El PSdeG reclama a la Xunta datos sobre su apoyo a familias en riesgo de desahucio en 2025

El gobierno gallego responde ofreciendo datos sobre cómo funciona el sistema de atención a estas familias


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Archivo - La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, en el pleno del Parlamento.
Archivo - La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, en el pleno del Parlamento.

 

 

Un total de 779 unidades familiares fueron atendidas en 2025 por el programa gallego de apoyo a personas en riesgo de desahucio, de ellas 691 por impago de alquiler y 88 por deudas hipotecarias. Así lo señala la Xunta en respuesta a una pregunta del PSdeG en el Parlamento que recoge Europa Press. Este programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y se desarrolla en las siete grandes ciudades gallegas. En él prestan servicio 18 profesionales (trabajadores sociales, técnicos jurídicos, técnicos financieros y auxiliares administrativos", según la contestación de la Xunta.

Los socialistas interrogaron al Gobierno gallego en otra iniciativa por escrito también sobre la coordinación entre los servicios sociales autonómicos y los servicios sociales municipales en los casos de desahucio. "Existen varias vías de coordinación" entre el programa gallego de apoyo a personas en riesgo de desahucio y los ayuntamientos, según señala la Xunta.

Al respecto, apunta al caso en el que el usuario llega "directamente" al programa. Entonces, "la oficina correspondiente contacta de forma inmediata con los servicios sociales municipales del lugar de residencia de la unidad familiar afectada para planificar actuaciones y solicitarles un informe social en el que se dé cuenta de la situación real en que se encuentra".

En otro supuesto, "cuando son los servicios sociales comunitarios los que directamente derivan el caso, se comprueba si cumple los requisitos para formar parte del programa, coordinando entre el ayuntamiento y los técnicos del programa las actuaciones a desarrollar, con el fin de procurar recursos, emitir informes y hacer seguimiento del expediente".

Si el expediente llega a través de una comunicación del juzgado, los servicios sociales comunitarios son informados y se procede "de la misma forma" que en el segundo caso. Los técnicos del programa hacen seguimiento, asesoran a la familia y trasladan al juzgado la situación, de ser el caso, para que pueda valorar la suspensión del lanzamiento.

"Procuramos una alternativa habitacional en los casos de lanzamiento, asesoramos a la persona en la tarea de presentación de solicitudes y otros escritos, apoyamos a la persona demandada en su petición de abogado por el turno de oficio para asegurar su derecho a la defensa si fuese procedente, derivamos de ser el caso a los servicios especializados dependiendo de la problemática que presente el caso. Todo esto en coordinación y colaboración con los servicios sociales de los ayuntamientos", destaca la Xunta.

En otra respuesta, la Xunta expone que el programa, "fruto de su larga trayectoria", dispone de "toda una serie de mecanismos de actuación" para coordinar su labor con la de los ayuntamientos ante un aviso de lanzamiento.

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