Uzal, candidato de Falange, alto cargo de Feijóo y Rueda y ahora blanqueador condenado a 19 años

El recorrido profesional de Uzal comienza en la esfera política gallega, donde no solo ocupó cargos de relevancia en el organigrama autonómico, sino que previamente fue candidato de la ultraderechista Falange Española Independiente en las elecciones europeas de 1994, lo que da cuenta de su vinculación ideológica al neofascismo español.  De hecho, fue líder de alange Española Independiente  en Galicia durante varios años antes de pasar al PPdeG, donde fue concejal por Rianxo.

Su llegada a este cargo se produjo de la mano de Alfonso Rueda, quien por entonces ocupaba un puesto clave en el primer gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Antes de este salto al gobierno autonómico, Uzal ya había estado activo en la política local, ejerciendo como asesor jurídico en la administración municipal de Cambados, bajo mandato del PP, durante alrededor de un lustro. Cambados es el municipio donde Alfonso Rueda tiene su plaza de secretario municipal y donde ejerció profesionalmente durante años antes de saltar a primera línea de la política. Uzal Tresandí también fue director de la Federación Galega de Municipios e Provincias.

En la Xunta estuvo cuatro años como director xeral de Administración Local en la primera legislatura de Nuñez Feijóo. Dimitió en 2013 tras un fallo que amparaba a una funcionaria de Palas de Rei en su disputa con el ayuntamiento local, del PP.  El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) denunció entonces que el expediente a la funcioara estuvo plagado de irregularidades.

Tras su etapa en la Xunta, se incorporó a Hafesa Energía, primero como administrador único y director general, desde donde participó directamente tanto en la gestión empresarial como en la trama fiscal posteriormente desmantelada.

Según figura en las bases datos que se alimentan del Registro Mercantil, Uzal Tresandí ​tuvo cargos en las siguientes empresas Grupo Hafesa Suministros Energeticos SL, Leon Intermediacion y Relaciones Publicas SL, Hafesa Logistica SL, DBA Motril Port SA, Tablas Diez SL, Uzal Inversiones SL, DBA Terminales y Logistica SL, Global Meridian Consulting SL, Vifesa Capital Trust SL, El Secreto Participaciones SL, Gasolineras Amistad SL, Hamlyn Participaciones SL, Petroleos Asturianos SL, Hafesa Energia SL, DBA Bilbao Port SL, Locos Por La Musica Eventos SL, Hafesa Risks SL, Virena Participaciones SL, DBA La Mancha SL y Elcano Energia SL. De ellas figura como activo en Hafesa Risk, Virena Participaciones, Locos por la Múscia Eventos y Uzal Inversiones.

El fallo judicial sostiene que Alejandro Hamlyn, empresario afincado en Dubái, lideró un esquema criminal de defraudación fiscal que afectó al IVA de hidrocarburos por un valor superior a 154 millones de euros entre 2016 y 2019. Uzal es considerado la mano derecha de Hamlyn, con responsabilidad directa en la implementación y coordinación de la estructura societaria que permitió eludir el pago de impuestos y facilitó el blanqueo de capitales. 

La red de empresas formada actuaba a modo de “cascarones vacíos” cuyo único propósito era operar como intermediarias entre Hafesa y consumidores finales, beneficiándose del margen generado por el impago del impuesto.

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La investigación judicial detalla que buena parte de las sociedades instrumentales utilizadas poseían domicilio social y operaciones declaradas en territorio gallego,  Las ramificaciones incluyen transferencias a cuentas en el extranjero, inversiones en criptomonedas y adquisición de bienes a través de sociedades pantalla, en una operativa que buscaba desviar y blanquear fondos a gran escala.

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La trama implica además a una decena de empresas, con Hafesa Energía como eje central, que ofrecían precios inusualmente bajos en el mercado de carburantes gallego y español, absorbiendo cuota de mercado a costa del dinero ilegalmente sustraído al fisco. El tribunal considera “acreditado” que estas ventajas comerciales solo eran posibles por el fraude continuado del IVA.

Tras la publicación de la sentencia, Hafesa Energía ha manifestado su desacuerdo y ha anunciado la intención de recurrir el fallo ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. El grupo empresarial, ahora bajo control diverso tras la huida de Hamlyn, sostiene que su vínculo con el resto de operadoras se limitó a una estricta y legítima colaboración comercial, negando cualquier connivencia para alterar el mercado o defraudar a las autoridades fiscales.

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Por su parte, el entorno de Uzal no se ha pronunciado públicamente tras la sentencia, manteniendo un perfil bajo desde el inicio de la causa judicial. El Partido Popular gallego ha evitado referirse en profundidad a la implicación de su ex alto cargo, mientras que desde el PSOE se ha criticado abiertamente la desconexión entre el desarrollo de la comisión parlamentaria de investigación y la inclusión de todos los nombres relevantes, exigiendo que se cite de inmediato a Uzal para esclarecer su papel en la administración y en la trama. 

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Un juicio marcado por la ausencia del principal acusado y la complejidad financiera

La vista oral, celebrada en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid, se ha visto condicionada por la ausencia de Hamlyn, en paradero desconocido y con residencia confirmada en Dubái, lo que ha supuesto que el procedimiento se centre en los acusados presentes, entre ellos Uzal y otros catorce procesados, a quienes se han impuesto penas de prisión y multas que, en conjunto, superan los cien millones de euros.

Los magistrados han reconocido dilaciones indebidas en el largo proceso, pero han valorado que parte de los investigados establecieron medidas para prevenir futuros delitos antes del inicio del juicio oral. No obstante, la condena incluye la inhabilitación para la obtención de subvenciones y la pérdida del derecho a incentivos fiscales o de Seguridad Social durante varios años, además de la obligación de indemnizar, de manera conjunta y solidaria, a la Hacienda Pública por todas las cantidades defraudadas.

Este caso resalta la vulnerabilidad de la legislación española frente a sofisticadas estructuras de fraude empresarial, con figuras que transitan entre el sector público y el privado y que acaban implicadas en macrodelitos fiscales.