La propia Xunta reconoce que el sistema está saturado antes de que lleguen los extranjeros, recuerdan los psicólogos

El Colexio de Psicoloxía de Galicia (COPG) carga contra la Xunta por el "grave deterioro" y la "saturación" del sistema de protección de menores, lo que provoca la "incapacidad" para acoger a los 317 que fueron propuestos por el Gobierno central.

A través de un comunicado, los psicólogos expresan su "profunda preocupación" por la situación que atraviesa el sistema, "una realidad ampliamente denunciada por profesionales, organizaciones sociales y medios de comunicación, que supone una vulneración sistemática de los derechos de la infancia y de la adolescencia".

Así, constatan que el sistema está "colapsado", tal y como alegaba en días pasados la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García. Sin embargo, el colegio profesional lo achaca a que está "infradotado y sin planificación idónea", lo que tampoco garantiza "una atención adecuada" de aquellos niños que ya están siendo atendidos.

Además, los psicólogos hablan de un aumento de situaciones de riesgo y desamparo ante el cual los recursos "no se han adaptado". Esto deriva, continúan, en listas de espera para evaluar casos, "retrasos injustificables en las intervenciones" y una "atención insuficiente y desigual, dependiendo del territorio".

También se hacen eco de las quejas de entidades que gestionan los recursos residenciales, que "alertan de la escasez de plazas disponibles y del ingreso de menores con problemáticas cada vez más complejas" para las cuales no tienen personal especializado.

"Este panorama es consecuencia directa de una escasa voluntad política e institucional por parte de la Administración gallega para priorizar la atención a la infancia", insiste el COPG, que denuncia falta de una "estrategia integral" y "coordinación" entre servicios, sí como condiciones laborales de "precariedad" para los equipos técnicos.

Por todo ello, el Colexio de Psicoloxía de Galicia exige "una revisión profunda y urgente" del modelo de sistema de protección que se base "en un enfoque preventivo, comunitario y centrado en las personas menores". Y esto debe pasar, añade, por un refuerzo de los equipos de profesionales y por "condiciones laborales dignas, tiempo y medios para una intervención de calidad".

"Las niñas y niños bajo protección no son cifras ni expedientes. Son personas cuyo desarrollo emocional, físico y social está en juego. No podemos seguir mirando para otro lado mientras un sistema colapsado deja sin respuesta a quién más lo precisa", concluye el comunicado.