Convocantes del acto contra la Ley del solo sí es sí en Lugo, Mujeres en Igualdad, fueron candidatas del PP

El colectivo "Mujeres en Igualdad" organiza este mediodía una protesta contra la llamada Ley del Sólo Sí es Sí frente a la subdelegación del Gobierno. 

El motivo de la manifestación es la escarcelación del  'violador de Augas Férreas', que se ha beneficiado del cambio en la horquilla de penas gracias a la citada norma. 

Una de sus víctimas, una lucense que tenía 18 años cuando fue asaltada, dice estar aterrada tras salir el delincuente en Picassent.

Los beneficiados por la norma promovida por Irene Montero son más de 500 en España, según las activistas, y más de 60 en Galicia según el TSXG.

La concentración contra la Ley del solo sí es sí este mediodía en Lugo convocada por la Asociación Mujeres en Igualdad Provincia de Lugo - Bumei no es la primera protesta de este tipo en Galicia. Hasta la fecha casi todas fueron convocadas directamente por el Partido Popular, bajo el eslogan #Noesunchiste. Esas movilizaciones feministas tuvieron, por lo tanto, un tinte político, con candidatos del PP ocupando las primeras filas y pidiendo dimisiones en el Gobierno.

La novedad de la concentración en Lugo es que está convocada por una plataforma ciudadana, la Asociación Mujeres en Igualdad. Con todo, se trata de un colectivo con claras conexiones con el Partido Popular (PP) y de hecho este partido anima a participar.

Así, una de sus activistas lucenses más destacadas,  María del Mar Fraga Fernández, fue candidata del PP al senado. La feminista se presenta en redes como presidenta de la Asociación Mujeres En Igualdad Burela (Bumei) -que en 2021 fue rebautizada como Mujeres en Igualdad de la Provincia de Lugo-  y en algunos eventos se la ha atribuido a la presidencia del colectivo a nivel gallego.

La vinculación entre los convocantes y el PP es mucho más directa a nivel estatal. La presidencia española la ostenta Susana Camarero Benítez, que ha sido diputada por los conservadores en Valencia y en el Congreso.

 Además, Susana Camarero dirigió las políticas relacionadas con la mujer durante parte de la era Rajoy, pues fue secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad desde marzo de 2014 hasta noviembre de 2016. En su propia web, el colectivo incluye una noticia de 2011 titulada "el PP tratará de poner en marcha la asociación de Mujeres en Igualdad".

PIDEN CESES O DIMISIONES

Vinculaciones ideológicas al margen, ¿cuáles son los motivos de la protesta? Al hilo de la citada escarcelación, este grupo feminista denuncia que la actual ley "desprotege a las víctimas y a todas las mujeres", en palabras de Fraga. 

El colectivo ha publicado un manifiesto donde exige el cese de Irene Montero como ministra y de Ángela Rodríguez Pam como secretaria de Estado. Critican a "un gobierno que se ha llamado feminista pero al que no le duele que cientos de mujeres sufran una victimización al ver cómo cada día sus agresores salen de las cárceles, como el violador del portal de Lugo".  

Según sus cifras, ya hay "más de 500 agresores beneficiados". En Galicia, según cifras oficiales de la administración de Justicia, a principios de febrero 66 delincuentes habían pedido rebajas de penas y, la mitad, 33 lo habían conseguido.

NEGOCIACIONES EN MADRID

La reforma legal que impulsa el PSOE no impedirá que delincuentes sigan beneficiándose de los cambios introducidos por la norma impulsada por Irene Montero (Unidas Podemos). Los condenados siempre tendrán derecho a pedir que se les aplique el texto más beneficioso de todos los que estuvieron en vigor durante su pena. Eso sí, de aprobarse la nueva reforma, como parece probable, se evitará que los futuros condenados puedan sacar rédito.

Los socios del Gobierno de España siguen enredados en discusiones internas sobre cómo reformar el texto. Los socialistas juegan con la ventaja de que el PP ya ha anunciado que apoyará el cambio legal.

Esto ha provocado una crisis entre PSOE y Podemos que, además, está obligando a tomar partido a sus apoyos parlamentarios. Uno de ellos, el Bloque, indicó ayer que apuestan por modificar la norma pero no comparten la propuesta de cambio remitida por el PSOE a las Cortes.