El CGPJ deniega la suspensión cautelar del magistrado del TSXG Luis Villares, trasladado de manera forzosa

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha denegado la medida cautelar solicitada para detener el traslado forzoso del magistrado Luís Villares de la sección tercera a la cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), según adelantó El País. La misma decisión afecta a otros tres magistrados implicados en la reorganización de esta sala. El órgano considera que no existe un perjuicio real mientras espera a pronunciarse sobre el fondo de los recursos presentados.

Los cuatro magistrados afectados son Luís Villares y María Dolores López López, que pasan de la sección tercera a la cuarta, y Rosa Agrasso y Alexis Fernández, que realizan el recorrido inverso. El movimiento fue impulsado por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, María Azucena Recio González, mediante un acuerdo adoptado sin dar audiencia previa a ninguno de los magistrados implicados, lo que ha generado una fuerte contestación en el ámbito judicial.

Fue precisamente esa falta de audiencia uno de los argumentos centrales esgrimidos por Juezas y Jueces para la Democracia en el recurso de alzada que presentó ante el Pleno del CGPJ. La asociación, a la que pertenece Villares, también interpuso el magistrado un recurso propio por la misma vía.

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN EL FOCO

La organización judicial progresista sostiene que los traslados presentan graves irregularidades procedimentales que cuestionan la inamovilidad de los jueces afectados y, con ello, la propia independencia judicial. En su criterio, la decisión carece de motivación suficiente, incumple los trámites legalmente exigidos y no aporta criterios objetivos ni claros para justificar una medida de tanta envergadura, tal como exigen tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en jurisprudencia reciente.

La presidenta de la Sala, por su parte, justificó la reorganización en la necesidad de preservar la imagen de imparcialidad de la institución, apoyándose en varias sentencias del Tribunal Supremo que, a comienzos de año, anuló tres resoluciones de la sala por considerar que Villares no había garantizado suficientemente su imparcialidad en relación con su anterior actividad política como líder de En Marea.

UN CONFLICTO CON FONDO EÓLICO

La sección tercera del TSXG es la responsable de revisar las autorizaciones administrativas de los parques eólicos en Galicia y ha acordado la paralización cautelar de decenas de proyectos en los últimos años. Esa circunstancia ha convertido a sus integrantes en diana de críticas reiteradas por parte de la Xunta y de representantes del sector empresarial, que llegaron a calificar algunas de sus resoluciones de erróneas. La propia Xunta llegó a modificar su estructura administrativa para intentar evitar que los expedientes eólicos recayeran en esta sección.

Jueces para la Democracia ha advertido de que este tipo de traslados pueden tener un efecto disuasorio sobre el conjunto de la magistratura gallega, intimidando a los jueces ante la posibilidad de sufrir represalias por el ejercicio de sus funciones constitucionales. Ni la presidenta del TSXG ni la Xunta se han pronunciado públicamente sobre el fondo de los recursos interpuestos.