El Gobierno aprueba su plan integral contra la corrupción y refuerza el control sobre partidos y empresas

El Consejo de Ministros aprobó este martes en primera vuelta la Ley Orgánica de Integridad Pública, una ambiciosa reforma que reúne 84 medidas para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en España. El proyecto refuerza las penas contra las empresas implicadas en irregularidades, amplía los plazos de investigación de los delitos y somete a un control más estricto los fondos que reciben los partidos políticos. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el documento, que modifica hasta 18 textos legislativos.

Más transparencia en la financiación política

Una de las principales novedades es la reducción de 25.000 a 2.500 euros del límite a partir del cual los partidos estarán obligados a publicar las donaciones que reciban. La medida busca facilitar la trazabilidad del dinero que financia la actividad política y reducir el riesgo de donaciones opacas. Las formaciones también deberán auditar sus cuentas mediante revisiones externas e independientes, bajo sanción grave si no lo hacen. Las multas por no informar sobre estas aportaciones ascenderán al doble del importe no declarado.

El texto también endurece las consecuencias legales para las empresas vinculadas con la corrupción. El registro de compañías inhabilitadas para contratar con la Administración será público, al tiempo que la duración máxima de dicha inhabilitación se incrementa de 15 a 20 años. Durante este periodo, las empresas sancionadas no podrán recibir ayudas públicas ni beneficios fiscales.

Una Agencia Independiente Anticorrupción

Entre las medidas más destacadas figura la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que integrará organismos ahora dispersos como la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Este nuevo organismo coordinará además la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude y la corrupción. El Gobierno aspira a que la agencia esté en funcionamiento antes de 2027.

Montero aseguró que el Ejecutivo cuenta con un amplio respaldo político para sacar adelante la agencia y confía en aprobar el texto de forma definitiva “antes de Semana Santa”, de modo que su tramitación parlamentaria pueda iniciarse este mismo año. “Existe una voluntad común de reforzar la integridad y la confianza institucional”, subrayó la ministra durante su intervención.

Recuperar activos y prevenir nuevos casos

El anteproyecto también fortalece el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que podrá embargar bienes desde el inicio de la investigación. Además, introduce el llamado “decomiso sin condena”, una herramienta avalada por las directrices europeas que permite recuperar bienes de origen ilícito incluso antes de que haya sentencia firme, siempre con garantías judiciales.

El Ejecutivo eleva asimismo el plazo de prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años, un cambio que facilitará la investigación de causas complejas. “Es fundamental evitar que los casos se archiven por falta de tiempo”, destacó Montero, quien defendió que la nueva ley “cubrirá todo el ciclo de la corrupción, desde la prevención hasta la recuperación de bienes”.

Para reforzar la detección temprana de irregularidades, el plan incluye el uso compartido de información entre organismos y el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial para cruzar datos y detectar conflictos de interés en la contratación pública y en el sistema de subvenciones. El Gobierno confía en que la digitalización y la colaboración interinstitucional sean clave para anticiparse a futuras tramas de corrupción.