El BNG insta a Pedro Sánchez a cerrar las bases de Estados Unidos en Rota y Morón tras su 'No a la guerra'

El Bloque Nacionalista Galego reclama al Gobierno central que rompa con la presencia militar estadounidense en territorio español tras lo que califica como “una agresión injustificable” de Estados Unidos e Israel contra Irán. La formación gallega acusa a Washington de actuar al margen del Derecho Internacional y critica la “tibieza” de la respuesta europea.

"DECLARACIÓN DE GUERRA"

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha instado este miércoles al Ejecutivo de Pedro Sánchez a “mantener una posición de firmeza” frente a las amenazas lanzadas por Donald Trump contra el Estado español. “Estamos ante una verdadera declaración de guerra premeditada”, aseguró Rego en un comunicado difundido por el partido. El nacionalista gallego considera que las acciones militares de Washington y Tel Aviv suponen una grave violación del Derecho Internacional.

En los últimos días, la tensión diplomática ha aumentado tras los bombardeos coordinados de Estados Unidos e Israel sobre objetivos iraníes, una ofensiva que, según la Casa Blanca, busca “neutralizar capacidades estratégicas” de Teherán. Sin embargo, tanto la Unión Europea como Naciones Unidas han reclamado contención y diálogo, alertando del riesgo de una escalada en Oriente Medio.

SIN "BASE LEGAL O MORAL"

El BNG sostiene que no existe “ninguna base legal o moral” para la intervención militar, y rechaza el argumento de que Irán pretenda desarrollar armas nucleares. Rego ha recordado que, en Oriente Medio, “solo Israel posee arsenal atómico y continúa negando el acceso de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA)”. Desde el Bloque se acusa a Washington de aplicar un doble rasero y a Bruselas de “acomodarse a los dictados de la OTAN”.

La postura del BNG coincide con la preocupación expresada por colectivos pacifistas, que han convocado concentraciones este fin de semana en A Coruña y Vigo en protesta contra la intervención después de las que tuvieron lugar ayer en las siete ciudades principales. El Bloque pide al Gobierno “ir más allá de las declaraciones formales” y asumir un papel activo en los foros internacionales para detener la ofensiva.

En este contexto, Rego pidió al presidente Sánchez que clausure las bases norteamericanas de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz). A su juicio, “no basta con decir que España no autorizó el uso de las instalaciones” mientras aviones y destructores de esas bases participan en operaciones de combate. El BNG considera que mantener abiertas esas instalaciones equivale a avalar indirectamente la agresión contra Irán.

Desde el Gobierno, fuentes de Moncloa consultadas por EFE aseguran que España no ha autorizado ninguna participación directa ni logística en el ataque, aunque evitan pronunciarse sobre el cierre de las bases, que dependen de acuerdos bilaterales con Estados Unidos. El Ministerio de Defensa tampoco ha hecho comentarios adicionales, más allá de reiterar su apoyo a una “solución diplomática y multilateral”.
 

¿ES POSIBLE CERRAR LAS BASES?

La gran pregunta ahora es, ¿esto puede hacerse? La reciente negativa del Gobierno de España a permitir que Estados Unidos utilice las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para operaciones ofensivas contra Irán ha reabierto el debate sobre la soberanía nacional y la permanencia de las tropas estadounidenses en suelo español. Jurídicamente, la respuesta es clara: España puede cerrar las bases, pero el camino para hacerlo está rígidamente marcado por la ley internacional.

CONVENIO DE 1988

La presencia militar estadounidense en España no es una concesión indefinida, sino que se rige por el Convenio de Cooperación para la Defensa, firmado en 1988 y prorrogado sucesivamente. Este tratado establece que las bases son de titularidad española y que Estados Unidos solo tiene una autorización de uso para fines específicos.

La cláusula de denuncia: Según el Artículo 69 del Convenio, cualquiera de las dos partes puede dar por finalizado el acuerdo. Para ello, España debería comunicar oficialmente su intención de "denunciar" el tratado.

Plazos de salida: Una vez notificada la denuncia, se abre un periodo de consultas. Si no se llega a un nuevo acuerdo, Estados Unidos dispondría de un plazo de un año (ampliable según las circunstancias logísticas) para retirar su personal, armamento y equipo del territorio español.

USO COMPARTIDO

Un punto crítico, recordado recientemente por la ministra de Defensa, Margarita Robles, es que España mantiene la soberanía plena sobre el territorio, el mar y el espacio aéreo. Esto implica que EE. UU. necesita autorización previa para misiones que no estén contempladas explícitamente en el ámbito de la OTAN o en los objetivos bilaterales compartidos.

El Gobierno español puede vetar el uso de las instalaciones para ataques unilaterales, como ha ocurrido en la reciente crisis de Oriente Próximo, lo que de facto supone un "cierre operativo" temporal para misiones no autorizadas.

RIESGOS

Pese a la viabilidad legal, el cierre definitivo se enfrenta a obstáculos de gran calado:

-Impacto Económico: Solo la base de Rota genera miles de empleos directos e indirectos en la Bahía de Cádiz. Un cierre abrupto supondría un golpe severo para las economías locales de Rota y El Puerto de Santa María.

-Seguridad y OTAN: Rota es una pieza clave del escudo antimisiles de la OTAN. Cerrar la base obligaría a España a renegociar su posición dentro de la Alianza Atlántica y podría generar tensiones diplomáticas de primer orden con Washington.

-Tensiones Bilaterales: El actual contexto, marcado por las advertencias de la administración Trump sobre posibles represalias comerciales, convierte la gestión de las bases en un equilibrismo diplomático más que en un simple trámite administrativo.

Así las cosas, el Gobierno posee el "botón rojo" legal para rescindir el convenio y exigir la salida de las tropas estadounidenses. Sin embargo, dada la integración de estas bases en la arquitectura de seguridad occidental y su peso económico, la estrategia de Madrid parece centrarse más en ejercer un control estricto sobre su uso —haciendo valer la soberanía— que en una ruptura total que alteraría el orden geopolítico actual.