que perjudica tanto a la gestión empresarial como a la protección social de los trabajadores.