El Congreso se divide por el 'escudo social': sí a las pensiones y frenazo a la protección ante desahucios

El Gobierno de España ha aprobado este miércoles el paquete conocido como ‘escudo social’, dividiendo las medidas en dos decretos separados tras las críticas parlamentarias que tumbaban el ómnibus anterior en la Cámara Baja. La revalorización de las pensiones queda incluida en un decreto independiente, mientras que las medidas sociales vinculadas a vivienda y energía se concentran en el segundo, lo que debería facilitar su aprobación.

La subida de las pensiones se da por hecha

El decreto específico de pensiones se presentará por separado, tal y como pidieron aquellos que se siguen opoinendo a la aprobación de las medidas del escudo social. Y es que las pensiones han sido una medida de consenso general dentro del Congreso, poniendo de acuerdo a PP y Junts con la propuesta del Gobierno, la cual pone sobre la mesa lo siguiente:

• Revalorización de las pensiones contributivas del 2,7%, para compensar la inflación de 2025 y garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
• Incremento del 11,35% de las pensiones no contributivas, que benefician a quienes carecen de aportaciones previas al sistema y, por ende, tienen una prestación sustancialmente menor.

Esta separación de los decretos ha permitido que PP y Junts se comprometan a apoyar la revalorización siempre que se presente en un decreto “limpio”, sin incluir la moratoria de desahucios ni otras medidas sociales. Es decir, que mientras no sea un nuevo omnibus, no habrá problema alguno a la hora de dar luz verde a la revalorización de las pensiones.

Escudo social: el corazón de las medidas sociales

El decreto del escudo social centra su atención en la protección de las personas más vulnerables y contiene varias medidas clave que han generado tanto ruido como desaprobación por parte de varios de los partidos del espectro más conservador del arco parlamentario. Estas medidas son las siguientes:

• Moratoria de desahucios: se suspende el desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional si no pueden pagar el alquiler. La compensación se mantiene para el casero si es un gran tenedor o un fondo buitre, pero no aplica a propietarios con una o dos viviendas, cuya protección pasa a los servicios sociales, que deberán buscar alternativas de emergencia para encontrar una solución adecuada a cada caso.
• Bono social energético: se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2026, garantizando descuentos en la factura de la luz.
• Garantía de suministro de agua y energía a consumidores.
• Ayudas directas a afectados por la DANA, exención de IRPF e impuesto de sociedades por subvenciones de la Generalitat, así como indemnizaciones por daños personales en incendios forestales.
• Incentivos fiscales: deducciones para obras de eficiencia energética en viviendas, vehículos eléctricos, infraestructura de recarga y proyectos con energías renovables.
• Régimen financiero y regulatorio: entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales, endeudamiento autonómico y prórroga de la prohibición de despidos para empresas beneficiarias de ayudas públicas.

Posturas contrarias de Junts y PP

En lo que respecta a Junts, a pesar de haber dado luz verde a la investidura en su momento, la realidad es que su apoyo al Gobierno nuca ha estado garantizado. En este sentido, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado que su formación votará en contra del decreto del escudo social. Tras analizar “la letra pequeña”, considera que la moratoria de desahucios no soluciona el problema y es injusta, ya que el coste recae sobre pequeños propietarios y vecinos. Nogueras también criticó que el Gobierno intentara incluir pensiones y medidas de vivienda en un mismo decreto, un planteamiento que finalmente rectificó.

Por su parte, el PP, sin sorpresa alguna, también ha hecho patente su rechazo al escudo social presentado por el Ejecutivo. De este modo, el secretario general, Miguel Tellado, ha asegurado que su partido no aceptará el llamado decreto del escudo social, al considerar que obliga a ciudadanos particulares a asumir responsabilidades que corresponden a las administraciones. No obstante, ha subrayado que ningún hogar debería quedarse en situación de desamparo y que la protección de las familias debe ser gestionada por los servicios públicos, no mediante una ley que lleve a los propietarios a asumir que sus inquilinos no le pagan.

Hacia la aprobación en el Congreso

Con la separación de pensiones y medidas sociales en dos decretos independientes, el Gobierno busca evitar los bloqueos parlamentarios y asegurar que al menos la revalorización de las pensiones salga adelante sin contratiempos, mientras las medidas del escudo social seguirán generando debate entre los partidos de derecha e independentistas sobre su alcance y los posibles costes que puede tener sobre los propietarios, los cuales, según PP y Junts, deben estar protegidos y no ser responsables de asumir el cuidado de las familias que se encuentren en situacione delicadas a nivel financiero.