Rueda promete aprobar el decreto que reducirá los plazos de tramitación de la dependencia "en pocas semanas"

El presidente de la Xunta de Galicia afirma que se apruebe el texto "en pocas semanas", con lo que se reduciran a la mitad los plazos. 

La medida busca pasar de una docena de documentos a solo dos a fin de "simplificar toda esa maraña de impresos y papeleo que hay a veces".

El Gobierno gallego ha autorizado este jueves en su reunión semanal la remisión al Consello Consultivo de Galicia (CCG) del futuro decreto de dependencia que tiene el objetivo de reducir a la mitad los plazos de tramitación. Una vez sume el dictamen de este órgano, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que prevé que sea aprobado "en pocas semanas".

Aunque no se puede dar una estimación cerrada, ya que varía según la situación en la que se encuentre el posible beneficiario de la prestación de dependencia --los de emergencia social, por ejemplo, se agilizan con una tramitación que dura pocos días--, la media del proceso se puede extender hasta unos seis meses y el objetivo es reducirlo a la mitad.

Precisamente, para "simplificar toda esa maraña de impresos y papeleo que hay a veces", Rueda ha recordado que una de las principales novedades de esta nueva norma reside en reducir la cantidad de documentos que deben presentar los interesados en obtener el reconocimiento de dependencia, que pasarán de 12 a dos: el informe médico y el informe social.

El texto, por otro lado, busca también simplificar y hacer en paralelo los dos procedimientos que se necesitan ahora para obtener un recurso de dependencia: el de solicitud de reconocimiento de grado y el Programa Individual de Atención (PIA). Cuando este decreto vea la luz verde definitiva, la asignación de recurso --que puede ser, por ejemplo, una plaza pública en una residencia-- será, en consecuencia, más ágil.

También se redefinirá el concepto de PIA para hacerlo más completo y duradero, en función de la evolución de la situación que puedan tener las personas beneficiarias de la prestación. Este cambio de perspectiva evitará, ante un empeoramiento de las condiciones de la persona dependiente, tener que "volver a iniciar de un procedimiento desde el principio".

Además, se sumarán alternativas al servicio preferido en el caso de que la primera opción del solicitante no sea factible --por ejemplo, en el caso de una plaza pública de residencia, puede que no haya disponibles--, lo que incluye el pago de una prestación económica.