Juez ratifica que Jácome será juzgado por prevaricación porque es "evidente" que debía haber pedido compatibilidad
Si hay una condena, esta llegará casi seguro antes de las elecciones locales, lo que obligaría al líder de Democracia Ourensana a dimitir y no podría presentarse, aunque el fallo no fuese firme. El auto conocido hoy apunta a que el proceso sigue avanzando a los ritmos previstos
El magistrado titular de la Sección de Instrucción Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ourense ha ratificado mediante un nuevo auto la imputación del alcalde Gonzalo Pérez Jácome por un delito continuado de prevaricación, rechazando la vía que intentaba ampliar los cargos a malversación y falsedad documental. El proceso avanza hacia juicio en la Audiencia Provincial con el reloj político corriendo: si hay condena antes de mayo de 2027, Jácome podría tener que abandonar la alcaldía sin esperar sentencia firme.
La resolución, sin margen para interpretaciones
El auto, conocido este miércoles, reproduce y reafirma los argumentos de la resolución recurrida y ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El núcleo de la imputación no ha variado: el juez mantiene que existe obligación legal clara de que el regidor ourensano solicitase ante el pleno la compatibilidad entre su cargo de alcalde en régimen de dedicación exclusiva y su condición de propietario y único responsable de Auria TV, la televisión local que explota bajo su nombre. El magistrado subraya que dicha obligación resulta "evidente" y que no admite "interpretaciones".
"Gonzalo Pérez Jácome tenía que haber planteado ante el pleno del Ayuntamiento de Ourense la cuestión debatida para que el pleno valorase si se le reconoce o no la compatibilidad entre su cargo desempeñado en forma de dedicación exclusiva y la explotación de una televisión pública y local", señalaba el instructor en su resolución.
El auto desestima el recurso de reforma presentado por la acusación particular, representada por el exconcejal de Democracia Ourensana Telmo Ucha, que pedía ampliar la investigación a un delito de malversación de caudales públicos en concurso con la prevaricación, e incluso a un delito de falsedad en documento público. El magistrado rechaza que los argumentos aportados por la acusación sirvan para desmontar lo ya acordado el 14 de abril, fecha en la que se fijó el procedimiento abreviado y se determinó que existían indicios racionales de criminalidad.
Con este nuevo auto, el peso del asunto se traslada a la Audiencia Provincial de Ourense, que será quien resuelva en última instancia los recursos de apelación presentados tanto por Ucha —para ampliar los delitos— como por la defensa del alcalde, que aspira al archivo total de la causa.
El salario en el centro del debate
La instrucción ha puesto el foco durante más de un año en la situación económica del regidor. Según consta en los autos, Jácome ha desempeñado el cargo desde el 15 de junio de 2019 en régimen de dedicación exclusiva, percibiendo retribuciones que suman 432.878,56 euros hasta noviembre de 2025. Pese a ello, en ningún momento presentó la preceptiva solicitud de compatibilidad ante el pleno municipal, a pesar de que la Fiscalía acredita que sus declaraciones de IVA reflejan actividad empresarial continuada, con ingresos privados brutos de unos 162.000 euros anuales —el doble de lo que cobraba como alcalde— procedentes de dos actividades económicas.
La Fiscalía de Ourense ha dejado claro que acusará a Jácome por prevaricación administrativa, pero no respalda la ampliación a los delitos de malversación ni de falsedad que reclama la acusación particular. Para el ministerio público, el hecho de que el alcalde haya cobrado su sueldo mientras desarrollaba actividades privadas plenamente incompatibles es suficiente para sostener la acusación.
Añade que Jácome era plenamente consciente de su obligación legal de solicitar la compatibilidad —de hecho, llegó a iniciar ese trámite y lo retiró—, lo que descarta cualquier argumento de buena fe.
La defensa del regidor, ejercida por el letrado Luis Manuel Salgado Carbajales, mantiene que ser propietario de Auria TV no constituye una actividad incompatible con la alcaldía, sino una "mera administración patrimonial" sin implicación operativa real. Argumenta también que las retribuciones fueron fiscalizadas por el interventor y autorizadas por el tesorero, y que no existe resolución administrativa firme que haya declarado la incompatibilidad. El juez, sin embargo, descartó el informe técnico aportado por el investigado, calificándolo de documento "carente del más mínimo rigor" por estar elaborado únicamente a partir de lo que Jácome contó "de palabra" a su autor.
Consecuencias políticas de una posible condena
Jácome respondió al conocerse el auto con rotundidad: "Y la imputación de prevaricación quedará también en nada, porque nada es". Es la postura que ha mantenido desde el inicio, insistiendo en que la denuncia del exconcejal Ucha, quien pasó de ser su más estrecho colaborador a convertirse en su principal acusador, carece de base. Jácome también ha calificado como "desbarre" la petición de la acusación particular que solicita para él pena de cárcel, una indemnización de casi medio millón de euros y un largo periodo de inhabilitación.
Fuentes jurídicas y próximas a la acusación consultadas por esta redacción sitúan el juicio oral para finales de 2026 o principios de 2027, con sentencia pocas semanas después. El calendario tiene una lectura política inequívoca: las próximas elecciones municipales están previstas para mayo de 2027. Si hay condena por prevaricación, el Tribunal Supremo fijó jurisprudencia en 2022 estableciendo que la inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo —es decir, para ser elegido cargo público— es efectiva desde el momento en que se notifica la sentencia, sin necesidad de que sea firme. Un eventual recurso no congelaría la pena.
Y las consecuencias no se limitarían a no poder presentarse a la reelección. El Supremo estableció que "las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad". En la práctica, esto significa que una condena obligaría a Jácome a dejar la alcaldía antes de que hubiera sentencia firme, un escenario que ya se produjo en Galicia con el alcalde de Cerceda, también condenado por prevaricación administrativa sin sentencia firme. Democracia Ourensana, un partido fuertemente personalista en torno a su fundador, afronta así un horizonte de incertidumbre: ninguno de sus concejales cuenta con un perfil de conocimiento público comparable al del regidor. Sin Jácome en la papeleta, sus opciones decrecen mucho.
El juez confirma la imputación a Jácome únicamente por prevaricación tras rechazar el recurso de la acusación particular
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