La Xunta no ve "irregular" los 172.000 euros pagados con Feijóo al despacho de Montoro

El Parlamento gallego volvió a ser escenario este martes del pulso entre la Xunta y la oposición por los trece contratos menores que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo adjudicó entre 2009 y 2011 a Equipo Económico, la consultora fundada por el exministro Cristóbal Montoro, actualmente investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El importe total de esos encargos ascendió a 172.838 euros.

En la Comisión de Economía de la Cámara, la diputada socialista Patricia Iglesias denunció que la Xunta mantiene una actitud de "opacidad" y "falta de transparencia" en torno a unos contratos adjudicados sin concurso público. Iglesias recordó que el Grupo Parlamentario Socialista accedió el pasado septiembre a los expedientes y detectó informes sin firmar, borradores sin fecha, documentos sin identificación del personal responsable y textos genéricos que se limitaban a reproducir normativa fiscal estatal. Entre esa documentación figuraba un archivo en formato PowerPoint relativo a la fusión de las cajas gallegas.

El secretario xeral técnico de la Consellería de Facenda, David Cabañó, rechazó frontalmente las acusaciones. Sostuvo que todos los contratos "cumplen con los requisitos normativos" tanto desde el punto de vista administrativo como presupuestario, y recordó que ya compareció ante la Cámara por este asunto el pasado septiembre, cuando se puso a disposición de los grupos parlamentarios "en tiempo y forma" toda la documentación.

LA XUNTA DEFIENDE LA VALIDEZ DE LOS INFORMES

Cabañó no eludió la polémica sobre el formato de los trabajos entregados. Defendió que un PowerPoint "puede ser tan válido como cualquier otro soporte" y subrayó que todos los encargos cuentan con memoria justificativa por razones de urgencia o materia. También rechazó la acusación de opacidad al señalar que toda la documentación estuvo disponible en las dependencias de Facenda, aunque precisó que el BNG no hizo uso de ese acceso mientras que el PSdeG sí lo hizo.

El representante de la Xunta fue más lejos y acusó al PSdeG de "demagogia", argumentando que durante el bipartito socialista-nacionalista también se recurrió a consultoras externas para encargar informes. Calificó el debate de "cuestión para montar algarada política" y recordó a la oposición que, si consideran que existen irregularidades, disponen de otros cauces legales y judiciales para actuar.

EL PSOE PIDE LOS EXPEDIENTES ÍNTEGROS

Frente a esa posición, Iglesias insistió en que la documentación solicitada formalmente ese mismo septiembre sigue sin haber sido remitida, lo que a juicio del PSdeG vulnera los principios de transparencia y control democrático. 

La diputada calificó de "escandaloso" que la Xunta haya adjudicado contratos a un despacho investigado penalmente por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, y exigió la entrega íntegra de todos los expedientes. La Xunta no ha fijado ningún plazo para esa entrega.

¿QUÉ ES EQUIPO ECONÓMICO?

Fundado en 2006 por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (originalmente llamado Montoro y Asociados), este despacho puede ser considerado el paradigma de lo que en política se conoce popularmente como "puertas giratorias". Especializado en asesoramiento estratégico, fiscal y regulatorio, tras su salida para integrar el Gobierno de Rajoy, el despacho de Montoro quedó en manos de su núcleo duro, incluyendo a su hermano Ricardo Montoro y a antiguos altos cargos del Ministerio, como Ricardo Martínez Rico.

La relación entre el Gobierno gallego y la consultora no fue un hecho aislado, sino una serie de adjudicaciones que se concentraron especialmente en la primera y segunda legislatura de Alberto Núñez Feijóo, con los acuerdos sometidos ahoa al escrutinio de la oposición. 

La Xunta justificaba entonces estas contrataciones por la necesidad de informes externos expertos para rediseñar la estrategia industrial de Galicia, captar fondos europeos o analizar el impacto de normativas estatales en las arcas autonómicas. El IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) fue uno de los brazos ejecutores más frecuentes para estos contratos.

De esta manera, se adjudicaron diversos contratos, algunos mediante procedimientos que la oposición tildó de "opacos" o "a dedo" (contratos menores o negociados sin publicidad), para analizar sectores como el naval o el energético. Se estima que el volumen de contratos superó los varios cientos de miles de euros a lo largo de los años. Solo en 2011, por ejemplo, trascendieron informes sobre la situación financiera de la comunidad por importes que rondaban los 50.000 o 60.000 euros por documento.